Actualidad
Denuncian presuntas irregularidades en contrataciones de la Defensoría
Una investigación periodística reveló una serie de presuntas irregularidades en contrataciones y ascensos dentro de la Defensoría del Pueblo, institución encabezada por Josué Gutiérrez Cóndor.
Según un reportaje de Cuarto Poder, los registros oficiales de visitas muestran que varias personas que posteriormente accedieron a órdenes de servicio o contratos bajo el régimen CAS habían sostenido reuniones previas con el defensor del Pueblo.
La abogada especializada en contratación pública Jhoanna Rodríguez cuestionó esta situación y señaló que resulta llamativo que personas que visitaron a altos funcionarios terminaran accediendo posteriormente a contratos con la institución.
Contratos tras reuniones con el defensor
Uno de los casos mencionados en el reportaje es el de Lucía Yalán Cano, quien visitó el despacho de Gutiérrez el 12 de junio de 2024.
Según la investigación, Yalán no tenía experiencia previa en el sector público. El 2 de agosto de ese año obtuvo su Registro Nacional de Proveedores y, diez días después, recibió su primera orden de servicio.
Posteriormente acumuló cinco órdenes y pasó al régimen CAS como asistente administrativa.
Al ser consultada sobre su visita al defensor del Pueblo antes de ser contratada, inicialmente negó el encuentro, luego lo reconoció y posteriormente indicó que no lo recordaba con precisión.
El reportaje también mencionó el caso de Nicole Mingos Medrano, quien visitó en dos oportunidades el despacho de Gutiérrez el 30 de julio de 2024.
Tres días después obtuvo su Registro Nacional de Proveedores y posteriormente recibió cuatro órdenes de servicio antes de ser contratada bajo el régimen CAS.
Contraloría observó experiencia para jefatura
Las observaciones también alcanzaron cargos de mayor responsabilidad dentro de la Defensoría.
El 25 de julio de 2024, Betbiary Díaz Coral fue designada jefa del Programa del Derecho a la Salud, puesto que requería un mínimo de cuatro años de experiencia específica.
De acuerdo con el reportaje, la Contraloría General de la República observó que Díaz Coral no acreditaba el tiempo requerido para ocupar el cargo.
Tras dejar la jefatura en enero de 2025, fue reincorporada como asesora I de la Subadjunta para el Derecho a la Salud y, posteriormente, ascendida al cargo de adjunta.
Rodríguez cuestionó que, pese a las observaciones sobre el perfil, la funcionaria continuara siendo designada en otros puestos dentro de la institución.
Reportan posible conflicto de interés
Otro de los casos expuestos corresponde a Margarita Yahuana Correa, quien anteriormente trabajó para la bancada a la que pertenecía Gutiérrez cuando fue congresista.
Mientras laboraba bajo el régimen CAS en la Defensoría, Yahuana participó en marzo de 2024 en un concurso público interno para acceder al régimen laboral 728.
Según un informe del Órgano de Control Institucional, Yahuana recopiló y consolidó información relacionada con procesos de contratación, incluido el concurso en el que participaba como postulante.
El informe señaló que esta situación habría vulnerado los principios de transparencia y neutralidad del proceso.
Tras ganar el concurso, su remuneración pasó de S/7.050 a S/14.906.
Fuentes de la Defensoría citadas por el reportaje señalaron que las recomendaciones del informe de control fueron corregidas.
Desde septiembre de 2025, Yahuana ocupa el cargo de directora general de Administración Interna de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
“Uno no puede ser juez y parte”, señaló Rodríguez al referirse a la participación de una persona en un proceso en el que previamente tuvo acceso a información relacionada con la convocatoria.
Las denuncias se producen en medio de nuevos cuestionamientos hacia la gestión de Josué Gutiérrez, quien también afronta una denuncia constitucional por declaraciones realizadas recientemente sobre el escenario político nacional.
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Perú registró 70 millones de intentos de «phishing» en un año –
El phishing en el Perú alcanzó los 70 millones de intentos entre setiembre de 2025 y setiembre de 2026, según el estudio Panorama de Amenazas Perú 2025/2026 de Kaspersky, presentado en la Cyber Security Week 2026. El país registró un promedio de dos intentos por habitante, por encima del promedio latinoamericano de 1,57, y se ubicó detrás de Brasil. El informe destacó la suplantación de identidad como uno de los rasgos del panorama peruano.
El phishing recurre a correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas o sitios web fraudulentos para hacerse pasar por una persona o entidad de confianza. El engaño busca que el usuario entregue información confidencial, como sus credenciales de acceso, o descargue un programa malicioso.
El estudio indicó que las páginas de phishing representaron el 3,76 % de los casos y que el sector gubernamental concentró el 41,87 % de los incidentes detectados. Entre las amenazas frecuentes en el país también figuraron los programas que muestran publicidad no deseada, conocidos como adware, y las herramientas que convierten los equipos en servidores proxy.
Las amenazas en dispositivos móviles registraron el mayor crecimiento, con un alza del 50 %. Triada fue la más frecuente en esta categoría, según el reporte. En el mismo periodo, Kaspersky registró 39 millones de bloqueos de malware, equivalentes a 1,12 por habitante, con un incremento del 1 %.
El informe también reportó caídas en dos tipos de amenazas informáticas. Los ataques de ransomware, que bloquean el acceso a archivos o sistemas para exigir un rescate, disminuyeron un 30 %. Los troyanos bancarios, diseñados para robar información financiera, cayeron un 20 %.
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PJ amplió por nueves meses la prisión preventiva contra Adrián Villar por muerte de deportista –
El Poder Judicial (PJ), a través del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima, amplió por nueve meses la prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, investigado por la muerte de la deportista Lizeth Marzano en el distrito limeño de San Isidro.
La medida dictada por el tribunal se produce a casi un mes de que expirara la prisión preventiva que se le impuso el 5 de marzo pasado, en el marco de la investigación que afronta por los presuntos delitos de fuga tras accidente de tránsito, homicidio culposo y omisión al socorro.
Horas antes de esta decisión, el tribunal había rechazado el pedido de cese de prisión preventiva solicitad por la defensa de Villar Chirinos.
Con esta ampliación, la prisión preventiva del joven investigado vencerá el 24 de agosto de 2027.
Como se recuerda, el pasado 16 de febrero, la seleccionada peruana de apnea (buceo libre), Lizeth Marzano, trotaba al lado de la vereda en las inmediaciones de la avenida Camino Real, frente a la sede de Lima Golf Club, en San Isidro; cuando fue embestida por el vehículo conducido por Adrián Villar (21).
Alrededor de las 11:20 p.m., Villar atropelló con su vehículo por la espalda a Lizeth, quien terminó tendida en la calzada. El joven, continuó su camino. La deportista falleció en el Hospital Casimiro Ulloa.
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