Política
Congreso otorga facultades al Gobierno de José Jerí para crear el delito de revelación de la información, pese a críticas
El Congreso de la República otorgó al Ejecutivo, encabezado por el presidente José Jerí, facultades legislativas por un plazo de 60 días con el objetivo de implementar medidas urgentes en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada. Sin embargo, una de las iniciativas incluidas en este paquete normativo ha encendido las alertas del gremio periodístico y de organizaciones defensoras de la libertad de expresión: la posible creación del delito de revelación de información reservada vinculada a investigaciones penales y actuaciones policiales.
De acuerdo con el decreto publicado el 15 de diciembre en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo queda habilitado para legislar en diversos frentes relacionados con la seguridad interna. Entre ellos, se contempla la tipificación de un nuevo delito que sancione la filtración de información considerada reservada dentro de procesos judiciales y policiales. Aunque aún no existe una norma específica que detalle los alcances de esta figura penal, el texto señala que se establecerá “un supuesto específico de inhabilitación aplicable en caso de condena”, asegurando —al menos en el papel— el respeto a derechos fundamentales como la libertad de información, la libertad de prensa y el secreto profesional.
La falta de precisiones, no obstante, ha generado una ola de cuestionamientos. Hasta el momento, se desconoce con claridad a quiénes alcanzaría este delito, qué tipo de información sería considerada reservada y cuáles serían las penas aplicables. Esta ambigüedad ha sido uno de los principales motivos de preocupación entre periodistas, editores y organizaciones de defensa de la prensa.
La propuesta, presentada inicialmente el 20 de noviembre por el Ejecutivo, incluía una decena de medidas orientadas a fortalecer la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, fue precisamente la creación de este nuevo delito lo que provocó mayor rechazo. Para los gremios periodísticos, la iniciativa podría convertirse en una herramienta para limitar el acceso a información de interés público y obstaculizar el periodismo de investigación.
Asociación Nacional de Periodistas alerta que esta medida criminaliza la difusión de información
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtió, mediante un comunicado oficial, que esta medida “criminaliza la difusión de información de interés público y constituye censura y persecución de fuentes reservadas”. Según el gremio, la eventual aprobación de una norma de este tipo atentaría directamente contra el secreto profesional y debilitaría uno de los pilares del ejercicio periodístico: la protección de las fuentes.
La ANP también alertó que la iniciativa podría tener un efecto inhibidor sobre la cobertura de investigaciones penales de alto impacto, especialmente aquellas que involucran a personajes con poder político o económico. “Se estaría atacando la libertad de información sobre investigaciones penales de relevancia pública desde sectores que, en su mayoría, tienen personajes relevantes comprometidos en dichos expedientes”, subrayó la organización.
Una postura similar fue expresada por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP). Su director ejecutivo, Rodrigo Salazar, sostuvo que la propuesta, tal como está planteada, es excesivamente amplia y ambigua. En entrevista con RPP, advirtió que el nuevo delito podría ser utilizado no solo contra funcionarios públicos, sino también contra periodistas que difundan información sobre investigaciones en curso.
“Es muy amplio. Esto aplica a un funcionario público, a un fiscal, a un periodista”, señaló Salazar. Añadió que, de convertirse en ley sin mayores precisiones, un fiscal podría argumentar que la publicación de determinada información constituye una revelación indebida y proceder penalmente contra el periodista. Para el CPP, resulta indispensable que se establezca un “candado” normativo que excluya expresamente a la labor periodística de cualquier sanción penal.
Gobierno de José Jerí defiende cuestionada norma
Desde el Ejecutivo, las autoridades rechazaron que la iniciativa tenga como objetivo censurar o amedrentar a la prensa. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, descartó que se trate de una “ley mordaza” y aseguró que la intención es sancionar exclusivamente a funcionarios públicos que filtran información a personas investigadas, facilitando su fuga o la obstrucción de la justicia.
Según explicó Álvarez, actualmente este tipo de conductas solo recibe sanciones administrativas, lo que resulta insuficiente frente a la gravedad del daño que puede causar al sistema de justicia. “La propuesta del Ministerio de Justicia es que exista una sanción penal para quienes alertan a quienes deben ser detenidos por la fuerza pública y que escapan de la justicia como consecuencia de esa delación”, indicó.

En esa línea, el premier aseguró que no existe ninguna voluntad de confrontación con la prensa y anunció que los gremios periodísticos serán convocados durante el proceso de redacción del decreto legislativo. “No estamos hablando de la labor legítima que hace la prensa, al contrario, para nosotros es un aliado”, afirmó.
Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, defendió la iniciativa calificando la revelación de información como una “amenaza grave que debilita al Estado desde adentro”. Durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso, el 24 de noviembre, sostuvo que la actual legislación no castiga con suficiente severidad a quienes filtran información confidencial desde el interior de las instituciones.
“La ley no castiga este acto con la seriedad que merece. Por eso proponemos crear un tipo penal específico cuando un funcionario, fiscal, juez o policía revela información secreta de una investigación, y asegurar que estos funcionarios sean separados de manera definitiva de su cargo”, afirmó el ministro.
Política
Fujimori llama «perros» a la oposición: Presidenta ya no solo amenaza, sino insulta
Senador Iber Maraví cuestionó que el ministro César Astudillo interrumpiera a Ruth Luque durante la sesión.
Humberto Morales denunció el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación
La presidenta Keiko Fujimori desató una nueva controversia política al utilizar la expresión «los perros ladran» durante un pronunciamiento sobre el enfrentamiento ocurrido en el Senado. La mandataria, rodeada de altos mandos militares durante una actividad en el Cuartel General del Ejército, expresó su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, y declaró: «Ministro, los perros ladran. Esa es una señal de que estamos avanzando».
Sus palabras fueron interpretadas como una descalificación de quienes cuestionan al Gobierno. Fujimori aseguró que Astudillo había sido agredido verbalmente durante la sesión de la Comisión de Constitución y le expresó su «total respaldo y gratitud» por su valentía. Sin embargo, la presidenta no identificó las expresiones que consideraba ofensivas ni respondió a las observaciones sobre la reforma policial que habían originado la discusión. Su pronunciamiento trasladó la controversia parlamentaria al escenario presidencial. El incidente comenzó cuando la senadora Ruth Luque cuestionó al ministro del Interior por no abordar una reforma profunda de la Policía Nacional. Astudillo reaccionó ante sus expresiones y se produjo un intercambio verbal en el que intervino Iber Maraví, de Juntos por el Perú, quien reclamó respeto al turno de palabra de la legisladora. La discusión escaló con la participación de otros parlamentarios y obligó a suspender temporalmente la sesión. Posteriormente, el senador Calisto Giampietri, de Renovación Popular, encaró a Maraví durante el enfrentamiento.
El representante de Juntos por el Perú denunció que Giampietri se aproximó de manera intimidatoria y lo desafió a resolver sus diferencias fuera del Congreso. El propio Giampietri reconoció haber planteado continuar la discusión afuera, aunque afirmó que intervino para defender a dos senadoras. El episodio dio lugar a acusaciones cruzadas sobre amenazas, agresiones verbales y conductas impropias de representantes políticos. El exparlamentario Humberto Morales denunció lo que denominó el «ADN dictatorial del fujimorismo» y acusó al oficialismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia y la intimidación. Iber Maraví también cuestionó lo que describió como el verdadero rostro autoritario del fujimorismo, al que acusó de utilizar una apariencia democrática para conseguir las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.
Ambas declaraciones expresan el rechazo de estos dirigentes al comportamiento de los representantes del Gobierno durante el incidente. Las críticas se extendieron a otros sectores políticos. Raúl Noblecilla calificó a Giampietri de «bravucón y cobarde» y denunció actitudes de autoritarismo y desprecio hacia la ciudadanía. Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres cuestionó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados, a quienes acusó de actuar con prepotencia y de contribuir al deterioro político del país. Las expresiones reflejaron la intensidad del enfrentamiento entre el oficialismo y sus adversarios.
La controversia ocurre mientras el Senado evalúa las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Durante su discurso, Fujimori también contrapuso a quienes respaldan a las Fuerzas Armadas con organizaciones como Sendero Luminoso y el Movadef, en un llamado a definir posiciones frente a la violencia. La discusión deja abiertas dos cuestiones: el alcance de las atribuciones que recibirá el Gobierno y el respeto a la discrepancia política durante su debate parlamentario.
OPOSICIÓN DENUNCIA AUTORITARISMO Y RECHAZA INTIMIDACIONES EN EL SENADO
El enfrentamiento registrado durante la sesión de la Comisión de Constitución provocó una serie de pronunciamientos de dirigentes vinculados a la izquierda, quienes acusaron al fujimorismo y sus aliados de recurrir a la prepotencia frente a los cuestionamientos políticos. Humberto Morales denunció lo que calificó como el «ADN dictatorial del fujimorismo», mientras Iber Maraví sostuvo que los incidentes habían dejado al descubierto una actitud que, a su juicio, contradice el discurso democrático del oficialismo. Maraví rechazó el comportamiento de los funcionarios y legisladores involucrados y afirmó que no se dejaría intimidar. El senador cuestionó que el enfrentamiento se produjera precisamente durante la discusión de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Por su parte, Raúl Noblecilla acusó a Giampietri de actuar con arrogancia y prepotencia, mientras Aníbal Torres cuestionó a quienes, según expresó, exhiben actitudes confrontacionales frente a sus adversarios políticos. Las declaraciones de los dirigentes opositores coincidieron en cuestionar el trato recibido por los parlamentarios críticos del Gobierno y en rechazar las conductas que consideran intimidatorias. El episodio profundizó las discrepancias sobre el pedido de facultades legislativas y abrió una controversia sobre los límites del debate político, el respeto a las minorías parlamentarias y la responsabilidad de las autoridades frente a las críticas.
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Política
Taiwán conmemora su 115.º aniversario y fortalece sus vínculos con el Perú
Con motivo del 115.º aniversario de la República de China (Taiwán), que se conmemora cada 10 de octubre, la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú ofreció una recepción en Lima, a la que asistieron representantes de los ámbitos académico, político y empresarial, miembros del cuerpo diplomático, periodistas, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la comunidad taiwanesa residente en el país.
Durante la recepción, Gustavo Chao-Jui Lu, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú, dio la bienvenida a los invitados y destacó los estrechos vínculos de amistad y cooperación que unen a Taiwán y al Perú.
En su discurso, Lu resaltó el liderazgo mundial de Taiwán en los sectores de los semiconductores y las tecnologías de inteligencia artificial, así como su firmeza para afrontar los desafíos globales y regionales y su voluntad de contribuir a la comunidad internacional. En este contexto, señaló que el Perú y Taiwán comparten valores fundamentales, como la libertad, la democracia y el Estado de derecho, y cuentan con economías complementarias y vínculos comerciales en constante crecimiento.
Asimismo, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo los intercambios y la cooperación bilateral en diversos ámbitos, así como los lazos de amistad construidos a lo largo de los años entre los pueblos de Taiwán y el Perú. También destacó la contribución de la comunidad taiwanesa al desarrollo de las relaciones entre ambas partes. Finalmente, agradeció la cálida acogida recibida en el país y expresó su aprecio por la oportunidad de conocer y disfrutar de las danzas, la cultura y la reconocida gastronomía peruanas.
La ceremonia contó, además, con la presencia de Raúl Diez Canseco, exvicepresidente de la República y fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, y de Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, quienes también dirigieron unas palabras a los asistentes.
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