La Asociación de Bodegueros del Perú solicitó al ministro de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Juan Carlos Mathews, que disponga la prepublicación del reglamento de la nueva ley que regula a los juegos y apuestas deportivas a distancia on line, con el propósito de conocer si se ha recogido las observaciones planteadas por su institución oportunamente.
«Nadie conoce cuáles de las 700 observaciones formuladas por los distintos actores que dependemos de esta actividad han sido acogidas y, sobre todo, cómo las han interpretado y planteado. Porque una coma en un reglamento puede cambiar totalmente el sentido de una norma”, comentó Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú.

En ese sentido, anotó que “por un tema de transparencia de la administración pública el reglamento debe ser prepublicado para así tener la oportunidad de conocerlo y sobre todo alertar al Mincetur para que pueda subsanar aspectos lesivos que pudieran estar figurando en dicha norma”.

Remarcó que uno de los puntos esgrimidos por su Asociación al Mincetur es que los “bodegueros podamos disponer de un espacio para realizar la venta de apuestas deportivas a distancia y de esta manera sobrevivir a la crisis actual”.

“Lo que queremos evitar es que se cause un daño irreparable a los miles de trabajadores que se quedarían sin empleo porque nos quedaríamos sin un pequeño ingreso adicional que nos permita subsistir. Costo social donde el Mincetur sería el único responsable”, advirtió el dirigente.

Choy advierte que son las de 500 mil bodegueros a nivel nacional que se verían perjudicados si es que el reglamento no es prepublicado para dar a conocer cuales de las 700 observaciones se han recogido y sobre todo cómo han reglamentado los articulos corregidos por la nueva ley 31806 como son uso exclusivo de ambiente para la venta de apuestas deportivas y la instalacion de cámaras y DVR en las bodegas, pago de garantías, etc.

Cabe recordar, que el pasado 28 de junio, el Poder Ejecutivo promulgó la ley Nº 31806 que obliga a que las empresas extrajeras dedicadas a esta actividad tributen en nuestro país, como sucede en países de primer mundo miembros de la OCDE.