La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la investigación sumaria iniciada por el Congreso a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que podría concluir con su remoción.

A través de un comunicado, el ente supranacional señala que la Junta es un organismo autónomo clave para garantizar la independencia e idoneidad de personas operadoras de justicia y de autoridades electorales, por lo que hace un llamado al respeto del debido proceso.

Como se recuerda, el Congreso aprobó una moción que encarga a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos realizar una investigación sumaria contra los integrantes de la JNJ, así como la presentación del informe respectivo en 14 días hábiles.

La CIDH recordó que los operadores de justicia son los principales actores para lograr la protección de los derechos humanos en un Estado democrático, pues actúan como controladores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes públicos.

Señala, asimismo, que la actuación de la JNJ, que tiene a su cargo el nombramiento y la evaluación periódica de jueces, fiscales y autoridades electorales, contribuye a que no haya injerencias políticas por parte de otros poderes u órganos del poder público en la designación de los mismos, y, en consecuencia, a que la justicia actúe de forma independiente.

“La CIDH reconoce la importancia de los controles políticos que puede ejercer un poder público sobre otro en el sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, advierte que los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas, por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos de disciplinarios en conformidad con el derecho internacional”, se lee en el comunicado.

Asimismo, el organismo interamericano remarcó que todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso.

“Ello exige que las conductas sancionables estén preestablecidas en términos estrictos y unívocos, de forma que acoten claramente los hechos punibles y fijen sus elementos. Asimismo, que las personas operadoras sean juzgadas por un juez competente, independiente e imparcial, asegurando en todo momento el derecho de defensa”, agrega el texto.

“La Comisión considera que la eventual remoción del pleno de la JNJ, sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú”, remarcó la CIDH.

El Congreso investiga a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por el pronunciamiento de dicha entidad sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la ex fiscal de la Nación Zoraida Avalos; la supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor de Ávalos Rivera; entre otras conductas.

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