Política
Fernando Rospigliosi es condenado por difamación contra Delia Espinoza: deberá pagar S/ 200 mil
El Poder Judicial condenó al congresista Fernando Rospigliosi a nueve meses de prisión suspendida y al pago de 100 días multa por el delito de difamación agravada en agravio de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. La sentencia responde a una serie de declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales donde el parlamentario la vinculó, sin pruebas, con el terrorismo y economías ilegales.
Durante la lectura del adelanto de fallo, la jueza Norma Carbajal fue enfática al señalar que las expresiones de Rospigliosi constituyeron un señalamiento directo que afectó gravemente el honor de Espinoza. La magistrada subrayó que las imputaciones no solo incluyeron calificativos ofensivos, sino también acusaciones de alta gravedad que fueron difundidas ampliamente en redes sociales y medios de comunicación.
“Se condena a Fernando Rospigliosi como autor del delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada”, precisó la jueza, al tiempo que dispuso que el sentenciado cumpla reglas de conducta como no cambiar de domicilio sin autorización judicial y presentarse cada 60 días al registro biométrico del juzgado.
Además de la pena suspendida, el fallo establece el pago de una reparación civil de 200 mil soles a favor de Delia Espinoza. Si bien la ahora decana del Colegio de Abogados de Lima había solicitado inicialmente una indemnización de un millón de soles y una pena de dos años de prisión, el tribunal determinó una sanción menor considerando la edad del condenado.
En su resolución, la jueza explicó que la reducción de la pena responde a criterios legales aplicables en función de la edad del acusado, lo que permite una disminución prudencial de la sanción sin dejar de reconocer la gravedad de los hechos.
El caso se sustenta en múltiples intervenciones públicas de Rospigliosi que, según la sentencia, configuran un patrón reiterado de conducta difamatoria. Entre ellas destaca una publicación del 7 de julio de 2025 en la red social X, donde calificó a Espinoza como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”, atribuyéndole directamente dichas conductas sin evidencia.
Asimismo, se incluyó un segundo mensaje del 11 de julio de 2025 en el que cuestionó a la magistrada encargada de investigarlo, insinuando parcialidad a favor de sectores violentos. Estas afirmaciones fueron consideradas por el tribunal como parte de una estrategia de deslegitimación pública.
Argumentos del Poder Judicial
La jueza también citó declaraciones emitidas el 18 de septiembre de 2025 en el programa “24 Horas” de Canal N, donde Rospigliosi sostuvo que Espinoza promovía políticas “a favor de la delincuencia y el terrorismo” y la calificó como “desquiciada”. Ese mismo día, en una entrevista en Willax, reiteró dichos calificativos, insistiendo en señalarla como “proterrorista”.
Otro elemento relevante del expediente fue una publicación del 20 de septiembre de 2025, en la que el congresista volvió a referirse a Espinoza en términos similares, cuestionando decisiones del Ministerio Público relacionadas con fiscalías de derechos humanos.
Para el tribunal, todas estas expresiones constituyen imputaciones graves realizadas sin sustento probatorio, lo que evidencia una conducta dolosa orientada a dañar la reputación de la exfiscal de la Nación. En ese sentido, la sentencia resalta que la libertad de expresión no ampara la difusión de acusaciones infundadas que vulneren el honor de las personas.
Este fallo reabre el debate sobre los límites del discurso político y el uso de redes sociales como plataformas de ataque personal. En un contexto de alta polarización, la justicia peruana marca así un precedente sobre la responsabilidad legal de las declaraciones públicas, especialmente cuando provienen de autoridades o figuras con alta exposición mediática.
Si bien la defensa del congresista podría recurrir a instancias superiores, la decisión judicial envía un mensaje claro sobre las consecuencias de difundir imputaciones graves sin pruebas, reafirmando la protección del honor como un derecho fundamental dentro del ordenamiento jurídico peruano.
Actualidad
Raúl Díaz Pérez propone inteligencia de la PNP y Fuerzas Armadas contra la delincuencia en Comas
Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País a la alcaldía de Comas, presentó sus propuestas de seguridad ciudadana para las Elecciones Municipales 2026. Su plan contempla mil cámaras de videovigilancia, drones y una mayor coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Comas enfrenta uno de sus principales desafíos de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026: la inseguridad ciudadana. En este escenario, Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País y exalcalde del distrito durante el periodo 2019-2022, presentó sus principales propuestas para combatir la delincuencia.
Según el reporte del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú (PNP) citado en la información, Comas figura entre los distritos con mayor número de denuncias relacionadas con inseguridad.
Entre los problemas que afectan a los vecinos se encuentran la extorsión al transporte público y al comercio, así como el robo de vehículos.
Raúl Díaz Pérez propone apoyo de la PNP y Fuerzas Armadas en Comas
Como parte de su propuesta de seguridad, Raúl Díaz Pérez plantea que la inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan operar en el distrito, mientras que la municipalidad brindaría apoyo logístico.
“Lo que proponemos es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas operen en Comas. Como gestión municipal, darle la logística necesaria: brigadas vecinales de seguridad ciudadana barrio por barrio, para que den información de primera mano a Inteligencia”, señaló el candidato.
El exalcalde también propone implementar mil cámaras de videovigilancia durante los primeros 100 días de una eventual gestión municipal, además de adquirir drones de alta tecnología para reforzar el patrullaje integrado con la Policía.
Mil cámaras y drones para combatir la delincuencia
La propuesta contempla la instalación de bases centrales de videovigilancia en sectores que, según el candidato, presentan una mayor incidencia delictiva.
Entre las zonas mencionadas se encuentran Collique, El Carmen Alto y La Libertad.
La estrategia planteada por Díaz Pérez incluye además la participación de brigadas vecinales, cuya función sería proporcionar información a los servicios de inteligencia.
Propuesta de agua potable para Comas
En materia de servicios básicos, Raúl Díaz Pérez aseguró que buscará continuar los proyectos de agua potable y alcantarillado destinados a los sectores que todavía presentan brechas.
El candidato afirmó que existen más de 150 pueblos y asentamientos humanos de Comas que no cuentan con agua potable y planteó cerrar estas brechas mediante el denominado Cuarto Esquema de Agua Potable.
Según explicó, el proyecto fue implementado durante su primera gestión y actualmente requeriría la elaboración del expediente técnico y la obtención de financiamiento.
Casa de la Inclusión Social y de la Cultura
Otra de las propuestas de Raúl Díaz Pérez para Comas es la construcción de una Casa de la Inclusión Social y de la Cultura.
De acuerdo con su planteamiento, este espacio concentraría servicios dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos una Casa del Adulto Mayor, una academia preuniversitaria municipal, un centro de idiomas y un centro de rehabilitación para personas con discapacidad.
Estadio Municipal de Comas
En materia deportiva, el candidato de Avanza País señaló que buscará gestionar la construcción del Estadio Municipal de Comas, proyectado en la zona de La Balanza.
Raúl Díaz Pérez y su gestión durante la pandemia
Durante la presentación de sus propuestas, Díaz Pérez también recordó su gestión durante la pandemia de COVID-19 y destacó la instalación de una planta de oxígeno medicinal destinada a atender a los vecinos de Comas.
El exalcalde busca volver a dirigir la Municipalidad de Comas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre. Su propuesta de campaña contempla como principales ejes la seguridad ciudadana, el acceso a servicios básicos, la inclusión social y el deporte.
Política
Congreso define a los integrantes de la Comisión de Ética: Harvey Colchado investigará denuncias contra parlamentarios
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, presidida por Óscar Reto Otero, acordó la conformación de la nueva Comisión de Ética Parlamentaria, grupo de trabajo que tendrá la responsabilidad de investigar y evaluar las denuncias por presuntas infracciones al Código de Ética cometidas por los legisladores durante el actual periodo congresal.
La comisión estará integrada por un representante de cada una de las seis bancadas con presencia en la Cámara Baja y ejercerá funciones durante los próximos dos años. Su instalación permitirá iniciar la evaluación de los primeros expedientes disciplinarios que ya fueron presentados ante el Congreso.
Seis congresistas integrarán la Comisión de Ética
Como parte del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, cada bancada designó a un representante para integrar este grupo de trabajo parlamentario.
Los miembros elegidos son:
- Mery Infantes Castañeda, por Fuerza Popular
- César Tito Rojas, por Juntos por el Perú
- Edwin Espinoza Huillca, por el Partido del Buen Gobierno
- Javier Cipriani Thorne, por Renovación Popular
- Heber López Letona, por el partido Obras
- Harvey Colchado Huamaní, por Ahora Nación
Los seis legisladores tendrán la misión de analizar las denuncias éticas presentadas contra parlamentarios y emitir recomendaciones sobre las eventuales sanciones que correspondan, conforme al reglamento interno del Congreso.
El Pleno deberá ratificar la conformación
Luego del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, informó que la conformación de la Comisión de Ética será sometida a ratificación por el Pleno de la Cámara Baja durante la sesión programada para el 5 de agosto.
Con la aprobación del Pleno, la comisión podrá instalarse oficialmente e iniciar el ejercicio de sus funciones, incluyendo la recepción y evaluación de los expedientes que permanecen pendientes.
Antes de conocerse la integración definitiva de la Comisión de Ética, el diputado Harvey Colchado ya había adelantado que uno de los primeros asuntos que deberá analizar el grupo será la denuncia presentada contra el legislador Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.
Pérez Mallqui es investigado por una presunta agresión contra su expareja, quien lo denunció por supuestos actos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica.
En declaraciones a la prensa, Colchado sostuvo que el Congreso tiene la obligación de investigar cualquier conducta que pueda vulnerar los principios éticos de la función parlamentaria.
“Lo que corresponde al Congreso es que la Comisión de Ética haga la investigación respectiva y, si se determina responsabilidad, deberá imponerse la sanción correspondiente. Aquí no se protegerá a nadie”, manifestó.
Asimismo, aseguró que la nueva comisión actuará con independencia y sin favorecer a ningún legislador por razones políticas.
“Aquí no habrá protección entre parlamentarios”
Durante sus declaraciones, Harvey Colchado también hizo referencia a la conocida expresión política “otorongo no come otorongo”, utilizada para cuestionar presuntos actos de protección entre congresistas.
El legislador afirmó que esa práctica no tendrá cabida en la actual Comisión de Ética y aseguró que todos los casos serán investigados con objetividad y respetando el debido proceso.
Explicó además que, debido a que el Congreso se encontraba en proceso de conformar sus comisiones ordinarias y especiales, era necesario esperar la instalación oficial del grupo antes de iniciar cualquier procedimiento disciplinario.
Renovación Popular solicita suspensión de Julián Pérez
En paralelo, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal por presuntas faltas éticas contra Julián Pérez Mallqui.
El documento, ingresado por Mesa de Partes del Congreso, solicita que el legislador cusqueño sea suspendido del ejercicio de sus funciones por 120 días de legislatura, además del correspondiente descuento de remuneraciones durante ese periodo.
La denuncia será remitida a la Comisión de Ética una vez que esta quede oficialmente instalada y comience sus labores.
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