Una investigación periodística reveló una serie de presuntas irregularidades en contrataciones y ascensos dentro de la Defensoría del Pueblo, institución encabezada por Josué Gutiérrez Cóndor.

Según un reportaje de Cuarto Poder, los registros oficiales de visitas muestran que varias personas que posteriormente accedieron a órdenes de servicio o contratos bajo el régimen CAS habían sostenido reuniones previas con el defensor del Pueblo.

La abogada especializada en contratación pública Jhoanna Rodríguez cuestionó esta situación y señaló que resulta llamativo que personas que visitaron a altos funcionarios terminaran accediendo posteriormente a contratos con la institución.

Contratos tras reuniones con el defensor

Uno de los casos mencionados en el reportaje es el de Lucía Yalán Cano, quien visitó el despacho de Gutiérrez el 12 de junio de 2024.

Según la investigación, Yalán no tenía experiencia previa en el sector público. El 2 de agosto de ese año obtuvo su Registro Nacional de Proveedores y, diez días después, recibió su primera orden de servicio.

Posteriormente acumuló cinco órdenes y pasó al régimen CAS como asistente administrativa.

Al ser consultada sobre su visita al defensor del Pueblo antes de ser contratada, inicialmente negó el encuentro, luego lo reconoció y posteriormente indicó que no lo recordaba con precisión.

El reportaje también mencionó el caso de Nicole Mingos Medrano, quien visitó en dos oportunidades el despacho de Gutiérrez el 30 de julio de 2024.

Tres días después obtuvo su Registro Nacional de Proveedores y posteriormente recibió cuatro órdenes de servicio antes de ser contratada bajo el régimen CAS.

Contraloría observó experiencia para jefatura

Las observaciones también alcanzaron cargos de mayor responsabilidad dentro de la Defensoría.

El 25 de julio de 2024, Betbiary Díaz Coral fue designada jefa del Programa del Derecho a la Salud, puesto que requería un mínimo de cuatro años de experiencia específica.

De acuerdo con el reportaje, la Contraloría General de la República observó que Díaz Coral no acreditaba el tiempo requerido para ocupar el cargo.

Tras dejar la jefatura en enero de 2025, fue reincorporada como asesora I de la Subadjunta para el Derecho a la Salud y, posteriormente, ascendida al cargo de adjunta.

Rodríguez cuestionó que, pese a las observaciones sobre el perfil, la funcionaria continuara siendo designada en otros puestos dentro de la institución.

Reportan posible conflicto de interés

Otro de los casos expuestos corresponde a Margarita Yahuana Correa, quien anteriormente trabajó para la bancada a la que pertenecía Gutiérrez cuando fue congresista.

Mientras laboraba bajo el régimen CAS en la Defensoría, Yahuana participó en marzo de 2024 en un concurso público interno para acceder al régimen laboral 728.

Según un informe del Órgano de Control Institucional, Yahuana recopiló y consolidó información relacionada con procesos de contratación, incluido el concurso en el que participaba como postulante.

El informe señaló que esta situación habría vulnerado los principios de transparencia y neutralidad del proceso.

Tras ganar el concurso, su remuneración pasó de S/7.050 a S/14.906.

Fuentes de la Defensoría citadas por el reportaje señalaron que las recomendaciones del informe de control fueron corregidas.

Desde septiembre de 2025, Yahuana ocupa el cargo de directora general de Administración Interna de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

“Uno no puede ser juez y parte”, señaló Rodríguez al referirse a la participación de una persona en un proceso en el que previamente tuvo acceso a información relacionada con la convocatoria.

Las denuncias se producen en medio de nuevos cuestionamientos hacia la gestión de Josué Gutiérrez, quien también afronta una denuncia constitucional por declaraciones realizadas recientemente sobre el escenario político nacional.

Crecimiento de estándares de calidad en la atención del cáncer

En los últimos cinco años, el 56 % de los casos de cáncer en el Perú se diagnosticó en etapas avanzadas, según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE). Esta situación representa un desafío para el sistema sanitario nacional. Frente a este panorama, fortalecer la seguridad y oportunidad de los tratamientos basados en evidencia resulta fundamental. Para ello, contar con procesos auditados y personal calificado marca la diferencia en el cuidado del paciente.

En este escenario, Auna, a través de Clínica Oncosalud y Clínica Delgado Auna, obtuvo la certificación ASCO QOPI® (Quality Oncology Practice Initiative Certification Program). El reconocimiento, otorgado por la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), convierte a la institución en la única entidad del país en alcanzar este distintivo. La acreditación valida el cumplimiento de rigurosas métricas internacionales en seguridad, calidad asistencial y cuidado centrado en la persona.

“Tratar el cáncer exige decisiones complejas y una atención altamente especializada. Por eso, recibir esta certificación refleja nuestro compromiso permanente con la excelencia en salud y con ofrecer a cada paciente una atención alineada con los más altos estándares internacionales. Para ello, priorizamos un modelo de atención centrado en la persona, respaldado por un excelente equipo asistencial, con resultados clínicos medibles que generan la confianza de nuestros pacientes y sus familias en cada etapa de tratamiento”, señaló Bibiana Pérez, gerente de la Red Nacional de Oncología de Auna en Perú.

¿Qué factores evalúa la certificación internacional ASCO QOPI®?

El programa de evaluación no únicamente mide los resultados clínicos finales, sino que también examina la gestión integral del proceso asistencial. Entre los criterios auditados destacan la experiencia del personal sanitario, la administración segura de terapias, el uso de guías médicas actualizadas, la educación continua al entorno familiar y una cultura institucional enfocada en la mejora constante.

“Impulsamos una atención cada vez más segura, coordinada y estandarizada para nuestros pacientes, donde se involucran diversas especialidades clínicas. Además, fomentamos un seguimiento permanente que contribuye a la continuidad de los tratamientos y promueve una comunicación más efectiva con el paciente y su familia”, añadió la Dra. Paola Montenegro, directora médica de Oncología Perú Auna.

¿Cómo impacta la seguridad del paciente en el modelo de salud?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1 de cada 10 pacientes sufre daños al recibir atención médica. Por este motivo, la adopción de protocolos internacionales en el ámbito local ayuda a estructurar servicios más preventivos y coordinados entre distintas especialidades.

“Este logro, que busca seguir impulsando la transformación de la salud en el país y en la región, es el resultado del trabajo coordinado de todos nuestros equipos. Además, refleja años de fortalecimiento de nuestros procesos clínicos, inversión en seguridad del paciente, capacitación continua del personal y desarrollo de una cultura organizacional enfocada en la mejora permanente”, puntualiza la Dra. Montenegro.