El presidente de la República, José Jerí, anunció un plazo definitivo para la entrada en vigor de las nuevas medidas de seguridad destinadas a frenar el avance del crimen organizado en el sector transporte, uno de los más golpeados por la extorsión y el sicariato en los últimos meses. Según informó, la Ley 32490, que establece disposiciones extraordinarias contra estos delitos, será aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en los próximos días para su inmediata aplicación.

“La Ley 32490, que como máximo el día sábado está lista, aprobada por el Consejo de Ministros, y publicada el domingo para que entre en vigencia el lunes”, señaló el mandatario, subrayando la urgencia de la norma frente al aumento de atentados contra empresas y conductores del transporte urbano e interprovincial.

La ley tiene como eje central la protección de un servicio considerado estratégico para la economía nacional. Entre sus principales innovaciones destaca la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), un equipo de élite conformado por policías, fiscales y jueces que operará bajo un régimen especial de seguridad. Este grupo será sometido a pruebas de polígrafo cada seis meses, con el objetivo de garantizar su integridad y evitar filtraciones que pongan en riesgo las investigaciones.

Además, la norma incorpora un Fondo estatal de riesgo destinado a brindar respaldo económico a las empresas y unidades de transporte que sean víctimas de atentados. Esta medida busca reducir el impacto financiero que generan los ataques y evitar que los operadores se vean obligados a cerrar rutas o abandonar sus actividades por temor a represalias.

¿De qué trata la ley 32490?

Otro de los pilares de la Ley 32490 es la implementación de inteligencia financiera para rastrear los pagos extorsivos, conocidos como “cupos”, que actualmente se realizan con mayor frecuencia a través de billeteras digitales y cuentas bancarias. Con este mecanismo, el Estado apunta a seguir la ruta del dinero y desarticular las redes criminales desde su base económica, debilitando su capacidad de operación.

A ello se suma la aplicación de la figura de la extinción de dominio exprés, que permitirá incautar de manera más rápida los bienes y cuentas utilizadas para recibir dinero de las extorsiones. Esta herramienta busca acelerar los procesos judiciales y evitar que los recursos ilícitos continúen financiando actividades criminales mientras se desarrollan largas investigaciones.

Como parte de la estrategia integral contra el sicariato, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, explicó los alcances del decreto supremo que acompañará la ley y que prohibirá la circulación de motocicletas con dos ocupantes, una modalidad recurrentemente utilizada por delincuentes para cometer atentados y huir con rapidez.

Prieto fue enfático al detallar la severidad de las sanciones. En una primera infracción, el conductor incurrirá en una falta “muy grave”, con la pérdida de 50 puntos en su récord y la posibilidad de acogerse al pronto pago de la multa. Sin embargo, en una segunda falta, la sanción será mucho más dura: se duplicará la multa, no habrá descuento por pronto pago y se restarán 60 puntos adicionales, lo que en la práctica significará la pérdida del brevete.

“O sea, la segunda vez que vas en una moto con dos personas te quedas sin brevete. Entonces se espera desincentivar el comportamiento de uso para que pueda ser más fácil identificarlos”, afirmó el ministro, al explicar que la medida busca reducir las oportunidades de acción de los sicarios y facilitar la labor de la Policía.

Las nuevas disposiciones llegan en un contexto de creciente presión social por la inseguridad, especialmente en el transporte público, donde conductores y empresas han denunciado amenazas, atentados con explosivos y asesinatos por negarse a pagar cupos. En ese escenario, el Gobierno apuesta por una respuesta integral que combine control policial, inteligencia financiera y sanciones administrativas más severas.

Con la entrada en vigencia de la Ley 32490, el Ejecutivo busca enviar un mensaje claro: la lucha contra la extorsión y el sicariato será una prioridad de Estado. No obstante, especialistas advierten que la efectividad de estas medidas dependerá no solo de su dureza, sino también de su correcta implementación, la coordinación interinstitucional y la asignación de recursos suficientes para sostener esta ofensiva contra el crimen organizado.