Después de leer y analizar el Informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y ver sus conclusiones respecto a la coyuntura que se vive en el Perú,  producto de los actos de protesta que se han suscitado  después de la caída de Castillo y la asunción de Dina Boluarte a la presidencia, creo que lo primero que se le debería preguntar a la CIDH es qué entienden por “Derechos Humanos”, pues parece que lo “Inhumano” prima en su concepto general del informe y además también preguntarles cuál es la diferencia entre “Verdad y Mentira” “Mostrar y Ocultar”, ya que todo el documento está lleno de falsedades y ocultamientos respecto a lo sucedido en el Perú y a los conceptos que se manejan en todo el mundo cuando se refieren a las acciones de Actos Humanitarios  y que obviamente están ligados a defender y proteger a los que más sufren y en contra de los que hacen sufrir y hacen daño.

Bajo la premisa anterior, pero en función a lo que verdaderamente significan los “Derechos Humanos”, se debería de apoyar y proteger  a aquellas instituciones que combaten y reprimen a los que hacen sufrir y abusan, ¡Pero No!, los comunistas y terroristas inhumanos se amparan en que  tienen a una Organización Internacional que los protege para seguir cometiendo sus actos  vandálicos en contra de nuestra sociedad y toda nuestra nación y así obtener lo que todos sabemos, la destrucción del estado para perpetuarse en el poder e instaurar el comunismo del siglo XXI en nuestro país, al igual que ya lo hicieron los otros países de la región que nos rodean y ahora se arrepienten.

Cómo es posible que la CIDH haya obviado todo lo que los peruanos hemos visto y conocemos a carta cabal, producto de una serie de protestas en las diferentes regiones del país e intento de la toma de Lima, que demostrado está “No fueron a través de Marchas Pacíficas” ni reclamos a sus derechos normales. Fueron “Marchas Violentas”, donde intentaron tomar aeropuertos, bloquearon las principales vías de comunicación, quemaron y destrozaron estamentos del estado, como comisarías, fiscalías, empresas estatales y privadas, ambulancias, bomberos, patrulleros etc. etc. Con el agravante de asesinar a civiles, policías y miembros de las fuerzas armadas con una crueldad superior o comparable a la época del terrorismo en el Perú hasta inclusive quemarlos vivos.

Todos los peruanos, hemos sido testigos que la intervención de la PNP y Fuerzas Armadas, fue “ABNEGADA”, pues pusieron el cuerpo para contener las hordas terroristas integradas además por ilegales infiltrados, narcotraficantes, delincuentes pertenecientes a las bandas de minería y tala ilegal, incluidos los criminales comunes;  con sólo la protección de sus escudos sin hacer uso de sus armas y ofrendando sus propias vidas, de los cuales ahora tenemos muchos fallecidos e innumerables lisiados para el resto de sus vidas.

¿Cuál es el Objetivo entonces del informe de la CIDH? Nada puede resultar más evidente que con este documento de tendencia izquierdista, parcializado totalmente a promover la Ideología del Comunismo del  Siglo XXI, desvirtuando lo que  verdaderamente ha sucedido y sigue sucediendo en el Perú se quiere desprestigiar internacionalmente a nuestro país contando con el apoyo de todas las naciones de la región cuyos gobiernos han sido destruidos política, económica, social y militarmente  y ahora viven en la desesperación y en la pobreza tratando de, no se sabe cómo, salir de esta situación que jamás pensaron vivirla.

De igual forma, con este informe de la CIDH, no solo se falta el respeto a la Soberanía de nuestro país, a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional, porque a ellas se les atribuye la exclusiva responsabilidad de todos los fallecidos, lo cual está comprobado que no es cierto y lo que es más grave, es la falta de respeto a la verdad. Se inmiscuyen, como si tuvieran el derecho de hacerlo, en la política interna de conducción de nuestro país, en la economía, a la cual consideran como extractivista. De igual forma se pretenden inmiscuir en las funciones del Congreso al recomendar cómo elegir al Defensor del Pueblo lo cual no es de su competencia. Así mismo recomiendan no legislar en materia electoral porque estarían afectando a las autoridades electorales, al parecer no saben o no quieren enterarse del fraude electoral que se cometió en las últimas elecciones que hicieron ganar a Castillo.

Si hay responsabilidad, objetividad, honor y dignidad, este informe debería de ser rechazado en su totalidad por el gobierno peruano, en la persona de la presidente Dina Boluarte. El no hacerlo la convertiría en cómplice de este “ridículo documento, sectario, pleno de falsas suposiciones y prejuicios” y su sesgada parcialidad con la ideología del Comunismo del Siglo XXI.

No olvidemos el refrán que sentencia “avalamos y somos cómplices de lo que por desidia o cobardía permitimos”.

¡Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ilegales, comunismo y terrorismo nunca más en el Perú!

(*) Teniente General FAP en retiro

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