Política

Exigen prueba de vida de Maduro tras secuestro en agresión imperialista

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1 hora ago

enero 15, 2026

La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció este sábado el secuestro del presidente y la primera dama por parte de Estados Unidos durante una operación militar que dejó soldados y civiles muertos.

En una declaración de extrema gravedad, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este sábado que el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, fueron «secuestrados» por fuerzas de los Estados Unidos. La noticia llega tras los bombardeos perpetrados por EE.UU. contra Caracas y otros estados, ataques calificados por el gobierno venezolano como una «gravísima agresión militar».

Secuestro presidencial y exigencia de prueba de vida

Ante la brutal situación, Rodríguez exigió al gobierno estadounidense la entrega inmediata de «prueba de vida» del mandatario y de la primera dama. «Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama», aseveró la vicepresidenta en declaraciones a la televisión estatal.

Rodríguez vinculó directamente esta agresión con la advertencia que había hecho Maduro sobre el peligro que representa «la voracidad energética de los EE.UU.», un objetivo que, según el gobierno venezolano, busca apropiarse del petróleo del país. La vicepresidenta recordó que el último llamado del presidente fue «pueblo a la calle», activando todos los planes de defensa y movilización popular.

La condena internacional y el patrón de agresión

La escalada recibió la condena inmediata de Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso emitió un comunicado expresando su «profunda preocupación y condena» ante el «acto de agresión armada» cometido por Washington. Esta reacción internacional se produce mientras Caracas denuncia una serie de violaciones previas al derecho internacional.

Esta agresión aérea no es un hecho aislado. Se produce en medio de una escalada que se inició en agosto pasado, con un despliegue militar estadounidense en el Caribe, frente a las costas venezolanas. Según el gobierno bolivariano, esto dio paso a bombardeos ilegales, amenazas directas contra Caracas y la incautación de buques petroleros, actos calificados como «robo» y «piratería».

El discurso desde la Casa Blanca, que en un principio justificó estas acciones bajo la lucha contra el narcotráfico, ha virado en las últimas semanas hacia el deseo explícito de apropiarse de los recursos petroleros de Venezuela, confirmando las acusaciones de que el objetivo final es un saqueo colonial de la nación suramericana.

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Política

Un estado desorganizado no puede combatir criminales organizados

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2 minutos ago

enero 15, 2026

Limaaldia.pe

Dr: Iván Sequeiros
Exjuez postula al Senado por
Somos Perú con el Número 1

El Perú atraviesa una grave etapa de desgobierno, caracterizada por un Estado débil, inestable y precario. Veo con preocupación cómo quienes hoy detentan el poder han abandonado la búsqueda del bien común para priorizar su propia supervivencia política y la conservación de sus privilegios. Percibo que hemos dejado al país funcionando en «piloto automático», totalmente de espaldas a la ciudadanía.
Mi tesis central es contundente: un aparato estatal caótico y en permanente disputa interna es incapaz de vencer al crimen organizado. Es paradójico, pero debo admitir que la delincuencia actúa hoy con mayores niveles de orden, planificación y eficacia que nuestro propio Estado. Estoy convencido de que la lucha contra la inseguridad requiere estabilidad y estrategias a largo plazo, condiciones que hoy, lamentablemente, no existen.

*Asigno responsabilidades compartidas a todas las instituciones y critico severamente que se culpen mutuamente en lugar de coordinar:

En el Ejecutivo, denuncio que la constante rotación en el Ministerio del Interior y la Policía impide sostener planes de inteligencia. Considero que medidas como los estados de emergencia son acciones aisladas e ineficaces ante la ausencia de una política integral.
Sobre el Ministerio Público, observo un órgano sumido en conflictos internos, egos y politización. Estas disputas intestinas lo distraen de su función de perseguir el delito, generando descrédito y favoreciendo la impunidad.
Al Legislativo lo critico duramente por no crear un marco normativo coherente. Por el contrario, ha flexibilizado leyes (lavado de activos, extinción de dominio) facilitando el accionar criminal.
Respecto al Poder Judicial, reconozco que opera con limitaciones presupuestales históricas. Aunque ha logrado encarcelar a altos funcionarios, su eficacia depende de una fiscalía sólida, de la cual hoy carecemos. Asimismo, cuestiono al Tribunal Constitucional por inmiscuirse indebidamente en la justicia penal, favoreciendo a procesados bajo el argumento de la tutela de derechos.
Mi conclusión es clara: mientras persista esta desigualdad entre un crimen organizado y un Estado desorganizado, los anuncios sobre seguridad serán meras quimeras. Recomiendo priorizar la recuperación de la solidez institucional antes de esperar resultados reales.

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Política

López Aliaga ocultó empresa deudora: No informó al JNE su vínculo con firma declarada irregular por la SUNAT

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4 minutos ago

enero 15, 2026

Limaaldia.pe

Empresa ligada al líder de Renovación Popular debe más de S/12.9 millones en impuestos.

Omisión en hoja de vida podría acarrear sanciones e investigaciones.
 Transparencia en entredicho en plena antesala electoral.

El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no informó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su vínculo con una empresa que mantiene una millonaria deuda tributaria con la Sunat y que, además, fue declarada irregular por la autoridad fiscal, según reveló una investigación periodística.
De acuerdo con la información, López Aliaga omitió consignar en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones su relación con Peruval Corp. S.A., empresa que registra una deuda superior a los S/12.9 millones con la SUNAT y que figura como “no habida” en los registros oficiales.
La normativa electoral es clara: los candidatos están obligados a declarar de manera completa y veraz todas sus participaciones empresariales y vínculos societarios, a fin de garantizar la transparencia ante el electorado. La omisión de esta información constituye una falta grave que puede acarrear sanciones administrativas e incluso derivar en investigaciones de carácter penal, según especialistas en derecho electoral.
La empresa en cuestión ha sido declarada irregular por la Sunat debido al incumplimiento reiterado de sus obligaciones tributarias, lo que refuerza los cuestionamientos sobre por qué dicha vinculación no ue informada oportunamente al sistema electoral.
Pese a ello, el líder de Renovación Popular no habría ofrecido hasta el momento una explicación clara sobre esta omisión.
Este nuevo cuestionamiento se suma a una serie de controversias que rodean la trayectoria política y empresarial de López Aliaga, quien ha construido su discurso público en base a la “honestidad” y la “mano dura contra la corrupción”. Sin embargo, los hechos revelados ponen en entredicho esa narrativa y abren serias dudas sobre la coherencia entre su discurso y su práctica. La revelación genera especial preocupación en un contexto preelectoral, donde la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas a quienes aspiran a mantenerse o llegar al poder. En ese escenario, el caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fiscalizar con mayor rigor la información patrimonial y empresarial de los actores políticos.