Reporte del JNE expone condenas vigentes y cumplidas en las hojas de vida de candidatos a la Presidencia y el Senado.

A solo tres meses de las Elecciones Generales 2026, una exhaustiva revisión de las hojas de vida en el portal Declara+ del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revela que 252 candidatos registran sentencias condenatorias en sus antecedentes. Estos postulantes integran las listas de 35 de las 38 organizaciones políticas en competencia, aspirando a cargos en la Presidencia, vicepresidencias, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

La información, de carácter público, consigna mayoritariamente que los implicados se encuentran en condición de rehabilitados, aunque las infracciones declaradas incluyen delitos graves contra la administración pública y actos de violencia.

Antecedentes en las fórmulas presidenciales

En la carrera por el Ejecutivo, destacan casos de figuras que aspiran a la máxima magistratura o a las vicepresidencias con historial judicial. El candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra Cornejo, declaró una sentencia por peculado, delito que implica la apropiación indebida de fondos estatales. Por otro lado, Alejandro Soto, quien postula a la segunda vicepresidencia por Alianza para el Progreso (APP), consigna tres condenas por difamación. Ambos candidatos han manifestado ante el ente electoral haber cumplido sus penas y contar con rehabilitación vigente.

El Senado: diversidad de delitos y perfiles judiciales

La lista de aspirantes al Senado presenta un panorama crítico, con una marcada presencia de delitos vinculados a la corrupción de funcionarios, así como faltas contra la vida y la seguridad pública. A continuación, se detallan algunos de los candidatos con condenas declaradas:

Brecha ética y barreras legales para el 2026

Expertos y organizaciones civiles advierten una profunda desconexión entre la oferta partidaria y las demandas sociales. Según la Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción 2025, el 68% de los peruanos prioriza la honestidad e integridad por encima de la experiencia política.

El especialista José Tello señaló que los partidos parecen priorizar capacidades económicas o ideológicas sobre el perfil ético, ignorando el rechazo ciudadano a los antecedentes penales.

Asimismo, la vigencia de la Ley 30717 plantea un escenario de exclusión inminente. La norma prohíbe la postulación de personas condenadas por delitos dolosos como colusión o peculado, incluso si ya fueron rehabilitadas. Bajo este marco legal, candidaturas como la de Mario Vizcarra podrían ser tachadas por el JNE al registrar una sentencia por peculado, lo que generaría una reconfiguración de las listas electorales en las próximas semanas.