Política
Congreso impulsa penas de hasta 10 años de cárcel por cubrirse el rostro en protestas y uso de pirotecnia en marchas
El debate sobre los límites entre la protesta social y la seguridad pública vuelve a encenderse en el país. En plena antesala de las Elecciones Generales 2026, el Congreso de la República ha retomado iniciativas legislativas que endurecen las sanciones contra quienes participen en movilizaciones ciudadanas. Esta vez, dos proyectos impulsados por parlamentarios de la bancada Somos Perú vuelven a poner sobre la mesa un tema polémico: la criminalización de la protesta.
La congresista Elizabeth Medina, integrante de dicha bancada, presentó el Proyecto de Ley N.º 13104/2025-CR, que propone modificar los artículos 315° y 452° del Código Penal con el fin de sancionar severamente a quienes se cubran el rostro durante una manifestación. La iniciativa establece penas de 8 a 10 años de cárcel y multas que pueden llegar hasta 500 días para quienes participen en marchas usando máscaras, pasamontañas u otros elementos que dificulten su identificación.
Además, el proyecto introduce sanciones específicas para quienes concurran a protestas acompañados de menores de edad o personas con discapacidad en contextos donde se produzcan actos violentos. Estas sanciones van desde servicios comunitarios hasta multas de 90 días.
Medina sustenta su propuesta en que el uso de elementos que ocultan el rostro “dificulta la identificación de los responsables de hechos delictivos”, lo cual, en su opinión, abre la puerta a la impunidad. “Es lógico también proteger el derecho a la integridad física y a la propiedad pública y privada, siendo necesario facilitar la identificación de quienes infringen esos derechos y aprovechan el anonimato para delinquir y manchar una protesta pacífica”, señala el documento legislativo.
Otro proyecto busca hasta 10 años de cárcel por uso de pirotecnia en protestas
La ofensiva legislativa no se queda solo en la prohibición de cubrirse el rostro. El congresista Héctor Valer, también de Somos Perú, presentó el Proyecto de Ley N.º 12986/2025-CR, que plantea penas de 6 a 10 años de prisión para quienes utilicen pirotécnicos o explosivos como armas de ataque durante una protesta social. El texto propone incorporar un nuevo párrafo al Código Penal orientado a sancionar el empleo de estos materiales contra miembros de la Policía Nacional o contra civiles.
El proyecto especifica que si el uso de pirotecnia o explosivos ocasiona lesiones graves o la muerte de alguna persona, la pena puede incrementarse a entre 10 y 15 años de prisión. La iniciativa, según su exposición de motivos, busca “reforzar la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos”, y cuenta con el respaldo de al menos siete legisladores de Somos Perú, entre ellos Ana Zegarra Saboya, Óscar Zea Choquechambi y José Bernardo Pazo Nunura.
Protestas recientes y vínculos con el Ejecutivo
Ambas propuestas legislativas llegan en un momento especialmente delicado para el gobierno del presidente José Jerí, cuyo partido —Somos Perú— impulsa las iniciativas mencionadas. Durante las recientes protestas contra la administración Jerí, se registraron episodios de violencia en los que algunos manifestantes utilizaron pirotecnia artesanal, lo que dio argumentos a un sector del Congreso para endurecer el marco punitivo.
Críticos de estas iniciativas consideran que los proyectos buscan generar un efecto disuasivo que limite la participación ciudadana en manifestaciones públicas. Diversas organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos han advertido el riesgo de que estas medidas restrinjan indebidamente la libertad de expresión y el derecho a la protesta, especialmente en un escenario de descontento social creciente.
¿Criminalización o protección ciudadana?
Los defensores de las iniciativas argumentan que se requiere un marco legal más estricto para enfrentar hechos de violencia que suelen producirse durante las marchas. Señalan que grupos infiltrados utilizan el anonimato para cometer delitos, generar caos y desprestigiar protestas pacíficas.
Por el contrario, especialistas en derechos humanos cuestionan que se busque penalizar conductas que no necesariamente implican actos delictivos. Recuerdan que cubrirse el rostro puede responder a razones de seguridad personal, miedo a represalias laborales o simplemente protección frente a gases lacrimógenos. También advierten que los artículos propuestos por Medina y Valer no diferencian entre participantes pacíficos y personas que cometen delitos efectivamente.
Política
Desde Huaraz, Roberto Sánchez descarta expropiaciones y apuesta por la inversión
El candidato presidencial de Juntos por el Perú destacó la necesidad de impulsar proyectos estratégicos como Chinecas, el Hospital de Alta Complejidad y los corredores de integración económica para fortalecer el desarrollo de Áncash y del país.
Durante su visita y nutrido mitin en Huaraz, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó las campañas de desinformación que buscan generar temor entre la ciudadanía respecto a las propuestas de cambio impulsadas por sectores populares y aseguró que su gobierno promoverá la inversión, la producción y la generación de empleo como pilares del desarrollo nacional.
“Nosotros no vamos a expropiar ni estatizar ni quitarle nada a nadie. Queremos más producción, más inversión y más oportunidades para todos los peruanos. Nuestro compromiso es con el desarrollo y el bienestar de las familias trabajadoras”, enfatizó.
Durante su intervención, Sánchez sostuvo que Áncash tiene un enorme potencial para convertirse en uno de los principales motores productivos del país, siempre que se destraben y ejecuten proyectos estratégicos que permitan aprovechar sus recursos y generar oportunidades para la población.
En ese sentido, destacó la importancia del Proyecto Especial Chinecas como una obra fundamental para ampliar la frontera agrícola, fortalecer la seguridad alimentaria y beneficiar directamente a miles de pequeños productores.

“Chinecas representa una oportunidad histórica para incorporar más de 100 mil hectáreas productivas, pero debemos aprender de las experiencias del pasado. Las grandes obras de irrigación tienen que beneficiar primero al pequeño agricultor y a las familias que viven del campo”, señaló.
El líder de Juntos por el Perú afirmó que la región también requiere atender demandas históricas en materia de salud, por lo que respaldó la construcción del Hospital de Alta Complejidad de Áncash para garantizar atención especializada y oportuna a miles de ciudadanos.
“Así como Chinecas debe convertirse en una realidad para nuestros agricultores, también debemos hacer realidad el Hospital de Alta Complejidad. El desarrollo tiene que llegar al campo, pero también a la salud y a los servicios que necesita nuestra población”, manifestó.
Sánchez también destacó el potencial estratégico de Áncash dentro de los nuevos corredores económicos y comerciales que se vienen configurando en Sudamérica. En ese sentido, señaló que una futura gestión de Juntos por el Perú impulsará carreteras, ferrocarriles y corredores bioceánicos que permitan integrar las regiones, reducir costos logísticos y conectar la producción nacional con los mercados internacionales.
“Queremos conectar el crecimiento económico con el desarrollo de los pueblos. El Perú necesita infraestructura, modernidad, empleo y oportunidades. Esa es la ruta que proponemos para construir un país más justo y competitivo”, concluyó.
Huaraz 01 de junio de 2026
Política
Roberto Sánchez descarta participación de Antauro Humala y refuerza campaña en Cusco
En el marco de sus actividades de campaña en la región Cusco, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, arribó este martes a la Ciudad Imperial, donde participará en diversas actividades políticas y encuentros ciudadanos antes de encabezar una concentración en la Plaza Túpac Amaru.
Durante su llegada, Sánchez destacó el significado personal de su visita al sur del país, anunciando un recorrido familiar por Abancay junto a su padre, Santiago Sánchez, de 85 años, para reencontrarse con su tío Alejandro Sánchez, de 102 años, residente en la comunidad de San Antonio Grau de Apurímac.
“Nos vamos a encontrar con nuestro tío Alejandro Sánchez, de 102 años. Allí, donde nuestros padres aprendieron de la Pachamama y de la vida. Será un encuentro muy especial para nuestra familia”, señaló.
El candidato adelantó que posteriormente retornará al Cusco para participar en una gran concentración ciudadana en la Plaza de Armas, donde presentará las principales propuestas de su plan de gobierno y ratificará su compromiso con las regiones del sur del país.
Consultado por la prensa sobre el eventual papel de Antauro Humala en un gobierno de Juntos por el Perú, Sánchez fue enfático al descartar cualquier participación política o técnica del líder etnocacerista.
“Como bien ha dicho Antauro Humala, ha colaborado como un peruano más, pero no forma parte ni del gobierno, ni de la comisión política, ni del equipo técnico. Su aporte es como el de cualquier ciudadano que quiere colaborar con su país, sin condiciones”, afirmó.
De esta manera, el candidato presidencial reiteró que su propuesta de gobierno se construye sobre la base de un equipo propio, conformado por profesionales y especialistas que vienen elaborando las políticas públicas orientadas a impulsar el empleo, la producción nacional y el desarrollo descentralizado del Perú.
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