El Poder Judicial emitió una sentencia en primera instancia contra el líder de Alianza para el Progreso (APP) y exgobernador regional de La Libertad, César Acuña, al encontrarlo responsable del delito de violación a la libertad de trabajo. La decisión judicial establece una pena de un año y seis meses de prisión suspendida, además del cumplimiento de diversas reglas de conducta y el pago de una reparación económica a favor de la familia de una docente cesante.

El caso se remonta a la última gestión de Acuña al frente del Gobierno Regional de La Libertad, donde, según el fallo, incumplió deliberadamente una sentencia laboral firme que ordenaba el pago de una bonificación económica reconocida judicialmente a favor de una profesora jubilada.

Incumplimiento de una sentencia laboral

De acuerdo con la resolución emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad, César Acuña no ejecutó el pago de S/ 88.525 dispuesto por una sentencia laboral definitiva. El dinero correspondía a una bonificación que la docente dejó de percibir debido a un error en el cálculo realizado por el Gobierno Regional.

Tras el fallecimiento de la beneficiaria, el proceso fue continuado por su hijo, quien asumió la representación de sus derechos para exigir el cumplimiento del mandato judicial.

El juzgado concluyó que el entonces gobernador regional tenía conocimiento de la obligación de cumplir con la resolución y que omitió hacerlo de manera consciente, configurándose así el delito por el cual fue condenado.

Prisión suspendida y reglas de conducta

Aunque inicialmente la pena establecida era de dos años de prisión, el Poder Judicial decidió reducirla considerando que César Acuña no registraba antecedentes penales y tenía más de 65 años cuando ocurrieron los hechos investigados.

En consecuencia, la sanción quedó fijada en un año y seis meses de prisión suspendida, lo que significa que el líder de APP no será internado en un establecimiento penitenciario siempre que cumpla con las condiciones impuestas por la justicia.

Entre las principales reglas de conducta figuran:

• No cambiar de domicilio sin autorización judicial.
• No cometer nuevos delitos de naturaleza similar.
• Presentarse cada 30 días ante la Oficina de Control para informar sobre sus actividades.
• Cumplir con el pago de S/ 97.377, monto que incluye la obligación laboral pendiente y una reparación civil equivalente a S/ 8.852.

La condena afecta sus aspiraciones políticas

La sentencia, fechada el 20 de mayo de 2026, tuvo consecuencias inmediatas en el escenario político.

Al día siguiente de conocerse el fallo, César Acuña anunció públicamente que no participaría como candidato al Gobierno Regional de La Libertad.

Esta decisión guarda relación con la normativa electoral vigente, ya que una condena penal en primera instancia por delito doloso constituye un impedimento para postular a cargos de elección popular mientras la resolución permanezca vigente, incluso si posteriormente es apelada o revocada.

La defensa apeló la decisión

El abogado de César Acuña, el excongresista Luis Valdez, presentó un recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad.

Con ello, el proceso pasará ahora a conocimiento de una Sala Penal de Apelaciones, instancia que deberá revisar los argumentos planteados por ambas partes antes de decidir si confirma, modifica o revoca la condena.

Mientras no exista un pronunciamiento definitivo, la resolución continúa siendo una sentencia de primera instancia.

Durante el juicio, la defensa del exgobernador sostuvo que César Acuña nunca tuvo conocimiento formal del mandato judicial que ordenaba efectuar el pago a la docente.

Según sus abogados, la notificación no habría sido realizada válidamente y, además, argumentaron que el manejo de los recursos destinados al cumplimiento de sentencias laborales dependía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y no exclusivamente del Gobierno Regional.

También afirmaron que no existió intención deliberada de incumplir la resolución judicial, por lo que no podía configurarse el elemento doloso requerido para la comisión del delito.

El Poder Judicial rechazó la defensa

El juzgado descartó todos los argumentos planteados por la defensa de César Acuña.

En la sentencia se señala que el exgobernador sí fue debidamente notificado en la sede oficial del Gobierno Regional de La Libertad, donde la documentación fue recibida y registrada mediante el sistema de trámite documentario.

Asimismo, la magistratura recordó que durante el proceso laboral ya se había rechazado un pedido de nulidad basado en los mismos cuestionamientos sobre la notificación, por lo que ese argumento carecía de sustento jurídico.