Pese a los avances normativos, persisten barreras estructurales que impiden una educación de calidad e inclusiva. Expertos advierten sobre la urgencia de una reforma multisectorial que priorice la atención de todos los estudiantes.

Los desafíos de la educación en Perú no son menores, según UNICEF, aunque las tasas de matrícula en 2025 son altas (85.4% en inicial, 96% en primaria y 88.7% en secundaria) “quienes con mayor frecuencia quedan excluidos del sistema educativo son niñas, niños y adolescentes con discapacidades y aquellos de origen indígena o afrodescendiente”. Esta brecha se acentúa por la falta de infraestructura, la escasez de docentes calificados y la persistente desigualdad territorial.

Para Hugo Díaz, asesor educativo de la Fundación Telefónica, hay un problema con la poca inversión en la formación de los docentes. “El presupuesto de educación se distribuye de manera ineficiente: el 85% se destina a salarios e infraestructura, mientras que solo el 15% se usa para factores pedagógicos como el cierre de la brecha digital o la capacitación docente”, sostuvo. Un informe de la OCDE muestra que solo el 40% de los docentes en el Perú cuenta con habilidades digitales básicas, lo que limita la capacidad de los colegios para adaptarse a la era digital.

Además, según Alfred Draxl, director ejecutivo del Centro de Investigación para el desarrollo de la educación y el liderazgo (CIDEL), “más de 3 millones de peruanos que viven en áreas rurales no han terminado la escuela y cerca del 80 % de los estudiantes rurales no comprenden realmente lo que leen”. Frente a este panorama, la demanda por una educación más inclusiva y flexible cobra especial relevancia.

Al respecto, Javier Álvarez, representante de UNICEF en Perú, hizo un llamado urgente: “Si mantenemos un solo modelo de enseñanza, sólo aquellos estudiantes que se adapten a dicho modelo lograrán aprender”. Para lograr una transformación real, expertos coinciden en que es indispensable fortalecer el rol del Estado, invertir de forma sostenida en infraestructura, docentes y materiales, y garantizar una política pública que considere la diversidad del país como una riqueza pedagógica y no como un obstáculo.

Fuente: InfoActiva