“Las muchas instituciones de empresarios podrían crear un sistema de denuncia de casos de extorsión que permita proteger al denunciante y sancionar a los funcionarios corruptos. No basta con no corromper; actuar con integridad implica denunciar la corrupción y la incapacidad”.

Hace unos días, la Municipalidad de Ate realizó una inspección en el local del restaurante La Granja Azul, hallando algunas faltas y multando a la empresa. Las faltas fueron subsanadas y la multa pagada. Sin embargo, la empresa recibió una segunda multa por S/1 millón 118 mil que respondía a un tema en la habilitación urbana que había sido subsanado en el 2017, y se ordenó la clausura del local. Este no es el primer caso. De hecho, desde que la nueva gestión municipal asumió funciones, este ha sido su modus operandi. Pero tampoco es la única municipalidad que extorsiona a las empresas que operan en sus distritos. La empresa Grin quebró cuando la Municipalidad de Miraflores le exigió la donación de 30 ‘scooters’ a cambio de dejarlos operar.

Estos dos casos han sido de los pocos que se han hecho públicos porque sus gerentes se atrevieron a denunciarlos y a demostrar el abuso municipal. Abuso que no solo afectaba directamente a la empresa, sino también a sus trabajadores, proveedores e incluso al mismo Estado, que deja de recaudar impuestos.

Nuestras municipalidades son, en gran medida, instituciones plagadas de ineficiencia y corrupción, donde malos funcionarios abusan de su posición para obtener pagos ilegales. En algunos casos son las mismas empresas las que proponen el pago; en otros, ceden a la extorsión. También están las que ofrecen hacer obras en mejora del distrito, creyendo equivocadamente que esto no es corrupción. El problema es que, aunque las empresas no coimeen, rara vez denuncian y esto les permite a las autoridades seguir actuando impunemente. Es urgente demandarle al sector privado hacer empresa de manera ética y responsable. Y eso pasa por denunciar los abusos de los funcionarios públicos. Quedarse callados no es una opción.

Del total de empresas que existen en el Perú, el 99,4% son micro y pequeñas empresas (mype). Las Mypes no tienen la posibilidad de defenderse solas frente a los abusos del Estado. Un ejemplo es el puesto de lustrabotas en Miguel Dasso, clausurado temporalmente por la Municipalidad de San Isidro. ¿Cómo logramos construir ciudadanía y exigirles a los ciudadanos hacer política si están preocupados en sobrevivir el día a día? ¿Cómo les pedimos a las Mypes que no caigan en los juegos de corrupción de las autoridades si enfrentarse a estas implica, muy probablemente, la quiebra del negocio? Y eso es precisamente lo que le ocurrió a Grin, cuando no pudo enfrentar la extorsión de la municipalidad y quebró dejando a 50 trabajadores en la calle.

El caso de la Granja Azul es emblemático, además, porque junto con la empresa y sus trabajadores, otras empresas del sector privado demostraron el poder que tienen y cómo pueden utilizarlo cuando actúan en bloque para detener la extorsión y exigir mejores autoridades. Necesitamos impulsar un cambio en la actitud de los distintos actores del sistema y este debe venir impulsado desde el sector privado. ¿Por qué? Porque el Perú es una sociedad democrática donde rige una economía social de mercado y quienes se soportan en este modelo económico son quienes más poder tienen para llevar a la transformación del país: la clase empresarial.

El rol de los líderes empresariales es importantísimo para obligar al Estado a rendir cuentas. El poder de la empresa privada es enorme, pero no está siendo utilizado como debería. El empresariado tiene la capacidad de poner luz ahí donde los gobiernos quieren oscuridad: denunciando la corrupción y el manejo indebido de recursos.

Las muchas instituciones de empresarios podrían crear un sistema de denuncia de casos de extorsión que permita proteger al denunciante y sancionar a los funcionarios corruptos. No basta con no corromper; actuar con integridad implica denunciar la corrupción y la incapacidad. Necesitamos impulsar, desde el sector privado, un sistema de incentivos para que se denuncie a los extorsionadores. Pero necesitamos, también, que los partidos a los que pertenecen los alcaldes corruptos sean sancionados. Cuando callamos y no alzamos la voz, somos cómplices de un Estado ineficiente, corrupto e incapaz, y del daño que este genera. El 64% de los peruanos está esperando que las empresas sienten opinión pública y visible sobre los asuntos de interés nacional. ¿Nos atrevemos?

Fuente: El Comercio – María Cecilia Villegas