La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció este sábado el secuestro del presidente y la primera dama por parte de Estados Unidos durante una operación militar que dejó soldados y civiles muertos.

En una declaración de extrema gravedad, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este sábado que el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, fueron «secuestrados» por fuerzas de los Estados Unidos. La noticia llega tras los bombardeos perpetrados por EE.UU. contra Caracas y otros estados, ataques calificados por el gobierno venezolano como una «gravísima agresión militar».

Secuestro presidencial y exigencia de prueba de vida

Ante la brutal situación, Rodríguez exigió al gobierno estadounidense la entrega inmediata de «prueba de vida» del mandatario y de la primera dama. «Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama», aseveró la vicepresidenta en declaraciones a la televisión estatal.

Rodríguez vinculó directamente esta agresión con la advertencia que había hecho Maduro sobre el peligro que representa «la voracidad energética de los EE.UU.», un objetivo que, según el gobierno venezolano, busca apropiarse del petróleo del país. La vicepresidenta recordó que el último llamado del presidente fue «pueblo a la calle», activando todos los planes de defensa y movilización popular.

La condena internacional y el patrón de agresión

La escalada recibió la condena inmediata de Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso emitió un comunicado expresando su «profunda preocupación y condena» ante el «acto de agresión armada» cometido por Washington. Esta reacción internacional se produce mientras Caracas denuncia una serie de violaciones previas al derecho internacional.

Esta agresión aérea no es un hecho aislado. Se produce en medio de una escalada que se inició en agosto pasado, con un despliegue militar estadounidense en el Caribe, frente a las costas venezolanas. Según el gobierno bolivariano, esto dio paso a bombardeos ilegales, amenazas directas contra Caracas y la incautación de buques petroleros, actos calificados como «robo» y «piratería».

El discurso desde la Casa Blanca, que en un principio justificó estas acciones bajo la lucha contra el narcotráfico, ha virado en las últimas semanas hacia el deseo explícito de apropiarse de los recursos petroleros de Venezuela, confirmando las acusaciones de que el objetivo final es un saqueo colonial de la nación suramericana.

24 PLANCHAS QUEMADAS

• La atomización del voto como estrategia de una clase política que se niega a soltar el botín del Estado.

El espectáculo que el Jurado Nacional de Elecciones nos ha servido este 2 de enero no es una fiesta democrática, sino un funeral de la inteligencia. Al cerrar el registro con 24 fórmulas presidenciales inscritas para abril de 2026, el Perú ha oficializado su ingreso al manicomio de la fragmentación. Lo que tenemos ante nosotros no es una oferta política; es un mercado de pulgas donde se liquidan retazos de ideologías muertas y apetitos personales que dan náuseas.

Miren la lista, si el estómago se los permite. Ahí está la señora Keiko Fujimori, persistiendo en su vocación de naufragio; el señor César Acuña, cuya relación con la sintaxis es tan precaria como su compromiso ético; ‘Porky’ López Aliaga, que en ocasiones parece un tren a la deriva, por mencionar a algunos.

Es la barbarie del número. En un país con un 68.9% de ciudadanos que aún no sabe por quién votar (según el último reporte del IEP), lanzar 24 candidatos con sus respectivas planchas es una burla, un insulto a la desesperación de un pueblo que ya no espera nada de sus instituciones.

Estamos ante una ‘democracia’ de cartón piedra. Según el padrón del RENIEC, más de 27.3 millones de peruanos estamos llamados a las urnas, pero nos envían al matadero electoral con una cédula que parecerá una guía telefónica. La ONPE ha advertido que estos comicios costarán cerca de 1,500 millones de soles. Es una fortuna dilapidada para financiar las ambiciones de aventureros que, en su mayoría, no alcanzan ni el 1% de intención de voto.

TRAGEDIA A LA VISTA. Es el triunfo de la mediocridad institucionalizada: el JNE admite planchas con planes de gobierno que son meros ejercicios de ‘copy-paste’ y paridad de género de fachada, mientras las tachas se resuelven en el limbo de la burocracia.

¿Qué nos queda? Una nación atomizada donde el voto se dispersará tanto que el próximo presidente podría llegar a la segunda vuelta con apenas un 8% o 9% de respaldo real, repitiendo la tragedia del 2021.

Es el abismo de la ilegitimidad. Mientras el 12 de abril se acerca, el aire huele a descomposición. Lo que el JNE llama «cumplimiento de requisitos legales», nosotros lo llamamos el acta de defunción de un sistema que ha preferido la cantidad de los cómplices a la calidad de los estadistas.

El Perú no va hacia una elección; va hacia un choque de trenes donde los únicos sobrevivientes serán, como siempre, los oportunistas que han hecho de la política el negocio más lucrativo y asqueroso de nuestra historia. Esa es la cruda realidad.

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“Es una fortuna dilapidada para financiar las ambiciones de aventureros que, en su mayoría, no alcanzan ni el 1% de intención de voto”.

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en periodo de tacha y 2 con tacha en trámite.