El Congreso de la República otorgó al Ejecutivo, encabezado por el presidente José Jerí, facultades legislativas por un plazo de 60 días con el objetivo de implementar medidas urgentes en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada. Sin embargo, una de las iniciativas incluidas en este paquete normativo ha encendido las alertas del gremio periodístico y de organizaciones defensoras de la libertad de expresión: la posible creación del delito de revelación de información reservada vinculada a investigaciones penales y actuaciones policiales.

De acuerdo con el decreto publicado el 15 de diciembre en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo queda habilitado para legislar en diversos frentes relacionados con la seguridad interna. Entre ellos, se contempla la tipificación de un nuevo delito que sancione la filtración de información considerada reservada dentro de procesos judiciales y policiales. Aunque aún no existe una norma específica que detalle los alcances de esta figura penal, el texto señala que se establecerá “un supuesto específico de inhabilitación aplicable en caso de condena”, asegurando —al menos en el papel— el respeto a derechos fundamentales como la libertad de información, la libertad de prensa y el secreto profesional.

La falta de precisiones, no obstante, ha generado una ola de cuestionamientos. Hasta el momento, se desconoce con claridad a quiénes alcanzaría este delito, qué tipo de información sería considerada reservada y cuáles serían las penas aplicables. Esta ambigüedad ha sido uno de los principales motivos de preocupación entre periodistas, editores y organizaciones de defensa de la prensa.

La propuesta, presentada inicialmente el 20 de noviembre por el Ejecutivo, incluía una decena de medidas orientadas a fortalecer la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, fue precisamente la creación de este nuevo delito lo que provocó mayor rechazo. Para los gremios periodísticos, la iniciativa podría convertirse en una herramienta para limitar el acceso a información de interés público y obstaculizar el periodismo de investigación.

Asociación Nacional de Periodistas alerta que esta medida criminaliza la difusión de información

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtió, mediante un comunicado oficial, que esta medida “criminaliza la difusión de información de interés público y constituye censura y persecución de fuentes reservadas”. Según el gremio, la eventual aprobación de una norma de este tipo atentaría directamente contra el secreto profesional y debilitaría uno de los pilares del ejercicio periodístico: la protección de las fuentes.

La ANP también alertó que la iniciativa podría tener un efecto inhibidor sobre la cobertura de investigaciones penales de alto impacto, especialmente aquellas que involucran a personajes con poder político o económico. “Se estaría atacando la libertad de información sobre investigaciones penales de relevancia pública desde sectores que, en su mayoría, tienen personajes relevantes comprometidos en dichos expedientes”, subrayó la organización.

Una postura similar fue expresada por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP). Su director ejecutivo, Rodrigo Salazar, sostuvo que la propuesta, tal como está planteada, es excesivamente amplia y ambigua. En entrevista con RPP, advirtió que el nuevo delito podría ser utilizado no solo contra funcionarios públicos, sino también contra periodistas que difundan información sobre investigaciones en curso.

“Es muy amplio. Esto aplica a un funcionario público, a un fiscal, a un periodista”, señaló Salazar. Añadió que, de convertirse en ley sin mayores precisiones, un fiscal podría argumentar que la publicación de determinada información constituye una revelación indebida y proceder penalmente contra el periodista. Para el CPP, resulta indispensable que se establezca un “candado” normativo que excluya expresamente a la labor periodística de cualquier sanción penal.

Gobierno de José Jerí defiende cuestionada norma

Desde el Ejecutivo, las autoridades rechazaron que la iniciativa tenga como objetivo censurar o amedrentar a la prensa. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, descartó que se trate de una “ley mordaza” y aseguró que la intención es sancionar exclusivamente a funcionarios públicos que filtran información a personas investigadas, facilitando su fuga o la obstrucción de la justicia.

Según explicó Álvarez, actualmente este tipo de conductas solo recibe sanciones administrativas, lo que resulta insuficiente frente a la gravedad del daño que puede causar al sistema de justicia. “La propuesta del Ministerio de Justicia es que exista una sanción penal para quienes alertan a quienes deben ser detenidos por la fuerza pública y que escapan de la justicia como consecuencia de esa delación”, indicó.

En esa línea, el premier aseguró que no existe ninguna voluntad de confrontación con la prensa y anunció que los gremios periodísticos serán convocados durante el proceso de redacción del decreto legislativo. “No estamos hablando de la labor legítima que hace la prensa, al contrario, para nosotros es un aliado”, afirmó.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, defendió la iniciativa calificando la revelación de información como una “amenaza grave que debilita al Estado desde adentro”. Durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso, el 24 de noviembre, sostuvo que la actual legislación no castiga con suficiente severidad a quienes filtran información confidencial desde el interior de las instituciones.

“La ley no castiga este acto con la seriedad que merece. Por eso proponemos crear un tipo penal específico cuando un funcionario, fiscal, juez o policía revela información secreta de una investigación, y asegurar que estos funcionarios sean separados de manera definitiva de su cargo”, afirmó el ministro.