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Hacinamiento carcelario se agrava mientras fallan la inversión pública y las políticas de prevención del delito
Un análisis de Videnza Instituto alerta que el sistema penitenciario opera al borde del colapso y que la ausencia de prevención sigue alimentando la inseguridad en las calles.
El Perú enfrenta una crisis penitenciaria sin precedentes. Según un reciente análisis de Videnza Instituto, el país alberga 103 mil internos en establecimientos diseñados para 42 mil, lo que representa un hacinamiento del 147 % y escenarios extremos en regiones como Huancavelica (462 %) y el Callao (440 %). Todo esto ocurre a pesar de que el presupuesto en seguridad se triplicó en la última década. El informe advierte que el sistema actual solo profundiza la inseguridad: “La privación de libertad no funciona como un puente hacia la reintegración”, señala Videnza.
Mientras la población penitenciaria casi se duplicó entre 2007 y 2024, la infraestructura no avanzó al mismo ritmo. De 53 obras a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 25 no tienen ejecución financiera, lo que compromete más de S/1,326 millones, y solo S/59 millones se han ejecutado este año. Para Videnza Instituto, esta brecha evidencia que el problema “no es coyuntural, sino estructural”.
El análisis subraya que la ampliación de infraestructura no basta si no se enfrenta la operación criminal desde dentro de las cárceles. Propone bloquear comunicaciones ilegales, implementar un sistema integrado de información para evitar traslados discrecionales y reforzar la inteligencia penitenciaria. También plantea ampliar medidas alternativas para adolescentes y personas primarias, a fin de frenar el colapso del sistema.
La crisis se agrava con un creciente número de trabajadores penitenciarios investigados por corrupción —casi 50 solo este año—, lo que, según el informe, convierte a los penales en espacios donde el delito se reproduce y se fortalece. Videnza Instituto concluye que el país no podrá enfrentar la inseguridad sin una reforma profunda del sistema penitenciario basada en tecnología, transparencia y programas efectivos de reinserción. La advertencia es contundente: la seguridad ciudadana “no es una opción: es una urgencia impostergable”.
Fuente: Gestión
Especialistas advierten que el próximo Gobierno deberá ordenar las finanzas públicas y garantizar estabilidad.
La inversión privada en Perú creció 10 % en 2025 y alcanzó tasas de dos dígitos por primera vez en 14 años. Este avance favoreció el empleo formal y podría reducir la pobreza de 27 % a 25 %. Sin embargo, la economía aún crece por debajo de su potencial de 5 %, pese a un contexto internacional favorable impulsado por los altos precios de minerales como el oro y el cobre.
“El contexto internacional es particularmente favorable (…) debería haber impulsado a la economía a crecer alrededor de 5 %, un nivel que ya alcanzamos en un periodo de precios altos”, señaló Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE). No obstante, advirtió que la inestabilidad política sigue siendo un freno definitivo. En esa línea, Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, afirmó: “El entorno político, sin duda, ha sido el principal obstáculo para que el Perú tenga un crecimiento más alto”.
A estos desafíos se suman riesgos como la minería ilegal y el deterioro fiscal. “Nosotros estimamos que en 2025 la exportación con origen ilegal igualó por primera vez virtualmente a las exportaciones de origen legal”, alertó Maita. Además, destacó que la deuda pública podría llegar a 70 % del PBI en 2036 si no se controla el gasto.
En ese contexto, Maita subrayó la necesidad de que el próximo mandatario ordene las finanzas públicas y mantenga la estabilidad económica. “Uno de los principales [retos] va a ser mantener y fortalecer los pilares que ya sostienen el crecimiento de nuestro país (…). Esto implica ordenar un poco las cuentas y no impulsar sobre todo gastos que no tengan un adecuado financiamiento detrás”, indicó. También remarcó la importancia de preservar la estabilidad monetaria y la independencia del Banco Central de Reserva (BCR).
Fuente: InfoActiva
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NUEVE DE CADA 10 ECONOMISTAS CONSIDERAN DESFAVORABLES LAS PROPUESTAS DE JUNTOS POR EL PERÚ, REPORTÓ GESTIÓN
“El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó los resultados de la cuarta edición de su iniciativa “Los principales economistas opinan”, que recoge información mensual sobre los temas más urgentes de la coyuntura económica y de las políticas públicas. (…)
El documento reflejó que existe consenso sobre propuestas desfavorables de Juntos por el Perú. A dos semanas de la primera vuelta, 9 de cada 10 de los encuestados considera desfavorables o muy desfavorables las propuestas de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) respecto a sostenibilidad fiscal (93%), condiciones para la inversión privada (92%), seguridad ciudadana y control de economías ilegales (92%) y generación de empleo formal (89%).”, reportó Gestión.
Fuente: Gestión
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