El economista, que preside la comisión del MEF encargada de reformar el sistema de inversión pública, atribuye los retrasos de la empresa a un problema de gestión más que de falta de recursos. Descarta que el cambio implique un alza de tarifas.

Las inundaciones que afectaron distritos del sur de Lima en las últimas semanas volvieron a poner en evidencia, según el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Milton von Hesse, las deficiencias estructurales de Sedapal. En entrevista con RPP, el economista, que hoy encabeza la comisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargada de reformar el sistema de inversión pública, calculó que entre la viabilidad de un proyecto de la empresa y su inauguración suelen pasar más de diez años.

Para Von Hesse, el problema no es la escasez de fondos, sino la forma en que se administra la compañía. Recordó que, pese a los altos niveles de inversión pública destinados al sector en la última década, las brechas de acceso y calidad del agua no se han cerrado. Su propuesta no pasa por privatizar Sedapal, sino por incorporar gestión privada bajo un esquema mixto. «Lo que hay que hacer es una asociación público-privada en el modelo de gestión», señaló, manteniendo la propiedad estatal y la regulación a cargo del Estado, pero con incentivos para mejorar la eficiencia y sancionar el mal desempeño.

El exministro citó como antecedente que Sedapal ya tiene participación privada en proyectos como la planta de Huachipa, Provisur y varias plantas de tratamiento de aguas residuales, y que ese camino podría extenderse hacia una gestión integral de la empresa. Aclaró, además, que este cambio no debería traducirse en un alza de las tarifas del agua, pues conoce propuestas privadas que plantean cerrar las brechas del servicio en Lima sin modificar los recibos durante varios años. Von Hesse vinculó este diagnóstico con un problema más amplio: el crecimiento desordenado de la capital y la falta de planificación urbana frente a otros riesgos, como un eventual terremoto de gran magnitud.

Fuente: RPP

Los transportistas advierten que la medida quedará sin efecto si la presidenta Keiko Fujimori los recibe antes de esa fecha, luego de meses pidiendo una audiencia para exponer sus propuestas frente a la ola de extorsiones.

Once gremios de transporte, agrupados en la Unión Gremial de Lima y Callao, convocaron a una paralización total del servicio urbano para el próximo martes 25 de agosto en protesta por la falta de respuesta del Ejecutivo frente a la ola de extorsiones y asesinatos que golpea al sector. Entre los firmantes del comunicado figura Herbert Quispe Yerán, representante de Transportes Unidos del Cono Norte, gremio que agrupa a empresas de Lima Norte.

Los dirigentes explicaron que la medida responde al silencio del Gobierno ante las propuestas técnicas que presentaron meses atrás, y a la reiterada negativa de la presidenta Keiko Fujimori de concederles una audiencia. Entre los casos que motivan la protesta mencionaron el asesinato, el 6 de agosto, del gerente de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego en Los Olivos, y ataques más recientes como el ocurrido contra un chofer de miniván en la avenida Túpac Amaru, en Comas. En su comunicado, los gremios remarcaron: «No exigimos privilegios, exigimos condiciones mínimas para trabajar sin morir en el intento».

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, uno de los voceros de la medida, precisó que 11 gremios que representan a más del 80% del servicio regular respaldan el paro, y descartó que la protesta busque generar disturbios. Indicó que será un «apagado de motores». Vargas insistió en que el reclamo central es que el Gobierno transparente su estrategia de seguridad. «Queremos saber cuál es su política que va a implementar», señaló. Añadió que, de no contar con un plan, las autoridades deberían considerar las propuestas ya presentadas por los propios transportistas. Los pedidos del gremio incluyen el fortalecimiento de unidades policiales especializadas, el control de comunicaciones en penales y presencia permanente de agentes en paraderos de alto riesgo.

Fuente: RPP