Buena parte de los fondos por Financiamiento Público Directo (FPD) recibidos por los partidos que lograron escaños en el período 2021-2026 se destinó principalmente a gastos administrativos y no a formación ni capacitación partidaria. Así lo revelan los informes técnicos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que fiscalizaron cómo las agrupaciones políticas hicieron uso de dicho dinero entre julio y diciembre de 2024.  

Tres de los partidos con mayor presencia en el actual Parlamento –Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Renovación Popular– incumplieron con ejecutar el mínimo del 50 % del FPD para fortalecer la formación de militantes, como exige la norma vigente. 

Más bien, el partido liderado por Rafael López Aliaga usó parte del dinero en la compra de artículos que posiblemente serán usados en la próxima campaña electoral del 2026. 

Y, en el caso del partido de Keiko Fujimori, para pagarle una maestría a una trabajadora del Congreso.

Renovación Popular

El partido del exalcalde de Lima y actual candidato a la presidencia del Perú destinó una parte del dinero recibido del Estado a la compra de gorros, polos y chalecos con la simbología del partido. El partido celeste contrató a una empresa sin acreditación formal, como revela el informe de la ONPE. 

Asimismo, la Asociación Cristiana de Asesores Políticos (ACAP) brindó actividades de capacitación por un monto de S/ 82,320. Según la base de datos de la Sunat y el registro de asociaciones, ACAP no contaba con formalización legal ni capacidad para emitir comprobantes válidos antes del 11 de junio de 2024, fecha en la cual se inscribió como contribuyente.

La asociación se constituyó recién el 9 de abril de 2024. ¿Cómo pudo celebrar contratos? 

El propietario de la asociación, el publicista argentino Ariel Correa, fue asesor político argentino de López Aliaga hasta mediados de 2025, cuando rompieron vínculos en medio de un escándalo público por presuntos pagos informales y fragmentados.

En el mismo período, Renovación Popular tampoco ejecutó gastos para actividades de investigación, capacitación ni difusión. En el informe de fiscalización de la ONPE se observa que el monto de ejecución en estos rubros es S/ 0.00. 

Estas actividades, según la Ley y el Reglamento de la ONPE, son consideradas esenciales para asegurar la transparencia, institucionalidad y el desarrollo democrático de las organizaciones políticas.

Maestría para militante

Los informes técnicos de la ONPE también revelan que el partido de Keiko Fujimori financió el pago de maestrías a tres personas con el FPD. 

Los beneficiados fueron Vanesa Acuña, Eduardo Mory y Sandra Limbermert. Pero hay un detalle. El pago por dichos posgrados sobrepasa el período del quinquenio 2021-2026, que es el lapso en el cual debe ser utilizado el dinero.

Proceso sancionador 

El 14 de marzo de 2025 la ONPE solicitó a Fuerza Popular explicaciones sobre la utilización del FPD para financiar estudios de posgrado. 

Le preguntaron sobre los criterios de selección de los beneficiarios, si la capacitación contribuye a los objetivos del partido, al cumplimiento de los principios de igualdad, paridad y no discriminación, a los mecanismos de retribución al partido y a la manera en que estas actividades fortalecen la organización. 

Fuerza Popular respondió una semana después señalando que los tres beneficiarios –Sandra Limbermert, Eduardo Mory y Vanessa Acuña– fueron propuestos por los secretarios nacionales y que la universidad ESAN aceptó a los postulantes tras evaluar sus perfiles profesionales, académicos y laborales.

Sobre la retribución al partido, aseguró que los beneficiarios podrían compartir sus experiencias en la Escuela Naranja, la Escuela de Jóvenes y otros programas dirigidos a adolescentes, y mejorar el desempeño personal de los beneficiarios en instituciones públicas. 

Para la ONPE esa respuesta fue insatisfactoria, pues el FPD debe ser destinado “exclusivamente a formación partidaria”.

Vanessa Acuña

Una de las beneficiarias con los estudios de maestría, Vanessa Acuña Cárdenas, es militante activa de Fuerza Popular, excandidata al Congreso por Loreto en 2021 y trabajadora desde ese año del Congreso. Es bachiller en Ciencias Políticas por la UNMSM y percibe un salario de S/ 7,200 mensuales. 

Como militante es muy activa. En sus redes sociales publicó un video en TikTok bailando en los exteriores del Poder Judicial, mientras su líder, Keiko Fujimori, enfrentaba el inicio del juicio por el caso Cócteles, el 2 de julio de 2024. Ese día, ella debía estar laborando en el Congreso como técnica parlamentaria. 

APP no investiga ni capacita

Según la ONPE, solo el 15 % del FPD fue destinado por APP a actividades de formación, capacitación e investigación, muy por debajo del mínimo del 50 % exigido por la norma. 

La ONPE recomendó al partido actualizar y fortalecer sus procedimientos de control interno, asegurando la correcta gestión, contabilización y uso de los recursos económicos, en línea con lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (RFSFP). 

Asimismo, lo instó a priorizar las actividades de capacitación bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres, garantizando que los recursos públicos cumplan su finalidad de fortalecer institucionalmente al partido y a sus militantes.

Hablan los expertos

El abogado penalista Andy Carrión dijo para este informe que los hechos contenidos en el informe de la ONPE tendrían “consecuencias legales”. 

También se refirió al pago de las maestrías de tres militantes de Fuerza Popular. 

“Más allá del procedimiento administrativo, desde mi perspectiva, también podría configurarse algún tipo de delito. Si se deriva una partida a una finalidad distinta, podemos hablar del delito de peculado o malversación de fondos, porque los fondos del Estado siempre deben derivarse a la finalidad previamente establecida”, explicó. 

Aseguró que el problema radica en que una de las beneficiarias de la maestría es una trabajadora del Congreso. 

“Una maestría, un diplomado u otra formación que no tiene un beneficio directo al partido político debería estar regulado para que no entre dentro del financiamiento”, precisó, añadiendo que “como la ley es gaseosa, podría interpretarse como un beneficio indirecto al partido porque son sus miembros quienes se capacitan”. 

Por su parte, el exoficial Mayor del Congreso, José Elice, dijo que usar el FPD para pagar maestrías es un asunto “esencialmente administrativo”. 

Respecto del gasto ejecutado fuera del quinquenio 2021-2026, Hélice refirió que “se trata de una infracción que la ONPE debe tomar con absoluta rigurosidad”. 

“En lo del quinquenio sí hay que ser estricto, son cinco años, y sólo dentro de ese período se puede gastar. Lo que puede ocurrir es que tengan que devolver el dinero gastado fuera del periodo”, afirmó. 

Para el exoficial mayor y exministro del Interior, dicha delimitación temporal no es opcional y constituye uno de los límites más nítidos para evitar el uso discrecional del financiamiento.

“El resto del tiempo los partidos no existen, entonces, no hay escuela de ciudadanía, no hay escuela de función pública, no hay escuela de autoridades, no hay escuela de parlamentarios, no hay nada”, cuestionó.

Frente a este escenario, surge la pregunta de cómo han gastado los partidos los fondos recibidos en el período 2025, cuand estamos ad portas del proceso electoral 2026. 

Escribe: Claudia Torres Molina