El presidente José Jerí anunció la declaratoria de estado de emergencia en la frontera con Chile, una medida extraordinaria que busca reforzar el control estatal y responder de manera inmediata al creciente flujo de migrantes que intenta ingresar al país de forma irregular. La decisión, aprobada en un Consejo de Ministros extraordinario, permitirá activar acciones urgentes para fortalecer la vigilancia, mejorar la operatividad en los pasos fronterizos y articular operativos policiales y militares.

En un comunicado difundido en redes sociales, Jerí explicó la dimensión de esta medida:
“Vamos a declarar el estado de emergencia en la frontera con Chile para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana.”

Refuerzo policial y militar en Tacna

Durante la conferencia de prensa, el canciller Hugo de Zela detalló que el ministro del Interior viajará a Tacna para supervisar directamente las acciones. Subrayó que el Gobierno mantiene coordinación permanente con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con el fin de manejar la situación bajo estándares internacionales.

De Zela señaló que el estado de emergencia permitirá incrementar la presencia de las fuerzas del orden, una respuesta que busca frenar el ingreso irregular ante el desborde de las capacidades locales.
“No tenemos condiciones ni capacidad para recibir más migrantes; nuestras capacidades están colmadas. Vamos a aplicar estrictamente las leyes peruanas”, enfatizó.

El canciller aclaró que esta decisión no es aislada, pues se evalúa declarar el estado de emergencia en toda la línea fronteriza sur, donde se han identificado nuevos intentos de ingreso informal.

Un aumento acelerado de flujos migratorios

La medida surge tras reportes que indican un incremento significativo de migrantes extranjeros —principalmente venezolanos, haitianos y colombianos— intentando ingresar por pasos no autorizados. La Policía de Fronteras alertó que en las últimas semanas se detectó un incremento de grupos que intentan ingresar a pie o con apoyo de organizaciones irregulares.

La situación se ha visto además tensionada por declaraciones en Chile. José Antonio Kast, candidato presidencial por el Partido Republicano, lanzó un ultimátum a los migrantes irregulares:
“Tienen 103 días para salir voluntariamente de nuestra patria”, una frase que podría motivar desplazamientos hacia países vecinos, entre ellos el Perú.

Gobierno regional de Tacna respalda la medida, pero pide apoyo logístico

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, respaldó la decisión del Ejecutivo y recordó que su gestión había solicitado esta declaratoria días antes debido al colapso de la capacidad de respuesta regional.

Torres pidió que el Gobierno central asegure la logística necesaria para la Policía y el Ejército:
“No solo hay que enviar más refuerzos, sino también garantizar alimentación, descanso y equipos adecuados. Estamos haciendo equipo para detener esta avalancha de ilegales”, afirmó.

Asimismo, llamó a ambos cancilleres (Perú y Chile) a coordinar una respuesta humanitaria conjunta, resaltando que, pese a su situación migratoria irregular, los extranjeros “son seres humanos y merecen un trato digno”.

El gobernador también advirtió que el cierre de pistas y desvíos en plena temporada navideña podría generar molestias locales, pero sostuvo que la prioridad es evitar el descontrol en la frontera.

El Poder Judicial resolvió declarar improcedentes los pedidos de aclaración, integración y precisión formulados por Delia Milagros Espinoza Valenzuela respecto de la resolución que ordenó su reposición inmediata como fiscal de la Nación, una medida cautelar que ha generado tensión institucional entre el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el sistema judicial.

La decisión judicial afirma que la resolución previamente emitida —la número nueve, fechada el 10 de noviembre— no contiene ambigüedades, omisiones ni imprecisiones que justifiquen ser corregidas o reformuladas. Por ello, todos los pedidos de Espinoza fueron rechazados al no cumplir los criterios jurídicos necesarios.

Los pedidos de Espinoza: precisiones que no prosperaron

Entre los requerimientos presentados por la fiscal suprema resaltaban tres puntos clave:

1. Que se precise que la medida en su contra fue únicamente una suspensión provisional, no una sanción definitiva.
2. Que se excluya el mandato de reposición, argumentando que la restitución a su cargo operaba automáticamente al suspenderse el proceso disciplinario.
3. Que se declare expresamente que recupera su condición de fiscal suprema, con todas sus atribuciones y prerrogativas.

El juez, sin embargo, fue claro en señalar que tales pretensiones exceden la naturaleza de una solicitud de aclaración. Recordó que esta clase de mecanismos procesales solo permite corregir errores materiales menores —como nombres, cifras o referencias normativas— y no modificar el fondo de una decisión ya notificada.

Poder Judicial: “La resolución es clara y se ejecuta en sus propios términos”

En su pronunciamiento, el magistrado enfatizó que las resoluciones judiciales:

• Se emiten tras un análisis técnico y jurídico exhaustivo.
• Se ejecutan tal como están redactadas.
• No pueden ser reconfiguradas a través de aclaraciones o integraciones, salvo por errores evidentes.

Por ello, sostuvo que la resolución sobre la reposición de Delia Espinoza no presenta conceptos oscuros, imprecisos o contradictorios que ameriten modificación.

Así, el Poder Judicial dejó sentada la validez y el carácter autoejecutable del mandato que ordena devolverle el cargo de fiscal de la Nación.

Uno de los puntos más polémicos de la solicitud de Espinoza fue su requerimiento para que:

• Se declare en desacato a la JNJ,
• Se ordene el uso de la fuerza pública para ejecutar la reposición.

El juez indicó que este pedido solo podrá ser evaluado una vez vencido el plazo legal otorgado a la Junta Nacional de Justicia para cumplir con la resolución.
Es decir, aún no puede tramitarse.

Con ello, el juzgado deja abierta la posibilidad de intervenir más adelante si se verifica incumplimiento por parte de la JNJ.

Tampoco procede remitir copias al Ministerio Público

Otro de los pedidos fue que se enviaran antecedentes al Ministerio Público para investigar presuntos delitos contra la administración pública en el marco de su suspensión.

El tribunal rechazó también esta solicitud, al considerar que ese tipo de pronunciamiento solo corresponde en su momento procesal oportuno, no en una resolución de aclaración.

El juez fundamentó su rechazo en los artículos:

406 CPC (aclaración de resoluciones),

172 CPC (corrección de errores materiales)

Ambas normas establecen que estos mecanismos son estrictos y no permiten modificar el fondo del fallo. Dado que ninguno de los pedidos de Espinoza se refería a errores materiales, sino al contenido sustantivo de la resolución, la improcedencia era obligatoria.

Con este pronunciamiento, la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación debe ejecutarse tal como fue ordenada inicialmente, a menos que la parte demandada —la JNJ— interponga un recurso impugnatorio dentro del plazo legal correspondiente.

El fallo reafirma que la medida cautelar mantiene plena vigencia y que sus alcances no serán reinterpretados ni corregidos a pedido de la propia beneficiada.