“El sistema de privilegios ya se probó en las décadas de los 70 y 80 en el país. Nos llevó a la debacle económica, a la corrupción y al enfrentamiento”.

Hay muchas formas para destruir la economía. Una nueva se ha planteado en el Congreso con el proyecto de ley 5892/2023– CR, promovido por el congresista José Jerí, que plantea una “nueva ley de industrias”.

Este proyecto no propone una ley, sino una lista gigantesca de beneficios y beneficiarios tributarios. Todo beneficio fiscal perfora los ingresos del país. Lo pagamos todos.

El objeto del proyecto es “posicionar a la industria como eje central para el desarrollo del país”. Formula una “estrategia de fomento a la producción y el desarrollo de sectores industriales específicos”.

Sin vergüenza alguna, plantea, entonces, beneficios específicos para empresas específicas. La ley debe ser una norma general; el privilegio, en cambio, es un mandato para que todos paguen a alguien en especial.

La industria no debe ser “eje central” del desarrollo del país. Tampoco la minería, ni el agro. El “eje central” debe ser el ciudadano común y corriente, el consumidor.

El consumidor no debe servir al productor, sino al revés. El sistema de privilegios ya se probó en las décadas de los 70 y 80 en el país. Nos llevó a la debacle económica, a la corrupción y al enfrentamiento.

Este proyecto ofrece beneficios especiales a industrias de alimentación y agroindustria, pesca, acuicultura, textil y confecciones, naval, energías renovables, de tecnologías de la información y contenidos digitales, forestal. También otorga beneficios a estudios de contabilidad, de ingeniería, empresas de asesoría y estudios de abogados que trabajen con empresas de esos sectores.

La iniciativa quiere regalar a los gobiernos regionales el poder de crear “polos de desarrollo productivo”; es decir, áreas de exención fiscal. El gobernante regional podrá decir dónde se hacen y quiénes acceden.

El 84 % de los gobernadores regionales está investigado por el Ministerio Público. El 70 % de estos, por delitos de corrupción. El proyecto quiere darles a ellos más poderes.

Este esquema llevaría a burocratizar la producción y extender la corrupción. Algunos de los beneficios se otorgarían “a las empresas que demuestren liderar un proceso de articulación o encadenamiento productivo con un determinado número de empresas Mypes”.

¿Y cómo demuestro que lidero esa “articulación”? ¿Y cómo el Estado verifica si mi declaración es cierta? ¿Cuántos funcionarios se requiere para esta supervisión?

Uno de los múltiples privilegios es el propuesto “Fondo de Desarrollo Industrial”. El Gobierno debería otorgar una garantía del Estado para los créditos generados “a favor de las micro, pequeñas y medianas y grandes empresas, así como el otorgamiento de un mecanismo de subsidio denominado ‘Bono del Buen Pagador del Fondo de Desarrollo Industrial’”.

Los beneficiarios pueden descontar hasta 70 % de la tasa al impuesto a la renta. Hay otro beneficio a los que reinviertan y a los que “puedan formular planes estratégicos de industrialización”. ¡Premiada, la imaginación!

Un sistema así reducirá la recaudación, perforará y complicará la administración tributaria, otorgará poderes inconstitucionales a los gobiernos regionales y pervertirá la misión del industrial, que es producir porque quiere obtener una ganancia del mercado, no conseguir una renta del Estado.

Este proyecto debe descartarse. No plantea hacer una ley, sino un inmoral sistema de privilegios, que ya tuvimos en el Perú. Es una amenaza más a las reformas que nos sacaron del desastre.

Fuente: El Comercio – Federico Salazar periodista