Especialistas y vecinos alertan que obra proyectada en la avenida Javier Prado no resolvería el tráfico y podría agravar el impacto urbano y ambiental.

El anuncio de la construcción de tres viaductos en la avenida Javier Prado, con una inversión estimada de S/540 millones, ha abierto un intenso debate sobre su real impacto en la movilidad urbana de Lima. Mientras la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sostiene que la obra permitirá mejorar la fluidez vehicular en una vía por donde circulan cerca de 40 mil vehículos diarios, especialistas y vecinos cuestionan la falta de planificación y advierten que la intervención podría generar más problemas que soluciones.

Desde el ámbito técnico, Alberto Ramírez Erazo, exdirector general de Transporte Urbano de la MML, advirtió que la propuesta carece de sustento estratégico. “El problema surge cuando se proponen obras improvisadas”, señaló. El especialista remarcó que los viaductos no están contemplados en el Plan Lima al 2040, por lo que “no tienen sustento técnico ni presupuestal”, y cuestionó incluso el monto anunciado, que —dijo— “parece sacado debajo de la manga”. Ramírez alertó que este tipo de obras no resuelve el problema de fondo del tránsito. A su juicio, los viaductos “no aliviarán la congestión, solo empujarán el problema unas cuadras más allá”, generando mayor presión sobre los semáforos y afectando el entorno urbano.

Las críticas también provienen de los vecinos de la zona. En San Isidro, María Teresa Larco, presidenta de la junta de propietarios de un edificio cercano a la avenida Javier Prado, cuestionó la falta de información y socialización del proyecto. “Nunca fuimos notificados oficialmente. Nos enteramos por otros vecinos y, al investigar, descubrimos que no existe expediente técnico ni estudios reales”, afirmó. Según explicó, el perfil presentado “es un copy and paste que describe una Javier Prado que no existe en esta zona” y que afectaría a distritos como Lince, San Isidro, Magdalena del Mar y Jesús María, sin resolver el tráfico. “Es un parche costoso que solo concentrará más autos”, sostuvo, al advertir sobre una posible desvalorización de los predios y pedir que las autoridades escuchen a los especialistas antes de avanzar con la obra.

Fuente: Lima Conecta

La meta de movilizar millones de dólares anuales hacia 2035 abre puertas para obras de agua y prevención, pero exige que el Gobierno supere la burocracia y trabaje con el sector privado y la sociedad civil.

La reciente COP30 permitió al Perú acceder al denominado «Belém Package», un acuerdo que busca movilizar al menos US$300,000 millones anuales en recursos públicos hacia 2035. Este financiamiento es vital para ejecutar proyectos de infraestructura natural y gestión del agua en beneficio de las familias. Sin embargo, para el ciudadano de a pie, la mejora en protección ante desastres dependerá de que el Gobierno presente expedientes técnicos sólidos y logre superar las trabas burocráticas actuales.

El acceso a este dinero no será automático y requiere una administración estatal capaz de garantizar resultados en el territorio. La exministra del Ambiente, Albina Ruiz, advirtió que la prioridad debe ser la eficiencia en el gasto público: «El verdadero desafío del Perú no es acceder a fondos internacionales, sino ejecutarlos bien, a tiempo y con resultados visibles para las comunidades más vulnerables».

Además de los retos administrativos, el Estado debe recuperar su presencia en zonas dominadas por economías ilegales, las cuales mueven US$12,000 millones según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Ronald Rodríguez, de la Universidad Autónoma del Perú, señaló que esto afecta directamente al ecosistema: «La deforestación impulsada por la tala ilegal, la minería y la expansión agrícola sigue siendo uno de los principales obstáculos, junto con la contaminación de los recursos hídricos».

Para revertir esta situación y asegurar que los beneficios lleguen a la gente, se requiere tecnología de vigilancia satelital y alianzas estratégicas para competir por el financiamiento global. Albina Ruiz concluyó sobre la necesidad de preparar al país ante las nuevas exigencias: “Habrá más recursos, pero también mayor competencia y mayores requisitos. El país debe estar preparado con expedientes técnicos sólidos, equipos especializados y alianzas con el sector privado y la sociedad civil”.

Fuente: InfoActiva