El debate sobre los límites entre la protesta social y la seguridad pública vuelve a encenderse en el país. En plena antesala de las Elecciones Generales 2026, el Congreso de la República ha retomado iniciativas legislativas que endurecen las sanciones contra quienes participen en movilizaciones ciudadanas. Esta vez, dos proyectos impulsados por parlamentarios de la bancada Somos Perú vuelven a poner sobre la mesa un tema polémico: la criminalización de la protesta.

La congresista Elizabeth Medina, integrante de dicha bancada, presentó el Proyecto de Ley N.º 13104/2025-CR, que propone modificar los artículos 315° y 452° del Código Penal con el fin de sancionar severamente a quienes se cubran el rostro durante una manifestación. La iniciativa establece penas de 8 a 10 años de cárcel y multas que pueden llegar hasta 500 días para quienes participen en marchas usando máscaras, pasamontañas u otros elementos que dificulten su identificación.

Además, el proyecto introduce sanciones específicas para quienes concurran a protestas acompañados de menores de edad o personas con discapacidad en contextos donde se produzcan actos violentos. Estas sanciones van desde servicios comunitarios hasta multas de 90 días.

Medina sustenta su propuesta en que el uso de elementos que ocultan el rostro “dificulta la identificación de los responsables de hechos delictivos”, lo cual, en su opinión, abre la puerta a la impunidad. “Es lógico también proteger el derecho a la integridad física y a la propiedad pública y privada, siendo necesario facilitar la identificación de quienes infringen esos derechos y aprovechan el anonimato para delinquir y manchar una protesta pacífica”, señala el documento legislativo.

Otro proyecto busca hasta 10 años de cárcel por uso de pirotecnia en protestas

La ofensiva legislativa no se queda solo en la prohibición de cubrirse el rostro. El congresista Héctor Valer, también de Somos Perú, presentó el Proyecto de Ley N.º 12986/2025-CR, que plantea penas de 6 a 10 años de prisión para quienes utilicen pirotécnicos o explosivos como armas de ataque durante una protesta social. El texto propone incorporar un nuevo párrafo al Código Penal orientado a sancionar el empleo de estos materiales contra miembros de la Policía Nacional o contra civiles.

El proyecto especifica que si el uso de pirotecnia o explosivos ocasiona lesiones graves o la muerte de alguna persona, la pena puede incrementarse a entre 10 y 15 años de prisión. La iniciativa, según su exposición de motivos, busca “reforzar la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos”, y cuenta con el respaldo de al menos siete legisladores de Somos Perú, entre ellos Ana Zegarra Saboya, Óscar Zea Choquechambi y José Bernardo Pazo Nunura.

Protestas recientes y vínculos con el Ejecutivo

Ambas propuestas legislativas llegan en un momento especialmente delicado para el gobierno del presidente José Jerí, cuyo partido —Somos Perú— impulsa las iniciativas mencionadas. Durante las recientes protestas contra la administración Jerí, se registraron episodios de violencia en los que algunos manifestantes utilizaron pirotecnia artesanal, lo que dio argumentos a un sector del Congreso para endurecer el marco punitivo.

Críticos de estas iniciativas consideran que los proyectos buscan generar un efecto disuasivo que limite la participación ciudadana en manifestaciones públicas. Diversas organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos han advertido el riesgo de que estas medidas restrinjan indebidamente la libertad de expresión y el derecho a la protesta, especialmente en un escenario de descontento social creciente.

¿Criminalización o protección ciudadana?

Los defensores de las iniciativas argumentan que se requiere un marco legal más estricto para enfrentar hechos de violencia que suelen producirse durante las marchas. Señalan que grupos infiltrados utilizan el anonimato para cometer delitos, generar caos y desprestigiar protestas pacíficas.

Por el contrario, especialistas en derechos humanos cuestionan que se busque penalizar conductas que no necesariamente implican actos delictivos. Recuerdan que cubrirse el rostro puede responder a razones de seguridad personal, miedo a represalias laborales o simplemente protección frente a gases lacrimógenos. También advierten que los artículos propuestos por Medina y Valer no diferencian entre participantes pacíficos y personas que cometen delitos efectivamente.