Hace mal el Gobierno en minimizar las emergencias climáticas de estas fechas y ofrecer soluciones extemporáneas.

A mediados del año pasado, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, empezó a acumular varios de los anticuerpos que hoy genera. No solo fueron los malos resultados de la economía; fue también la sensación de que sus declaraciones estaban alejadas de lo que se podía percibir a simple vista. Su reputación se resintió al dibujar un panorama más optimista de lo correspondiente –y que lo blindaba de críticas–, además de ofrecer respuestas poco contundentes. Ahora, su permanencia en el Gabinete es probablemente la más precaria del grupo ministerial que lidera Alberto Otárola en la Presidencia del Consejo de ministros (PCM).

Una ruta similar está siguiendo el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. La semana pasada, Cresta descartó que el fenómeno de El Niño (FEN) ya haya empezado a afectar algunas zonas del país (el episodio tiene inevitables ribetes a la negación inicial de la recesión económica de Contreras). Lo cierto es que, aun si no fuera el FEN lo que se siente en estas semanas, existen ya consecuencias serias del clima de verano.

En la primera semana del año, las lluvias han causado dos muertes, desbordes de ríos y más de diez huaicos. En la costa norte y en el centro del país, el Senamhi ha alertado sobre incrementos de hasta diez veces en el caudal de ríos. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) registra eventos de peligro en Huánuco, Puno, Pasco y cinco regiones más. En Piura, Tumbes, La Libertad y Lima casi medio millón de personas viven en riesgo muy alto ante inundaciones. Así, sea El Niño o no, la emergencia climática en distintas zonas ya está aquí, y lo más probable es que solo se intensifique en las próximas semanas.

Pero las obras de mitigación no están listas, aun si el ministro menciona que se ha culminado el 85 % de los trabajos de prevención. “A partir del 20 de enero, esas 21 geomallas y, posteriormente, cerca de los 35 diques que se van a ir de cabo a partir del 20 de enero hasta el 15 de febrero, aprovechando la estacionalidad de lluvias y la poca presencia de lluvias, van a continuar con los trabajos para poder reforzar la seguridad de cada una de las personas”, dijo el ministro Chávez la semana pasada, por ejemplo, en conferencia de prensa desde el COEN.

A finales de noviembre, la contraloría ya había advertido sobre los retrasos de 21 proyectos en quebradas de tres distritos de Lima Metropolitana y dos de Lima Provincias por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). De acuerdo con el ente, las intervenciones en quebradas no pueden coincidir con el período de lluvias. “Por más que se logre tener el expediente técnico, ahora no se pueden iniciar obras. Las mallas se tienen que instalar en seco porque son estructuras que deben encajar perfectamente”, comentó a este Diario Luis Castillo, subgerente de Control del Sector Agricultura y Ambiente de la contraloría.

No todo, por supuesto, es responsabilidad del actual gobierno. El crecimiento desordenado de varias ciudades que pone a cientos de miles de personas e infraestructuras en zona de peligro –sobre todo en la costa– es un problema que lleva décadas y en el que hay responsabilidad compartida con los gobiernos subnacionales. Y son estos últimos, de hecho, los que menos ejecutaron de su presupuesto para mitigación de vulnerabilidad frente a emergencias por desastres durante el año pasado.

Lo que no se puede permitir es que las más altas autoridades minimicen el problema y ofrezcan soluciones extemporáneas. El riesgo de lluvias en estos meses se conocía, básicamente, desde que este gobierno asumió el poder.

Y su negligencia tendrá consecuencias graves.

Fuente: El Comercio – Editorial

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