El abogado Humberto Abanto, defensa legal del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, evitó pronunciarse sobre el paradero de su patrocinado luego de que este no fuera ubicado durante los allanamientos realizados en el marco del caso denominado ‘Los Socios del Callao’. La diligencia fue ejecutada por la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR) en coordinación con las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El operativo comprendió el allanamiento de 27 inmuebles y la ejecución de detenciones preliminares contra presuntos integrantes de una organización criminal que, según la tesis fiscal, habría operado al interior del Gobierno Regional del Callao durante el año 2023. De acuerdo con la investigación, esta red estaría liderada por el propio gobernador regional, quien cuenta con una orden de detención preliminar vigente y no fue hallado en su vivienda ni en otros inmuebles vinculados a la investigación.

Ante la ausencia de Ciro Castillo, la prensa abordó a su abogado para conocer detalles sobre su ubicación actual. Sin embargo, Abanto se negó a responder. “No voy a contestar ese tipo de preguntas, me van a disculpar, pero yo voy a decidir qué respondo y qué no respondo”, señaló visiblemente incómodo. Cuando se le consultó directamente si el gobernador se encontraba prófugo de la justicia, respondió: “No opino sobre opiniones, preséntenme hechos y yo encantado hablo”, antes de retirarse del lugar.

El letrado también sostuvo que su defensa no ha sido notificada formalmente sobre la carpeta fiscal que sustenta la investigación. Según afirmó, no se les ha solicitado descargos ni se les ha convocado para brindar declaraciones, y negó que el proceso se encuentre formalizado. “Cuando una investigación está formalizada no se realizan diligencias de allanamiento”, sostuvo, cuestionando la legalidad del procedimiento fiscal.

Pese a ello, anunció que presentará un recurso de apelación contra la detención preliminar de 15 días dictada contra su patrocinado. Abanto reconoció que, al tratarse de un funcionario público, Ciro Castillo no cuenta con inmunidad que lo proteja frente a una medida restrictiva de este tipo, pero insistió en que la defensa hará uso de las herramientas legales correspondientes.

El expediente fiscal detalla que la presunta organización criminal habría evitado los procesos de selección establecidos por la normativa de contrataciones del Estado, direccionando de manera irregular más de 60 órdenes de compra y de servicio. El monto total de estas contrataciones asciende a S/ 1 461 121.10, recursos públicos que habrían beneficiado a proveedores previamente coordinados.

En total, son investigados 15 funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional del Callao, quienes habrían participado en la emisión irregular de documentos administrativos para favorecer a determinados proveedores. La Fiscalía sostiene que existía una coordinación interna entre áreas clave como logística, almacén y adquisiciones, lo que habría permitido ejecutar los contratos sin cumplir los requisitos legales.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha detenido preliminarmente a Jimmy Alexander Huck Cárdenas, asesor del gobierno regional, y a Hiromi Zúñiga Jauri, jefa de la Oficina de Logística del GORE Callao. Las detenciones también alcanzaron a encargados de almacén, especialistas en adquisiciones y presuntos proveedores que habrían formado parte de la red investigada.

En medio de las diligencias, el director contra la Corrupción de la PNP, general Luis Lara, informó que Ciro Castillo fue visto por última vez hace cuatro días. Precisó que la Policía se encuentra siguiendo algunas pistas que podrían conducir a su ubicación en las próximas horas. “Estamos tras algunos rastros que podrían darnos resultados pronto”, declaró.

El silencio del abogado Humberto Abanto sobre el paradero del gobernador regional ha incrementado la atención mediática y la expectativa pública en torno al caso ‘Los Socios del Callao’, una investigación que apunta a una presunta red de corrupción enquistada en una de las principales entidades del Estado en el primer puerto.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para ubicar a Ciro Castillo y esclarecer la magnitud de los presuntos actos ilícitos cometidos. El caso se perfila como uno de los más relevantes en materia de corrupción regional y podría tener importantes repercusiones políticas y judiciales en los próximos días.