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EXTORSIONES, INFORMALIDAD Y MENOR CRECIMIENTO SERÁN LOS PRINCIPALES RETOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO
A pocos días de las elecciones presidenciales en segunda vuelta, diversos informes advierten que el próximo Gobierno enfrentará un escenario económico más complejo, marcado por una alta criminalidad que ya frena el desarrollo.
Aunque el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y cerró el 2025 con un crecimiento de 3,4% impulsado por el consumo y la inversión privada, las proyecciones apuntan a una desaceleración en los próximos años.
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento bajaría a 2,8% en 2026, en un entorno internacional menos favorable y con problemas internos como la inseguridad ciudadana y la minería ilegal, que afectan directamente la inversión y el empleo. En esa línea, el INEI advierte que “más de la mitad de los hogares peruanos identificó la delincuencia como uno de los problemas más graves del país”, reflejando la magnitud del deterioro de la seguridad.
Las cifras refuerzan el tamaño del desafío que enfrentará la próxima gestión. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, “más de 13.000 bodegas fueron víctimas de extorsión en el 2023”, mientras que el Banco Central de Reserva estima que las pérdidas por criminalidad representan el 2,8% del PBI. A ello se suma el Reporte de Riesgos Globales elaborado por el Foro Económico Mundial, que precisa a la delincuencia y la actividad económica ilícita como “el riesgo número uno que afronta el país este año”.
En conjunto, los informes coinciden en que el próximo Gobierno no solo heredará una economía con menor dinamismo, sino también un problema estructural que no puede seguir postergándose. La inseguridad afecta directamente la inversión, el funcionamiento de las mypes y la generación de empleo formal, configurando un escenario que exigirá decisiones concretas desde el primer día de gestión.
Fuente: Infobae, Gestión, El Comercio, INEI, RPP
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PROYECTOS DEL CONGRESO CONVERTIRÍAN A SUNAFIL EN UNA AMENAZA PARA LAS MYPE EN VEZ DE UN ALIADO
Horizonte Laboral advierte que vincular los salarios de los inspectores de Sunafil a recursos provenientes de multas y sanciones crearía un incentivo que distorsiona la función fiscalizadora, lo que podría agudizar la vulnerabilidad de las más de 2,3 millones de mype del país.
Las micro y pequeñas empresas podrían enfrentar mayor presión si avanzan las iniciativas del Congreso orientadas a mejorar las remuneraciones de los trabajadores de Sunafil, advierte Horizonte Laboral. Mientras el Proyecto de Ley N.º 9744/2024-CR, que plantea una bonificación por desempeño, ya cuenta con dictamen, otras tres propuestas que buscan implementar una nueva escala remunerativa se encuentran en agenda del Pleno: los proyectos N.º 14184/2025-CR, 14023/2025-CR y 13696/2025-CR.
Las mype representan el 99.7 % de la estructura empresarial del país, con más de 2.3 millones de unidades productivas. Además, enfrenta altos niveles de informalidad, con 90.3 % en microempresas y 45.6 % en pequeñas empresas. Según la Encuesta Nacional de Empresas 2019, solo el 15.8 % de las microempresas accedió a servicios de asistencia técnica especializada. “Las mipyme necesitan asistencia y orientación para transitar hacia la formalidad”, precisa Paloma Cotrina Navarro, especialista legal de Horizonte Laboral.
La experta menciona que el problema no es mejorar las condiciones laborales del personal de Sunafil, sino la forma en que se financian esos beneficios. En esa línea, señala que vincular los aumentos salariales con recursos obtenidos por sanciones puede afectar la confianza en la fiscalización laboral. “Mientras más sanciono, más voy a ganar. Ese es justamente el tipo de incentivo que debería evitarse”, comenta Cotrina. Según el informe, este diseño puede reforzar una visión más recaudatoria que preventiva y elevar los costos para empresas con menor capacidad económica.
Fuente: Gestión & Horizonte Laboral
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“LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL PERÚ RECHAZA PROTESTAS CONTRA EL CONTEO ELECTORAL”, REPORTÓ PERÚ 21
“La CTP aseguró que rechazan «las convocatorias a movilizaciones, actos de presión o cualquier acción que busque desconocer, condicionar o influir indebidamente en el trabajo de los organismos electorales»
La Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) se pronunció sobre el proceso de conteo de actas de los comicios presidenciales realizados el pasado domingo 7 de junio de 2026 y se mostró en contra de aquellos que llaman a marchar frente al conteo.
A través del comunicado, los representantes de la CTP señalaron que la institución «reafirma su compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el respeto irrestricto a la voluntad soberana expresada por el pueblo peruano en las urnas el 07 de junio de 2026».
Frente a las recientes manifestaciones e iniciativas de movilización social reportadas en los últimos días, se mostró en contra de las mismas y llamó a los dirigentes a «mantener la calma y esperar responsablemente los resultados oficiales que emita la autoridad electoral competente».”, reportó Perú 21.
Fuente: Perú 21
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