De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los envíos nacionales superarían los US$80.000 millones en 2025. Dicha cifra sobrepasa con creces los US$ 74.000 millones registrados en 2024.

«Este repunte no solo refleja los altos precios internacionales, sino también la resiliencia de los sectores exportadores del país. En 2025, más del 60% de las exportaciones peruanas provendrá de la minería, pero el sector agroindustrial ya representa un 17% del total y crece a un ritmo anual de 23%», destacó Milagros Torres, subdirectora académica de la Facultad de Negocios de Zegel.

Precios internacionales, el gran motor

Según el Banco Central de Reserva (BCR), los términos de intercambio del Perú se expandieron en 16.2% interanual durante el segundo trimestre de 2025, gracias a un alza de 11.1% en los precios de exportación. Este fenómeno permitió que el valor de los envíos aumentará incluso más que sus volúmenes.

«La diversificación comienza a dar resultados: en la última década, las exportaciones no tradicionales crecieron un 120%, y en 2025 representan ya más de US$ 18.000 millones del total», explicó Torres.

El Gobierno ha consolidado una estrategia de apertura al mundo mediante 23 tratados comerciales vigentes, que aseguran acceso preferencial a 58 economías y cubren el 82% del PBI global. Además, en los últimos meses se optimizó el TLC con China y se concretaron acuerdos con Hong Kong, Guatemala e Indonesia, ampliando el rango de los intercambios.

Agroexportaciones en ascenso

Dentro de este panorama, la agroexportación marcará un récord de US$ 13.500 millones en 2025, superando los US$ 12.735 millones del año anterior. Frutas como arándanos y uvas, junto al café y el cacao, lideran el crecimiento. Solo en el primer semestre, los envíos agrícolas sumaron US$ 5.550 millones, un 23.3% más que en 2024.

«El 81% de las agroexportaciones proviene del interior del país, con Ica y La Libertad a la cabeza. Este dinamismo regional no solo impulsa el PBI, sino que también genera más de 1,2 millones de empleos formales en el sector agroindustrial», aseguró Torres.

En suma, el 2025 perfila al Perú como un actor cada vez más relevante en el comercio mundial. El reto, sin embargo, será mantener la competitividad en un escenario internacional volátil y seguir fortaleciendo los sectores no tradicionales para que el crecimiento exportador sea sostenible.

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) advirtió que el país se encuentra en un momento clave para consolidar nuevas inversiones mineras, con once proyectos que podrían entrar en operación hacia 2028 y que, en conjunto, representarían más de US$ 8.000 millones.

El decano nacional del CIP, Ing. Jaime Ruíz Béjar, agregó al respecto: «La minería es pilar del desarrollo nacional y puede consolidar al Perú como referente mundial en minería responsable e innovadora, si superamos la burocracia y la incertidumbre regulatoria. En 2024, la economía peruana creció 3,3% por el impulso del sector, pues aporta el 11% del PBI y más del 63% de exportaciones. Para 2025, se proyecta un crecimiento minero de 5,8%».

Sin embargo, el país se mantiene en el puesto 61 del ranking del Instituto Fraser sobre percepción de políticas mineras, reflejando debilidad en la predictibilidad normativa. Ante ello, el gremio exhortó al Estado a destrabar la permisología, implementar ventanillas únicas y reducir la burocracia que limita la competitividad, sin afectar los estándares técnicos ni ambientales.

A su turno, el presidente del Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico, vicedecano nacional del CIP, Ing. Carlos Burgos Montenegro, instó a la defensa de la minería formal, destacando su rol en la generación de empleo, canon y desarrollo regional. En esa línea, propuso un enfoque normativo viable para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), con procedimientos más ágiles.

En materia ambiental, el gremio indica que todos los proyectos deben cumplir con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), priorizando tecnologías limpias, manejo responsable del agua, cierre adecuado de minas y participación ciudadana efectiva. Además, pidió reforzar la seguridad jurídica y la claridad normativa para garantizar estabilidad a los inversionistas.

Finalmente, el CIP ofreció su asesoramiento técnico en los grandes proyectos del sector, reafirmando su compromiso con una minería formal, responsable e inclusiva.