Política
Ricardo Belmont deberá pagar 50 mil soles a Phillip Butters tras resolución del Poder Judicial
El Poder Judicial emitió un fallo que marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento público entre el candidato presidencial Ricardo Belmont y el conductor de televisión Phillip Butters. En segunda instancia, la justicia ordenó a Belmont pagar una reparación civil de 50 mil soles por daño moral, pese a que el delito de difamación agravada fue declarado prescrito.
El caso se originó en medio de una disputa entre ambos personajes por la planta transmisora ubicada en el Morro Solar, desde donde opera PBO Radio. En ese contexto, Butters interpuso una querella por difamación agravada contra Belmont, acusándolo de haber emitido declaraciones públicas en las que le atribuía delitos sin sustento y realizaba expresiones consideradas denigrantes sobre su salud mental.
En enero de 2025, una sentencia de primera instancia determinó que Belmont era responsable del delito, imponiéndole un año de prisión suspendida y el pago de 20 mil soles como indemnización. Sin embargo, el caso dio un giro en la segunda instancia.
Según la resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos, el delito de difamación agravada prescribió debido a una condición particular del acusado: al momento de los hechos, en 2022, Belmont tenía 77 años. De acuerdo con la legislación peruana, en estos casos los plazos de prescripción se reducen a la mitad.
Así, si bien el delito normalmente prescribe en un periodo de cuatro años y seis meses, en este caso el plazo se redujo a dos años y tres meses. Considerando que el último acto materia de la denuncia ocurrió en enero de 2023, el tribunal concluyó que el proceso penal prescribió en abril de 2025, dejando sin efecto la condena penal.
¿Qué se le atribuye a Ricardo Belmont?
No obstante, la decisión judicial no eximió a Belmont de responsabilidad civil. La Sala de Apelaciones determinó que las expresiones utilizadas contra Butters fueron “altamente ofensivas”, carecían de sustento probatorio y no podían ser justificadas bajo ningún contexto.
En la sentencia se detalla que Belmont atribuyó a Butters conductas ilícitas graves, incluyendo presuntos actos de corrupción, extorsión a familiares, problemas psiquiátricos y comportamientos antiéticos, sin presentar pruebas que respaldaran dichas afirmaciones. Para los magistrados, esta conducta evidencia un accionar doloso que generó un daño moral al querellante.
Phillip Butters había solicitado inicialmente una reparación civil de un millón de soles, argumentando el impacto de las declaraciones en su reputación, amplificado por la difusión masiva de los contenidos en plataformas digitales. Si bien la Sala reconoció que el fallo de primera instancia no valoró adecuadamente el alcance de dichas publicaciones, consideró excesivo el monto solicitado.
En ese sentido, los jueces decidieron revocar la indemnización inicial de 20 mil soles y elevarla a 50 mil soles, estableciendo un punto intermedio que reconoce el daño ocasionado, pero sin llegar a la cifra exigida por el demandante.
El caso aún no está completamente cerrado. Según se conoció, la defensa de Ricardo Belmont ha presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema del Perú, con el objetivo de revertir la decisión en el ámbito civil. No obstante, dicho recurso todavía no ha sido evaluado por la Sala Suprema Penal Permanente.
Este fallo pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los límites de la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de figuras públicas y conflictos mediáticos. Asimismo, evidencia que, aun cuando un delito penal prescribe, las consecuencias en el ámbito civil pueden mantenerse vigentes si se demuestra la existencia de un daño.
En un contexto donde la exposición mediática y digital amplifica el impacto de las declaraciones públicas, este caso se convierte en un precedente relevante sobre la responsabilidad en el uso de la palabra y las implicancias legales de difundir acusaciones sin pruebas.
Actualidad
Raúl Díaz Pérez propone inteligencia de la PNP y Fuerzas Armadas contra la delincuencia en Comas
Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País a la alcaldía de Comas, presentó sus propuestas de seguridad ciudadana para las Elecciones Municipales 2026. Su plan contempla mil cámaras de videovigilancia, drones y una mayor coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Comas enfrenta uno de sus principales desafíos de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026: la inseguridad ciudadana. En este escenario, Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País y exalcalde del distrito durante el periodo 2019-2022, presentó sus principales propuestas para combatir la delincuencia.
Según el reporte del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú (PNP) citado en la información, Comas figura entre los distritos con mayor número de denuncias relacionadas con inseguridad.
Entre los problemas que afectan a los vecinos se encuentran la extorsión al transporte público y al comercio, así como el robo de vehículos.
Raúl Díaz Pérez propone apoyo de la PNP y Fuerzas Armadas en Comas
Como parte de su propuesta de seguridad, Raúl Díaz Pérez plantea que la inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan operar en el distrito, mientras que la municipalidad brindaría apoyo logístico.
“Lo que proponemos es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas operen en Comas. Como gestión municipal, darle la logística necesaria: brigadas vecinales de seguridad ciudadana barrio por barrio, para que den información de primera mano a Inteligencia”, señaló el candidato.
El exalcalde también propone implementar mil cámaras de videovigilancia durante los primeros 100 días de una eventual gestión municipal, además de adquirir drones de alta tecnología para reforzar el patrullaje integrado con la Policía.
Mil cámaras y drones para combatir la delincuencia
La propuesta contempla la instalación de bases centrales de videovigilancia en sectores que, según el candidato, presentan una mayor incidencia delictiva.
Entre las zonas mencionadas se encuentran Collique, El Carmen Alto y La Libertad.
La estrategia planteada por Díaz Pérez incluye además la participación de brigadas vecinales, cuya función sería proporcionar información a los servicios de inteligencia.
Propuesta de agua potable para Comas
En materia de servicios básicos, Raúl Díaz Pérez aseguró que buscará continuar los proyectos de agua potable y alcantarillado destinados a los sectores que todavía presentan brechas.
El candidato afirmó que existen más de 150 pueblos y asentamientos humanos de Comas que no cuentan con agua potable y planteó cerrar estas brechas mediante el denominado Cuarto Esquema de Agua Potable.
Según explicó, el proyecto fue implementado durante su primera gestión y actualmente requeriría la elaboración del expediente técnico y la obtención de financiamiento.
Casa de la Inclusión Social y de la Cultura
Otra de las propuestas de Raúl Díaz Pérez para Comas es la construcción de una Casa de la Inclusión Social y de la Cultura.
De acuerdo con su planteamiento, este espacio concentraría servicios dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos una Casa del Adulto Mayor, una academia preuniversitaria municipal, un centro de idiomas y un centro de rehabilitación para personas con discapacidad.
Estadio Municipal de Comas
En materia deportiva, el candidato de Avanza País señaló que buscará gestionar la construcción del Estadio Municipal de Comas, proyectado en la zona de La Balanza.
Raúl Díaz Pérez y su gestión durante la pandemia
Durante la presentación de sus propuestas, Díaz Pérez también recordó su gestión durante la pandemia de COVID-19 y destacó la instalación de una planta de oxígeno medicinal destinada a atender a los vecinos de Comas.
El exalcalde busca volver a dirigir la Municipalidad de Comas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre. Su propuesta de campaña contempla como principales ejes la seguridad ciudadana, el acceso a servicios básicos, la inclusión social y el deporte.
Política
Congreso define a los integrantes de la Comisión de Ética: Harvey Colchado investigará denuncias contra parlamentarios
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, presidida por Óscar Reto Otero, acordó la conformación de la nueva Comisión de Ética Parlamentaria, grupo de trabajo que tendrá la responsabilidad de investigar y evaluar las denuncias por presuntas infracciones al Código de Ética cometidas por los legisladores durante el actual periodo congresal.
La comisión estará integrada por un representante de cada una de las seis bancadas con presencia en la Cámara Baja y ejercerá funciones durante los próximos dos años. Su instalación permitirá iniciar la evaluación de los primeros expedientes disciplinarios que ya fueron presentados ante el Congreso.
Seis congresistas integrarán la Comisión de Ética
Como parte del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, cada bancada designó a un representante para integrar este grupo de trabajo parlamentario.
Los miembros elegidos son:
- Mery Infantes Castañeda, por Fuerza Popular
- César Tito Rojas, por Juntos por el Perú
- Edwin Espinoza Huillca, por el Partido del Buen Gobierno
- Javier Cipriani Thorne, por Renovación Popular
- Heber López Letona, por el partido Obras
- Harvey Colchado Huamaní, por Ahora Nación
Los seis legisladores tendrán la misión de analizar las denuncias éticas presentadas contra parlamentarios y emitir recomendaciones sobre las eventuales sanciones que correspondan, conforme al reglamento interno del Congreso.
El Pleno deberá ratificar la conformación
Luego del acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, informó que la conformación de la Comisión de Ética será sometida a ratificación por el Pleno de la Cámara Baja durante la sesión programada para el 5 de agosto.
Con la aprobación del Pleno, la comisión podrá instalarse oficialmente e iniciar el ejercicio de sus funciones, incluyendo la recepción y evaluación de los expedientes que permanecen pendientes.
Antes de conocerse la integración definitiva de la Comisión de Ética, el diputado Harvey Colchado ya había adelantado que uno de los primeros asuntos que deberá analizar el grupo será la denuncia presentada contra el legislador Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.
Pérez Mallqui es investigado por una presunta agresión contra su expareja, quien lo denunció por supuestos actos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica.
En declaraciones a la prensa, Colchado sostuvo que el Congreso tiene la obligación de investigar cualquier conducta que pueda vulnerar los principios éticos de la función parlamentaria.
“Lo que corresponde al Congreso es que la Comisión de Ética haga la investigación respectiva y, si se determina responsabilidad, deberá imponerse la sanción correspondiente. Aquí no se protegerá a nadie”, manifestó.
Asimismo, aseguró que la nueva comisión actuará con independencia y sin favorecer a ningún legislador por razones políticas.
“Aquí no habrá protección entre parlamentarios”
Durante sus declaraciones, Harvey Colchado también hizo referencia a la conocida expresión política “otorongo no come otorongo”, utilizada para cuestionar presuntos actos de protección entre congresistas.
El legislador afirmó que esa práctica no tendrá cabida en la actual Comisión de Ética y aseguró que todos los casos serán investigados con objetividad y respetando el debido proceso.
Explicó además que, debido a que el Congreso se encontraba en proceso de conformar sus comisiones ordinarias y especiales, era necesario esperar la instalación oficial del grupo antes de iniciar cualquier procedimiento disciplinario.
Renovación Popular solicita suspensión de Julián Pérez
En paralelo, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal por presuntas faltas éticas contra Julián Pérez Mallqui.
El documento, ingresado por Mesa de Partes del Congreso, solicita que el legislador cusqueño sea suspendido del ejercicio de sus funciones por 120 días de legislatura, además del correspondiente descuento de remuneraciones durante ese periodo.
La denuncia será remitida a la Comisión de Ética una vez que esta quede oficialmente instalada y comience sus labores.
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