La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, presidida por Óscar Reto Otero, acordó la conformación de la nueva Comisión de Ética Parlamentaria, grupo de trabajo que tendrá la responsabilidad de investigar y evaluar las denuncias por presuntas infracciones al Código de Ética cometidas por los legisladores durante el actual periodo congresal.

La comisión estará integrada por un representante de cada una de las seis bancadas con presencia en la Cámara Baja y ejercerá funciones durante los próximos dos años. Su instalación permitirá iniciar la evaluación de los primeros expedientes disciplinarios que ya fueron presentados ante el Congreso.

Seis congresistas integrarán la Comisión de Ética

Como parte del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, cada bancada designó a un representante para integrar este grupo de trabajo parlamentario.

Los miembros elegidos son:

• Mery Infantes Castañeda, por Fuerza Popular
• César Tito Rojas, por Juntos por el Perú
• Edwin Espinoza Huillca, por el Partido del Buen Gobierno
• Javier Cipriani Thorne, por Renovación Popular
• Heber López Letona, por el partido Obras
• Harvey Colchado Huamaní, por Ahora Nación

Los seis legisladores tendrán la misión de analizar las denuncias éticas presentadas contra parlamentarios y emitir recomendaciones sobre las eventuales sanciones que correspondan, conforme al reglamento interno del Congreso.

El Pleno deberá ratificar la conformación

Luego del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, informó que la conformación de la Comisión de Ética será sometida a ratificación por el Pleno de la Cámara Baja durante la sesión programada para el 5 de agosto.

Con la aprobación del Pleno, la comisión podrá instalarse oficialmente e iniciar el ejercicio de sus funciones, incluyendo la recepción y evaluación de los expedientes que permanecen pendientes.

Antes de conocerse la integración definitiva de la Comisión de Ética, el diputado Harvey Colchado ya había adelantado que uno de los primeros asuntos que deberá analizar el grupo será la denuncia presentada contra el legislador Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.

Pérez Mallqui es investigado por una presunta agresión contra su expareja, quien lo denunció por supuestos actos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica.

En declaraciones a la prensa, Colchado sostuvo que el Congreso tiene la obligación de investigar cualquier conducta que pueda vulnerar los principios éticos de la función parlamentaria.

“Lo que corresponde al Congreso es que la Comisión de Ética haga la investigación respectiva y, si se determina responsabilidad, deberá imponerse la sanción correspondiente. Aquí no se protegerá a nadie”, manifestó.

Asimismo, aseguró que la nueva comisión actuará con independencia y sin favorecer a ningún legislador por razones políticas.

“Aquí no habrá protección entre parlamentarios”

Durante sus declaraciones, Harvey Colchado también hizo referencia a la conocida expresión política “otorongo no come otorongo”, utilizada para cuestionar presuntos actos de protección entre congresistas.

El legislador afirmó que esa práctica no tendrá cabida en la actual Comisión de Ética y aseguró que todos los casos serán investigados con objetividad y respetando el debido proceso.

Explicó además que, debido a que el Congreso se encontraba en proceso de conformar sus comisiones ordinarias y especiales, era necesario esperar la instalación oficial del grupo antes de iniciar cualquier procedimiento disciplinario.

Renovación Popular solicita suspensión de Julián Pérez

En paralelo, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal por presuntas faltas éticas contra Julián Pérez Mallqui.

El documento, ingresado por Mesa de Partes del Congreso, solicita que el legislador cusqueño sea suspendido del ejercicio de sus funciones por 120 días de legislatura, además del correspondiente descuento de remuneraciones durante ese periodo.

La denuncia será remitida a la Comisión de Ética una vez que esta quede oficialmente instalada y comience sus labores.

El expresidente de la República, Ollanta Humala, lanzó duras críticas contra los magistrados que resolvieron los recursos de casación relacionados con su proceso judicial por presuntos aportes ilícitos de campaña. Durante una entrevista, el exmandatario sostuvo que el Poder Judicial debió aplicar el mismo criterio jurídico que favoreció a la presidenta Keiko Fujimori, al considerar que ambos expedientes guardan similitudes en cuanto a las investigaciones por financiamiento político.

En declaraciones brindadas al programa de La República “Sin Guión”, Humala expresó su desacuerdo con las resoluciones emitidas por los jueces penales y aseguró que existió un trato desigual en la administración de justicia.

“Es una llamada de atención al juez ponente y a los magistrados que firmaron esa casación. Si ese criterio se aplicó en el caso de Keiko Fujimori, también debió aplicarse en mi caso. Si a mí me enviaron a prisión, entonces ella también debió recibir el mismo tratamiento”, manifestó el exjefe de Estado.

Humala afirma que existen diferencias sustanciales entre ambos procesos

Si bien Ollanta Humala reconoció que tanto su caso como el de Keiko Fujimori están relacionados con investigaciones por presuntos aportes de campaña, insistió en que existen diferencias importantes que, a su juicio, hacen aún más cuestionable la actuación de las autoridades judiciales.

El exmandatario aseguró que el primer aspecto diferenciador radica en la supuesta recepción de recursos económicos. Según afirmó, en el caso de su organización política no existió la recepción del dinero que se le atribuye.

“Nosotros no recibimos esos aportes; en el otro caso sí hubo recepción de fondos”, sostuvo durante la entrevista, defendiendo nuevamente su inocencia frente a las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público.

Humala remarcó que esta diferencia debió ser considerada por los magistrados al momento de evaluar las medidas judiciales adoptadas contra él.

Señala una presunta persecución por motivos ideológicos

El expresidente también sostuvo que las investigaciones en su contra habrían estado influenciadas por factores políticos e ideológicos, más que por criterios estrictamente jurídicos.

De acuerdo con su versión, mientras otras agrupaciones políticas fueron investigadas por supuestos aportes provenientes del sector empresarial, el caso de su partido estuvo vinculado a presuntos recursos procedentes de gobiernos de izquierda, lo que, según dijo, generó una interpretación distinta por parte de las autoridades.

“En otros partidos las acusaciones estaban relacionadas con financiamiento de grupos empresariales. En nuestro caso, se ha construido una persecución ideológica debido a nuestro gobierno. Nos acusan de haber recibido dinero de gobiernos de izquierda y no de empresarios”, afirmó.

Para Humala, esta diferencia demuestra que el tratamiento judicial no fue uniforme y que existieron consideraciones políticas que terminaron afectando el desarrollo del proceso.

Expresidente insiste en que las imputaciones carecen de sustento

Durante la entrevista, Ollanta Humala reiteró que las acusaciones formuladas en su contra no cuentan con suficiente respaldo técnico ni probatorio. En ese sentido, sostuvo que las investigaciones se sustentan en interpretaciones políticas antes que en elementos jurídicos sólidos.

El exmandatario aseguró que su gestión y la orientación política de su gobierno influyeron en la manera en que fue procesado, motivo por el cual considera que el Poder Judicial actuó con criterios distintos respecto de otros casos de financiamiento electoral.

Asimismo, señaló que las decisiones adoptadas por los jueces deberían ser revisadas para garantizar la igualdad ante la ley y evitar que existan tratamientos diferenciados entre procesos que presentan características similares.