Hace más de una semana se dispuso la reincorporación de Juan Varillas, pero la presidenta de la Corte Superior, Miluska Cano, aún no la ejecuta.

Una orden judicial que debía cumplirse de inmediato lleva más de una semana sin ejecutarse. El mandato deja sin efecto la medida que suspendió al juez Juan Varillas Solano y dispone su regreso al Séptimo Juzgado Comercial de Lima. Sin embargo, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, Miluska Cano López, no lo ha repuesto. Mientras tanto, el juez suplente sigue a cargo del expediente más sensible del juzgado: la venta de acciones del Grupo El Comercio.

El resultado favorece a una de las partes. El Poder Judicial dejó sin efecto la cautelar que impedía avanzar con la compraventa de acciones, tras considerar que no cumplía los requisitos y que era excesiva. La compra se cerró pocos días después. Esa decisión la tomó el juez que ocupa el despacho de Varillas, a pesar de que, según se supo, la reincorporación del titular ya estaba ordenada.

Lo que decidió la Autoridad de Control

Según fuentes judiciales citadas por La República, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), que preside Roberto Palacios Bran, habría resuelto reincorporar a Varillas a menos de dos meses de suspenderlo, y la decisión ya habría sido notificada a la presidenta de la Corte de Lima. Se esperaba que el magistrado volviera en cuestión de horas o, a más tardar, entre el lunes y el martes siguientes, pero no ocurrió.

La ANC lo había suspendido por seis meses por presuntas irregularidades al emitir la cautelar que detuvo la venta. En su momento señaló que el documento habría sido redactado fuera de los equipos del Poder Judicial y trasladado en un USB personal.

La versión de la defensa

El abogado Claudio Cajina, abogado de los accionistas minoritarios, informó que la ANC-PJ revocó la suspensión preventiva del juez al comprobar que no existían elementos suficientes para mantenerla, desmintiendo un favorecimiento irregular en la venta de acciones de El Comercio.

​Para la defensa, la resolución demuestra que la medida carecía de sustento, por lo que resulta cuestionable que el magistrado siga apartado de sus funciones. Cajina exigió a la administración judicial ejecutar la decisión y reincorporarlo de inmediato, destacando que la independencia judicial exige no apartar a los magistrados sin una causa legal debidamente acreditada.

En una jornada marcada por movilizaciones masivas a nivel nacional, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, calificó de «total» el acatamiento del paro preventivo de 24 horas realizado este jueves 29 de octubre.

El dirigente magisterial aseguró que las medidas de amedrentamiento e intimidación impulsadas por el Gobierno nacional —orientadas al descuento de salarios— fracasaron categóricamente frente a la unidad docente.

«El ministro ha fracasado en su intento de amedrentar e intimidar al magisterio. Más de 15,000 docentes hoy están desfilando en las calles de Lima y en igual número en las calles del país. El magisterio ha expresado que tiene dignidad», sostuvo Castro durante la manifestación.

Respaldo masivo en Lima e indignación de la dirigencia

El alto nivel de acatamiento fue ratificado en la capital por Gilmer Meza, secretario general del SUTEP Lima Metropolitana, quien destacó que fueron mínimos los docentes que decidieron no acatar la medida frente a las demandas desatendidas. Ante la próxima discusión del presupuesto nacional en el Parlamento durante el mes de noviembre, Meza hizo un llamado directo a las autoridades:

«El Gobierno tiene que entender y los congresistas tienen que entender que la escuela pública tiene necesidades», enfatizó.

En esa misma línea, Maruja Leyzaquía, Secretaria de Equidad y Género del SUTEP, manifestó el profundo malestar de los maestros ante el abandono histórico de los sucesivos gobiernos, sumado a la postura de la actual gestión:

«Mientras más saquen políticas de amedrentamiento como esta, de sancionar al magisterio, la indignación se va a visibilizar aún más en las calles», aseveró Leyzaquía.

A las movilizaciones se sumaron diversos docentes cesantes y jubilados con más de 30 años de servicio, quienes alzaron su voz para exigir la publicación inmediata del reglamento de la Ley 32581, norma que busca garantizar pensiones equivalentes a la primera escala magisterial.

«Hemos dado toda nuestra vida, nuestra juventud, y ahora somos olvidados. […] Que el Gobierno escuche el grito del SUTEP», expresaron los manifestantes, enfatizando que tras una vida entera de servicio merecen una vejez con dignidad y justicia social.

Acercamiento con el Congreso y advertencia de huelga indefinida

Durante la jornada de protesta, la dirigencia del SUTEP sostuvo encuentros con representantes del Poder Legislativo. Tras recibir al gremio, el senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, manifestó que asumirán un rol articulador entre las partes:

«Los senadores somos el puente entre la demanda del pueblo a través de los docentes para que el Ejecutivo escuche y dialogue. Eso es lo más importante”, indicó López-Chau en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).

Pese al diálogo iniciado con el Congreso, Lucio Castro fue enfático al señalar que esta medida de fuerza tiene un carácter preventivo, pero advirtió que de no hallarse soluciones concretas, el gremio radicalizará sus acciones.

«Si no hay solución, hay huelga nacional. Está avisado el Gobierno, está avisado el Estado», sentenció el dirigente gremial.