A pocos días de las elecciones presidenciales en segunda vuelta, diversos informes advierten que el próximo Gobierno enfrentará un escenario económico más complejo, marcado por una alta criminalidad que ya frena el desarrollo.

Aunque el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y cerró el 2025 con un crecimiento de 3,4% impulsado por el consumo y la inversión privada, las proyecciones apuntan a una desaceleración en los próximos años.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento bajaría a 2,8% en 2026, en un entorno internacional menos favorable y con problemas internos como la inseguridad ciudadana y la minería ilegal, que afectan directamente la inversión y el empleo. En esa línea, el INEI advierte que “más de la mitad de los hogares peruanos identificó la delincuencia como uno de los problemas más graves del país”, reflejando la magnitud del deterioro de la seguridad.

Las cifras refuerzan el tamaño del desafío que enfrentará la próxima gestión. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, “más de 13.000 bodegas fueron víctimas de extorsión en el 2023”, mientras que el Banco Central de Reserva estima que las pérdidas por criminalidad representan el 2,8% del PBI. A ello se suma el Reporte de Riesgos Globales elaborado por el Foro Económico Mundial, que precisa a la delincuencia y la actividad económica ilícita como “el riesgo número uno que afronta el país este año”.

En conjunto, los informes coinciden en que el próximo Gobierno no solo heredará una economía con menor dinamismo, sino también un problema estructural que no puede seguir postergándose. La inseguridad afecta directamente la inversión, el funcionamiento de las mypes y la generación de empleo formal, configurando un escenario que exigirá decisiones concretas desde el primer día de gestión.

Fuente: Infobae, Gestión, El Comercio, INEI, RPP

ProInversión destaca que el nuevo marco normativo amplía el alcance del mecanismo hacia servicios de alto impacto social.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó sobre los nuevos alcances del Reglamento de la Ley N° 29230, el cual permitirá a las empresas privadas financiar instrumentos de planificación territorial y proyectos de vivienda rural. Con este cambio normativo, las entidades públicas podrán priorizar la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano, catastros y estudios de microzonificación para ordenar el crecimiento de las ciudades. La medida busca modernizar las herramientas de gestión del Estado y facilitar la llegada de futuras inversiones en infraestructura y servicios.

Además del ordenamiento urbano, el reglamento incorpora la posibilidad de ejecutar servicios de operación y mantenimiento en salud, educación y saneamiento en zonas rurales o declaradas en emergencia. Entre las intervenciones priorizadas figuran el acondicionamiento térmico en zonas afectadas por heladas y programas de salud para la prevención de la anemia infantil. Las empresas que financien estas intervenciones de impacto social, que tendrán una duración de entre uno y tres años, podrán aplicar posteriormente el monto invertido como crédito contra el pago de sus impuestos.

Fuente: Perú Construye