Mientras la minería ilegal le hace perder al Perú miles de millones de soles y fortalece redes criminales, la minería formal genera inversión, empleo y recursos fiscales.
El fracaso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), originalmente diseñado para ordenar la pequeña minería, es uno de los factores que ha permitido la expansión de la minería ilegal. Según especialistas del Instituto Peruano de Economía (IPE), este mecanismo terminó convirtiéndose en un paraguas legal que permitía operar a mineros ilegales con mínima supervisión, incluso en áreas protegidas. La consecuencia es devastadora: el Perú pierde más de US$10,000 millones al año por economías ilícitas, y la minería ilegal ya compite en valor exportado con la formal.
En la actualidad, la minería ilegal moviliza alrededor de US$12,000 millones anuales en el país y representa el 44 % del oro ilegal exportado desde Sudamérica, según datos oficiales. Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, alerta: “la minería ilegal ya no es un problema artesanal; es una industria criminal altamente organizada”. Por su parte, la académica Lucía Dammert, experta en políticas de seguridad, advierte que la minería ilegal funciona hoy como una industria paralela con efectos múltiples: violencia, deforestación, trata de personas, financiamiento de mafias y capacidad creciente de infiltración política.
En contraste, la minería formal aparece como un contrapeso vital para el país. Este sector no solo aporta tecnología, trazabilidad y estándares ambientales verificables, sino también empleo formal y recursos fiscales que financian obras públicas, carreteras, electrificación, hospitales y programas sociales. Para Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), “más allá de sus cifras y su impacto económico, la minería puede ser un motor de desarrollo inclusivo y sostenible”.
Los especialistas coinciden: el Perú necesita un modelo minero competitivo que incentive la inversión formal y desmantele los incentivos de la ilegalidad. Sin una política clara que fortalezca la minería formal, el Estado seguirá perdiendo territorio y control frente a mafias que ya operan con lógica empresarial y ambición política.
Fuente: IPE, La República, Infobae, Stakeholders
