La elaboración de un nuevo Código Penal vuelve a encender las alarmas en sectores jurídicos, académicos y de defensa de derechos humanos. La Comisión Especial encargada de redactar este nuevo marco normativo —presidida por el congresista Américo Gonza de Perú Libre, una bancada cuestionada por impulsar diversas leyes calificadas como “pro-crimen”— realizó una mesa técnica que dejó más dudas que certezas sobre la orientación del proyecto.

La sesión, dirigida por el asesor principal de la comisión, generó preocupación desde su convocatoria. En primer lugar, se realizó en plena semana de representación, un periodo en el que los congresistas deben acudir a sus regiones y no participar en actividades legislativas de este tipo. Además, la reunión no fue transmitida en vivo, lo que vulneró los estándares de transparencia que deberían regir cualquier discusión relacionada con la reforma penal más importante del país.

Una mesa técnica marcada por presuntos intereses particulares

La composición de la mesa también fue cuestionada. Según la congresista Ruth Luque, la sesión estuvo dominada por abogados vinculados a casos mediáticos, incluyendo defensores del expresidente Alberto Fujimori y de Dina Boluarte. La presencia de perfiles con intereses específicos en litigios de alto impacto genera suspicacias sobre la dirección del nuevo Código Penal.

“No les bastó modificaciones penales pro crimen, quieren un nuevo Código Penal, aprovechando que hoy el Ministerio Público está en manos pro Cuellos Blancos, una policía sometida al poder autoritario, los jueces, la Procuraduría y la defensa pública voces casi inexistentes”, comentó la congresista Luque a través de su cuenta de X.

Para diversos especialistas, esta composición refleja una orientación peligrosa: impulsar un cuerpo normativo centrado en beneficios para imputados, en lugar de fortalecer el sistema penal, modernizar las herramientas de persecución del delito y proteger derechos de víctimas.

Un Título Preliminar presuntamente orientado a favorecer al acusado

Uno de los puntos más controversiales fue la discusión del Título Preliminar, pieza clave porque define los principios que regirán toda la interpretación del Código Penal. Según lo planteado en la mesa técnica, se propone obligar a los jueces a aplicar siempre la interpretación más favorable al imputado, incluso en contextos ambiguos o complejos.

“Se discutió el Título Preliminar que, tal como fue planteado, busca obligar al juez a aplicar la interpretación penal más favorable al imputado, incluso en escenarios que podrían debilitar la eficacia del sistema penal”, enfatizó la parlamentaria.

Otra propuesta alarmante fue la intención de limitar el control constitucional y convencional que ejerce el Poder Judicial. Según lo discutido, los jueces de las causas no podrían inaplicar normas inconstitucionales o contrarias a tratados internacionales, incluso si estas vulneran derechos fundamentales.

“No les bastó modificaciones penales pro crimen, quieren un nuevo Código Penal, aprovechando que hoy el Ministerio Público está en manos pro Cuellos Blancos, una policía sometida al poder autoritario, los jueces, la Procuraduría y la defensa pública voces casi inexistentes”, indicó.

Ya hemos visto los efectos de leyes pro-crimen, como la reforma al delito de organización criminal que terminó beneficiando actividades ilícitas, incluida la minería ilegal. No podemos permitir retrocesos que debiliten la persecución penal, la lucha anticorrupción y la protección de derechos humanos”, agregó Luque Ibarra.