Política
Congreso impulsa penas de hasta 10 años de cárcel por cubrirse el rostro en protestas y uso de pirotecnia en marchas
El debate sobre los límites entre la protesta social y la seguridad pública vuelve a encenderse en el país. En plena antesala de las Elecciones Generales 2026, el Congreso de la República ha retomado iniciativas legislativas que endurecen las sanciones contra quienes participen en movilizaciones ciudadanas. Esta vez, dos proyectos impulsados por parlamentarios de la bancada Somos Perú vuelven a poner sobre la mesa un tema polémico: la criminalización de la protesta.
La congresista Elizabeth Medina, integrante de dicha bancada, presentó el Proyecto de Ley N.º 13104/2025-CR, que propone modificar los artículos 315° y 452° del Código Penal con el fin de sancionar severamente a quienes se cubran el rostro durante una manifestación. La iniciativa establece penas de 8 a 10 años de cárcel y multas que pueden llegar hasta 500 días para quienes participen en marchas usando máscaras, pasamontañas u otros elementos que dificulten su identificación.
Además, el proyecto introduce sanciones específicas para quienes concurran a protestas acompañados de menores de edad o personas con discapacidad en contextos donde se produzcan actos violentos. Estas sanciones van desde servicios comunitarios hasta multas de 90 días.
Medina sustenta su propuesta en que el uso de elementos que ocultan el rostro “dificulta la identificación de los responsables de hechos delictivos”, lo cual, en su opinión, abre la puerta a la impunidad. “Es lógico también proteger el derecho a la integridad física y a la propiedad pública y privada, siendo necesario facilitar la identificación de quienes infringen esos derechos y aprovechan el anonimato para delinquir y manchar una protesta pacífica”, señala el documento legislativo.
Otro proyecto busca hasta 10 años de cárcel por uso de pirotecnia en protestas
La ofensiva legislativa no se queda solo en la prohibición de cubrirse el rostro. El congresista Héctor Valer, también de Somos Perú, presentó el Proyecto de Ley N.º 12986/2025-CR, que plantea penas de 6 a 10 años de prisión para quienes utilicen pirotécnicos o explosivos como armas de ataque durante una protesta social. El texto propone incorporar un nuevo párrafo al Código Penal orientado a sancionar el empleo de estos materiales contra miembros de la Policía Nacional o contra civiles.
El proyecto especifica que si el uso de pirotecnia o explosivos ocasiona lesiones graves o la muerte de alguna persona, la pena puede incrementarse a entre 10 y 15 años de prisión. La iniciativa, según su exposición de motivos, busca “reforzar la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos”, y cuenta con el respaldo de al menos siete legisladores de Somos Perú, entre ellos Ana Zegarra Saboya, Óscar Zea Choquechambi y José Bernardo Pazo Nunura.
Protestas recientes y vínculos con el Ejecutivo
Ambas propuestas legislativas llegan en un momento especialmente delicado para el gobierno del presidente José Jerí, cuyo partido —Somos Perú— impulsa las iniciativas mencionadas. Durante las recientes protestas contra la administración Jerí, se registraron episodios de violencia en los que algunos manifestantes utilizaron pirotecnia artesanal, lo que dio argumentos a un sector del Congreso para endurecer el marco punitivo.
Críticos de estas iniciativas consideran que los proyectos buscan generar un efecto disuasivo que limite la participación ciudadana en manifestaciones públicas. Diversas organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos han advertido el riesgo de que estas medidas restrinjan indebidamente la libertad de expresión y el derecho a la protesta, especialmente en un escenario de descontento social creciente.
¿Criminalización o protección ciudadana?
Los defensores de las iniciativas argumentan que se requiere un marco legal más estricto para enfrentar hechos de violencia que suelen producirse durante las marchas. Señalan que grupos infiltrados utilizan el anonimato para cometer delitos, generar caos y desprestigiar protestas pacíficas.
Por el contrario, especialistas en derechos humanos cuestionan que se busque penalizar conductas que no necesariamente implican actos delictivos. Recuerdan que cubrirse el rostro puede responder a razones de seguridad personal, miedo a represalias laborales o simplemente protección frente a gases lacrimógenos. También advierten que los artículos propuestos por Medina y Valer no diferencian entre participantes pacíficos y personas que cometen delitos efectivamente.
Política
Fujimori llama «perros» a la oposición: Presidenta ya no solo amenaza, sino insulta
Senador Iber Maraví cuestionó que el ministro César Astudillo interrumpiera a Ruth Luque durante la sesión.
Humberto Morales denunció el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación
La presidenta Keiko Fujimori desató una nueva controversia política al utilizar la expresión «los perros ladran» durante un pronunciamiento sobre el enfrentamiento ocurrido en el Senado. La mandataria, rodeada de altos mandos militares durante una actividad en el Cuartel General del Ejército, expresó su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, y declaró: «Ministro, los perros ladran. Esa es una señal de que estamos avanzando».
Sus palabras fueron interpretadas como una descalificación de quienes cuestionan al Gobierno. Fujimori aseguró que Astudillo había sido agredido verbalmente durante la sesión de la Comisión de Constitución y le expresó su «total respaldo y gratitud» por su valentía. Sin embargo, la presidenta no identificó las expresiones que consideraba ofensivas ni respondió a las observaciones sobre la reforma policial que habían originado la discusión. Su pronunciamiento trasladó la controversia parlamentaria al escenario presidencial. El incidente comenzó cuando la senadora Ruth Luque cuestionó al ministro del Interior por no abordar una reforma profunda de la Policía Nacional. Astudillo reaccionó ante sus expresiones y se produjo un intercambio verbal en el que intervino Iber Maraví, de Juntos por el Perú, quien reclamó respeto al turno de palabra de la legisladora. La discusión escaló con la participación de otros parlamentarios y obligó a suspender temporalmente la sesión. Posteriormente, el senador Calisto Giampietri, de Renovación Popular, encaró a Maraví durante el enfrentamiento.
El representante de Juntos por el Perú denunció que Giampietri se aproximó de manera intimidatoria y lo desafió a resolver sus diferencias fuera del Congreso. El propio Giampietri reconoció haber planteado continuar la discusión afuera, aunque afirmó que intervino para defender a dos senadoras. El episodio dio lugar a acusaciones cruzadas sobre amenazas, agresiones verbales y conductas impropias de representantes políticos. El exparlamentario Humberto Morales denunció lo que denominó el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación. Iber Maraví también cuestionó lo que describió como el verdadero rostro autoritario del fujimorismo, al que acusó de utilizar una apariencia democrática para conseguir las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.
Ambas declaraciones expresan el rechazo de estos dirigentes al comportamiento de los representantes del Gobierno durante el incidente. Las críticas se extendieron a otros sectores políticos. Raúl Noblecilla calificó a Giampietri de «bravucón y cobarde» y denunció actitudes de autoritarismo y desprecio hacia la ciudadanía. Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres cuestionó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados, a quienes acusó de actuar con prepotencia y de contribuir al deterioro político del país. Las expresiones reflejaron la intensidad del enfrentamiento entre el oficialismo y sus adversarios.
La controversia ocurre mientras el Senado evalúa las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Durante su discurso, Fujimori también contrapuso a quienes respaldan a las Fuerzas Armadas con organizaciones como Sendero Luminoso y el Movadef, en un llamado a definir posiciones frente a la violencia. La discusión deja abiertas dos cuestiones: el alcance de las atribuciones que recibirá el Gobierno y el respeto a la discrepancia política durante su debate parlamentario.
OPOSICIÓN DENUNCIA AUTORITARISMO Y RECHAZA INTIMIDACIONES EN EL SENADO
El enfrentamiento registrado durante la sesión de la Comisión de Constitución provocó una serie de pronunciamientos de dirigentes vinculados a la izquierda, quienes acusaron al fujimorismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia frente a los cuestionamientos políticos. Humberto Morales denunció lo que calificó como el «ADN dictatorial del fujimorismo», mientras Iber Maraví sostuvo que los incidentes habían dejado al descubierto una actitud que, a su juicio, contradice el discurso democrático del oficialismo. Maraví rechazó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados y afirmó que no se dejaría intimidar. El senador cuestionó que el enfrentamiento se produjera precisamente durante la discusión de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Por su parte, Raúl Noblecilla acusó a Giampietri de actuar con arrogancia y prepotencia, mientras Aníbal Torres cuestionó a quienes, según expresó, exhiben actitudes confrontacionales frente a sus adversarios políticos. Las declaraciones de los dirigentes opositores coincidieron en cuestionar el trato recibido por los parlamentarios críticos del Gobierno y en rechazar las conductas que consideran intimidatorias. El episodio profundizó las discrepancias sobre el pedido de facultades legislativas y abrió una controversia sobre los límites del debate político, el respeto a las minorías parlamentarias y la responsabilidad de las autoridades frente a las críticas.
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Política
Taiwán conmemora su 115.º aniversario y fortalece sus vínculos con el Perú
Con motivo del 115.º aniversario de la República de China (Taiwán), que se conmemora cada 10 de octubre, la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú ofreció una recepción en Lima, a la que asistieron representantes de los ámbitos académico, político y empresarial, miembros del cuerpo diplomático, periodistas, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la comunidad taiwanesa residente en el país.
Durante la recepción, Gustavo Chao-Jui Lu, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú, dio la bienvenida a los invitados y destacó los estrechos vínculos de amistad y cooperación que unen a Taiwán y al Perú.
En su discurso, Lu resaltó el liderazgo mundial de Taiwán en los sectores de los semiconductores y las tecnologías de inteligencia artificial, así como su firmeza para afrontar los desafíos globales y regionales y su voluntad de contribuir a la comunidad internacional. En este contexto, señaló que el Perú y Taiwán comparten valores fundamentales, como la libertad, la democracia y el Estado de derecho, y cuentan con economías complementarias y vínculos comerciales en constante crecimiento.
Asimismo, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo los intercambios y la cooperación bilateral en diversos ámbitos, así como los lazos de amistad construidos a lo largo de los años entre los pueblos de Taiwán y el Perú. También destacó la contribución de la comunidad taiwanesa al desarrollo de las relaciones entre ambas partes. Finalmente, agradeció la cálida acogida recibida en el país y expresó su aprecio por la oportunidad de conocer y disfrutar de las danzas, la cultura y la reconocida gastronomía peruanas.
La ceremonia contó, además, con la presencia de Raúl Diez Canseco, exvicepresidente de la República y fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, y de Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, quienes también dirigieron unas palabras a los asistentes.
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