La crisis por la creciente ola de extorsiones que golpea al transporte urbano en Lima y el Callao vuelve a poner en tensión al Ejecutivo y a los gremios del sector. Este martes por la tarde, el presidente de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), Martín Ojeda, junto a otros dirigentes de los transportistas urbanos, sostendrán una reunión clave con el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, en la sede de la PCM, con el objetivo de conocer los avances concretos de las acciones adoptadas por el Gobierno frente a las organizaciones criminales que mantienen en zozobra al sector.

El encuentro se produce en un contexto marcado por amenazas, asesinatos y paralizaciones reiteradas del servicio. En declaraciones al diario Perú21, Ojeda confirmó que esta será la segunda reunión sostenida con el premier en menos de dos semanas. “Nos hemos reunido la semana pasada con el premier, hemos visto uno que otro avance en la unidad operativa del coronel Revoredo y hoy tenemos una nueva reunión en PCM. Creo que ha bajado un poco el decibel para hacer un paro este fin de año. Vamos a esperar la reunión para tomar una decisión”, señaló.

La posibilidad de un nuevo paro de transportistas, que afectaría a miles de usuarios en la capital y el primer puerto, aún no está descartada. Según Ojeda, la decisión dependerá de los compromisos que asuma el Ejecutivo y de las garantías reales que se ofrezcan para proteger la vida de conductores y cobradores, quienes son los principales blancos de las bandas extorsivas.

Uno de los casos que ha generado mayor alarma es el de la empresa Etcapsa, que cubre la ruta Ate–Callao y mantiene sus unidades fuera de circulación desde hace tres días. La suspensión del servicio se produjo luego de que los conductores recibieran amenazas directas de una organización criminal que exige el pago de cupos: S/ 10,000 por concepto de “inscripción” y otros S/ 10,000 mensuales para permitirles operar.

“Los han amenazado, los apoyamos y entendemos su situación, pero la decisión que se tome es por mayoría. Hemos tenido tres paros en menos de tres meses”, afirmó Ojeda, al referirse a la posición del gremio frente a la paralización del servicio. La reiteración de protestas refleja, según los transportistas, la falta de resultados efectivos por parte del Estado.

El dirigente gremial también cuestionó la ausencia de garantías frente a la violencia criminal. “¿Qué garantía tenemos de que no vuelvan a asesinar a un transportista más?”, se preguntó, al recordar que varios conductores han sido víctimas de ataques armados en los últimos meses.

Entre los puntos que se abordarán en la reunión con el premier Álvarez figura la coordinación con las operadoras telefónicas para cortar de manera inmediata las líneas celulares utilizadas para realizar llamadas extorsivas. Ojeda indicó que ya se han sostenido encuentros con representantes de las empresas de telecomunicaciones y con la Policía Nacional, y que se busca sancionar a aquellas compañías que no cumplan con el bloqueo de estos números. Además, se exige detener la venta indiscriminada de chips telefónicos, considerada una de las principales herramientas del crimen organizado.

Otro aspecto pendiente es la articulación con las entidades financieras, a fin de rastrear los pagos extorsivos y cerrar los circuitos de lavado de dinero. “También nos falta reuniones con las entidades financieras”, precisó Ojeda.

Finalmente, los transportistas insistirán en la revisión o derogación de las leyes 31990, 32108 y 32181, conocidas por el gremio como las “leyes pro crimen”, al considerar que han debilitado la lucha contra la delincuencia y favorecido la impunidad.

Mientras se desarrolla la reunión en la PCM, la empresa Etcapsa mantiene su flota detenida para salvaguardar la vida de su personal. En uno de los mensajes enviados por la banda criminal autodenominada “Los Malditos de la Avenida Venezuela”, se advierte: “Caso contrario, de no tener respuesta de ustedes en el plazo de veinticuatro horas, chóferes serán los afectados. Ojo que en ruta nadie los cuida”.

El resultado de esta reunión será determinante para definir si el transporte urbano cierra el año con nuevas paralizaciones o si el Ejecutivo logra frenar una crisis que amenaza con desbordarse.