La Contraloría General de la República anunció hoy un megaoperativo de control en la región Loreto con el objetivo de supervisar el desarrollo de los proyectos y servicios públicos y reducir de este modo el impacto de la corrupción y la inconducta funcional de los servidores públicos.

En conferencia de prensa, donde participaron congresistas, autoridades regionales y locales, el contralor general Nelson Shack Yalta realizó una amplia exposición sobre la situación de los manejos de recursos públicos y la escasa cantidad de auditores para llegar a cabo el control en una región que maneja más de 4,000 millones de soles al año.

«La capacidad operacional de la Contraloría en Loreto se reduce a 50 auditores para desplegar el servicio de control, lo cual es prácticamente imposible en una región que maneja apróximadamente 4,800 millones de soles de presupuesto en los tres niveles de gobierno que en total suman unas 84 entidades de gobierno», anotó.

Explicó que ante situación, que es un tema a nivel nacional, y previendo esa situación se inició en la Contraloría un nuevo enfoque de control a través de los megaoperativos donde intervienen cientos de auditores para apoyar la labor de control en las regiones.

Indicó que a través de la intervención con enfoque territorial, en Loreto se movilizarán cerca de 150 auditores los que realizarán servicios de control simultáneo y posterior en más 80 entidades públicas de las ocho provincias de la región Loreto, en los niveles de gobierno nacional, regional y local.

Shack Yalta dijo que dentro de su labor en Loreto viajará a las diferentes provincias porque los mayores problemas de corrupción e inconductas funcionales está en los gobiernos subnacionales.

En tal sentido, dijo que la Contraloría en el marco de una nueva política de control, está asumiendo las oficinas de control institucional de las diversas entidades, lo cual resulta de suma importancia porque serán autónomas e independientes de los controlados, lo que generará un mejor control del uso de los recursos públicos o de las inconductas de los funcionarios.
Por su parte el gerente regional de la Contraloría en Loreto, Roy Salazar Caballlero, indicó que hasta el año 2020 se emitieron 692 informes entre control concurrente y controles posteriores.

Precisó que se detectó responsabilidad en 581 funcionarios responsabilidad funcional, de los cuales 304 en el ámbito administrativo, 149 civil, 128 penal, casos que ya han sido derivados a las instancias correspondientes para que se ejerza la potestad sancionadora.

Agregó que se han detectado 823 situaciones adversas que ameritan una acción de parte de la institución de control y de no darse ameritarían un control posterior.

Entre los casos detectados mencionó permisos para explotación forestal irregulares con permisos sin cumplir las normativas correspondientes y que representan unos 125,000 metros cúbicos de áreas afectadas.

Asimismo, en la compra de balones de oxigeno, entre abril y mayo del 2020 durante la primera ola, no se gestionó oportunamente este proceso lo que generó la pérdida de vidas.

Otro caso es el relacionado a la transferencia de recursos para el asesoramiento de una obra vial en la provincia de Ramón Castilla que no se ejecutó porque todos los trámites fueron ficticios para apoderarse de los recursos del Estado.

Otro de los temas recurrentes son los viáticos para funcionarios y no se rinden los gastos realizados incurriendo en graves faltas.

El pago de incentivos únicos de manera irregular que alcanza la suma de 6 millones de soles por lo cual se han hecho las denuncias penales correspondientes.
Ante esta situación el contralor Nelson Shack dijo que por ello se realizan los controles concurrentes que permiten alertar sobre las irregularidades en el manejo de los recursos y que en ello van a tener suma importancia las oficinas de control interno que serán independientes.

Al final, la CGR tendrá 738 oficinas de control en todo el territorio que dependerá del pliego de la Contraloría con lo cual ese personal tendrá toda la independencia para poder realizar las auditorías correspondientes sin depender los controlados.

Respecto al Megaoperativo de Control, informó que se intervendrán las 84 oficinas públicas, participarán 129 auditores en los próximos tres meses, que irán incrementándose conforme se realizan las acciones de control, como ha ocurrido en otras regiones.

Precisó que harán 138 servicios de auditoría de los cuales son 119 controles posteriores y 19 simultáneos en los cuales acompañan a los gestores.

Entre las entidades a auditar figuran, entre las principales el Proyecto Especial de la Cuenca del Putumayo, Electro Oriente,la OEFA, la Universidad del Alto Amazonas, el Gobierno Regional, las unidades de gestión educativa local (UGEL), la Caja Municipal de Ahorros y Créditos de Maynas, así como obras en vías de comunicación, la construcción y equipamiento del Hospital César Garayar, el mercado de Belén, entre otras.

Al final de la presentación del Megaoperativo el contralor Shack, al responder a preguntas tanto de los congresistas y del gobernador regional, dijo que se incorporará el caso de Petroperú, ante un pedido del congresista Jorge Morante, sobre la venta de combustible que es uno de los más caros a pesar de que allí se produce y se refina el petróleo.

Anunció, asimismo, ante el pedido del congresista, quién es invidente, para que la página web de la CGR sea amigable con las personas con discapacidad visual y que se haga lo propio con las demás entidades del Estado.
Al final dentro de las labores a realizar por la Contraloría, Shack Yalta anunció que los próximos días se van a autorizar auditorías a la refinería de Talara.

Recordó que al anunciarse ese proyecto por el entonces presidente Ollanta Humala, se dijo que el costo era de 1,350 millones de dólares pero que al pasar 6 años se han firmado unas 15 adendas y ha pasado a costar 5,300 millones de dólares y aún no se ha acabado.