Investigan a la vicepresidenta por recaudar aportes que se exigían a trabajadores del GORE Junín para pagar reparación de Vladimir Cerrón y financiar a Perú Libre. Viceministro Braulio Grajeda también fue incorporado en indagación.

Nuevas evidencias motivaron que el fiscal Richard Rojas Gómez incluyera a la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, en la investigación por presunto lavado de activos que desarrolla por el supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido Perú Libre, del cual ella es militante.

Rojas decidió incorporar a Boluarte debido a las declaraciones de colaboradores eficaces y a la nueva evidencia encontrada por el Ministerio Público en la indagación del caso, que surgió a raíz de otra investigación fiscal: la de Los Dinámicos del Centro.

Braulio Grajeda, actual viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y afiliado a Perú Libre, también ha sido comprendido en la investigación del financiamiento de las campañas del partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia.

Ambos funcionarios y excandidatos al Congreso de Perú Libre en Lima Metropolitana abrieron una cuenta mancomunada en el BCP en la que –según la indagación fiscal– se recaudaron aportes ilícitos de S/100 mensuales que hacían todos los trabajadores que estaban en la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS) del Gobierno Regional (GORE) de Junín, en poder de la agrupación política, y dinero para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, fundador del partido y exgobernador de Junín, por su condena por corrupción.

El fiscal Rojas está a cargo de la investigación del presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre luego de que la Fiscalía de Lavado de Activos decidiera unir las carpetas del caso, que incluía la indagación que se realizaba en Junín a dirigentes de Huancayo del partido.

—Testimonio—

Entre las declaraciones que describen el papel de Boluarte y Grajeda en la recaudación de dinero está el testimonio del aspirante a colaborador eficaz 04-2021, que señaló: “La orden es de la cúpula de Perú Libre a nivel nacional, liderada por Vladimir Cerrón Rojas, a través de los diferentes grupos de WhatsApp del partido, tales como ‘Mujeres Perú Libristas’, ‘CEN’, ‘Perú Libre Nacional’, ‘Juventudes Nacionales Perú Libre’ era difundir el número de cuenta a nombre de Dina Boluarte y Braulio Grajeda.

Vouchers de depósitos que recopilaba la jefa de personal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del GORE Junín, Marina Asunción Vásquez López, para que esta entregara al comité regional del partido, a cargo de Bladimir López Leiva y Jackeline Flores Peña, los aportes voluntarios de los trabajadores CAS; era la suma de S/100 para los trabajadores, y los funcionarios debían de dar un monto mucho mayor, aportes que en realidad eran obligatorios condicionados a la renovación de sus contratos”.

El mismo colaborador sostuvo que parte del dinero provendría del cobro de coimas y cupos de trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín: “De los pagos efectuados en la suma de S/100 a los trabajadores CAS era de sus respectivos sueldos, pero obligados a aportar, tal como ya lo mencioné, pero los funcionarios daban una cuota mucho mayor.

Algunos S/10.000, que provenían de coimas que pagaban los usuarios para la obtención de sus licencias de conducir, por contrataciones de servicios, obras en mantenimiento de vías, entre otros, etc., que incluso estos funcionarios en algunos casos depositaban por intermedio de terceras personas para que no figuren sus verdaderos nombres”. Estos sobornos son los que se investigan en el Caso Los Dinámicos del Centro.

También afirmó que la exigencia de dichos aportes tendría como finalidad el pago de la reparación civil de Cerrón: “Sí exigieron aportes a todos los trabajadores contratados aunque no seas del partido, era obligatorio para la permanencia del puesto de trabajo, y que si no aportas te sacan del trabajo con algún pretexto. En ese contexto existen depósitos a la cuenta de ahorros N° 19300981787002 del BCP, a nombre de Dina Boluarte y Grajeda Braulio. Este dinero estaba estimado al pago de la caución de Vladimir Cerrón Rojas, la orden era depositar S/100 por cada trabajador”, indicó el colaborador 04-2021.

En el documento de ampliación de la pesquisa del caso que investiga el fiscal Rojas Gómez, en la cual se incorpora a Boluarte como investigada, se incluye la declaración que la vicepresidenta y ministra dio a la fiscalía el 16 de setiembre de este año, en la que menciona el número de la cuenta en el BCP y el pago de la reparación. “También se abren cuentas mancomunadas con el Sr.
Braulio Grajeda Bellido el 1 de noviembre del 2020 en el BCP de ahorros en soles Nro. 193-00981787-0-02 y dólares 193-00981781-1-96, la última cuenta bancaria por acuerdo del Comité Ejecutivo Regional (CER)-Lima, esto con la finalidad de colaborar y apoyar con el pago de la reparación civil del secretario general de Perú Libre y evitar que vaya a prisión “, indicó la hoy ministra.

A inicios de julio de este año, El Comercio informó que Boluarte transfirió S/15.709 a Cerrón desde la cuenta mancomunada del BCP (lo hizo el 15 de diciembre del 2020). En ese momento, la ahora vicepresidenta afirmó que como secretaria de economía del partido abrió una cuenta, ya que Cerrón pidió la colaboración económica de los militantes para pagar la reparación civil por la condena por corrupción que se le dictó.

Ante ese pedido, el comité ejecutivo regional de Perú Libre decidió apoyar “solidariamente ese requerimiento”.

La fiscalía no descarta que Boluarte “haya realizado actos de lavado de activos que hayan tenido como objetivo financiar indebidamente su campaña política, como la de otros candidatos, organizadas por el partido político Perú Libre desde su fundación [con sus denominaciones anteriores] hasta la actualidad”.

Tampoco descarta el posible origen sospechoso de la adquisición de bienes muebles e inmuebles a nombre de Boluarte como una vivienda en Surquillo y un automóvil.

Asimismo, en el caso de Grajeda, el Ministerio Público no descarta el origen de una vivienda en Santiago de Surco y un vehículo.

Por estas razones, la fiscalía los investiga por el delito de lavado de activos agravado en la modalidad de actos de conversión y transferencia en el marco de una organización criminal.
Junto a Boluarte y Grajeda han sido incorporadas otras diez personas, entre dirigentes del partido de gobierno, funcionarios de la región Junín y empresarios.

—Vicepresidenta y viceministro responden—
En comunicación con este Diario, la vicepresidenta Dina Boluarte sostuvo que no le teme a la investigación y considera que podría haber intereses políticos detrás de este proceso.
“No tiene ni pies ni cabeza. Jurídicamente hablando no tiene sentido. No tiene razón de ser”, agregó.

Sin embargo, remarcó que confía en la fiscalía y en el Poder Judicial. En esa línea, espera que se desarrolle una indagación objetiva.

Por otro lado, Boluarte Zegarra dijo no tener conocimiento sobre la procedencia del dinero recaudado. “Cómo podría tener yo conocimiento si ni siquiera tenía conocimiento de cuánto dinero se había depositado a la cuenta lícita que aperturamos Braulio y yo, solo hasta el momento que nos dijeron transfieran”, sostuvo.

En tanto, el viceministro Braulio Grajeda aseguró que el comité regional de Lima de Perú Libre hizo una colecta voluntaria para ayudar a Vladimir Cerrón y por eso se abrió una cuenta en el BCP.
“En total, 104 militantes aportaron S/15.600 y ese dinero se transfirió directamente a la cuenta del señor Cerrón”, dijo a El Comercio.

Grajeda asegura que “por sus manos nunca pasó un sol” y que todos sus ingresos son fruto de su trabajo como abogado. “Yo soy una persona honrada, no tengo denuncias, ni siquiera papeletas y para mí toda esta situación es muy chocante”, aseveró.

Entre los investigados se encuentran Vladimir Cerrón; su madre, Bertha Rojas; el ex primer ministro Guido Bellido, Richard Rojas García, el congresista Waldemar Cerrón, como persona jurídica el partido político Perú Libre, entre otros dirigentes.

—Los otros implicados—
Además de Boluarte y Grajeda, el aspirante a colaborador 04-2021 describe el rol que funcionarios del Gobierno Regional de Junín y dirigentes de Perú Libre tenían en la recaudación y manejo del dinero que obtenían de presuntos aportes ilícitos.

Sobre Clever Untiveros Lazo, secretario de economía nacional de PL y gerente general del GORE Junín, señala: “Sí, la orden la dieron el licenciado [Clever] Ricardo Untiveros Lazo […] conjuntamente con Percy Rivera Ladera, quien es gerente o subgerente de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial del GRJ, quien era hombre de confianza de Vladimir Cerrón Rojas y le llevaba la contabilidad de los casos judiciales, pagos de abogados, entre otros. Dicha orden se dio días después de la primera vuelta con el objetivo de financiar la campaña de la segunda vuelta […] y a la vez los pagos judiciales de Vladimir Cerrón Rojas, la suma que pedían era de S/10.000 semanales a los encargados de recolectar Francisco Muedas Santana, en sede Huancayo; en sede Satipo, Manuel Paccori Ludeña, quienes entregaban a Marina Asunción Vásquez López y esta, a su vez, de manera personal a […] Ricardo Untiveros”.

Agregó que Untiveros también formaría parte de la organización Los Dinámicos del Centro.
Respecto a la investigada Jakelyn Flores Peña, exfuncionaria del GORE Junín, dirigente de Perú Libre y excandidata al Congreso del partido por Junín, la fiscalía sostiene que cumpliría con el “rol de operadora respecto a actos de conversión y transferencias de dinero que facilitarían a la organización criminal las operaciones de lavado de activos”. También señala que como candidata al Parlamento, Flores “habría recibido financiamiento de las ganancias ilícitas provenientes de actos de corrupción” de la presunta organización criminal. En los WhastApp del partido se acredita su participación.

También se menciona a Bladimir López Leyva, jefe de la Dirección Regional de Educación de Junín y militante del partido, quien “habría colaborado o participado en la ‘promoción, colocación, remoción y favorecimiento’ de diversas personas, a fin de que estas fueran beneficiadas con puestos de trabajo dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín”.

La fiscalía accedió a una conversación de WhatsApp del 24 de noviembre del 2020 en la que López –quien es investigado en otras cuatro carpetas fiscales– habla sobre los aportes de “100 por militante” y de presionar para obtener el dinero.

Los otras personas que han sido incorporadas en esta investigación son los funcionarios del GORE Junín Mercedes Carrión Romero, Janeth Escurra Dávila y Percy Rivera Ladera; y los dirigentes del partido Enrique Romero Palomino, Eddy Misari Conde y Manuel Paccori Ludeña. Alfredo Rivera Santana, propietario de un centro de manejo, también fue comprendido.

Por: Graciela Villasís Rojas