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Política

La población está caliente y todavía no se enchufa con las Elecciones Generales 2026

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Obligados al fin, los peruanos tendremos que ir a votar tapándonos la nariz y perdernos en la sábana de sufragio.

24 PLANCHAS QUEMADAS

  • La atomización del voto como estrategia de una clase política que se niega a soltar el botín del Estado.

El espectáculo que el Jurado Nacional de Elecciones nos ha servido este 2 de enero no es una fiesta democrática, sino un funeral de la inteligencia. Al cerrar el registro con 24 fórmulas presidenciales inscritas para abril de 2026, el Perú ha oficializado su ingreso al manicomio de la fragmentación. Lo que tenemos ante nosotros no es una oferta política; es un mercado de pulgas donde se liquidan retazos de ideologías muertas y apetitos personales que dan náuseas.

Miren la lista, si el estómago se los permite. Ahí está la señora Keiko Fujimori, persistiendo en su vocación de naufragio; el señor César Acuña, cuya relación con la sintaxis es tan precaria como su compromiso ético; ‘Porky’ López Aliaga, que en ocasiones parece un tren a la deriva, por mencionar a algunos.

Es la barbarie del número. En un país con un 68.9% de ciudadanos que aún no sabe por quién votar (según el último reporte del IEP), lanzar 24 candidatos con sus respectivas planchas es una burla, un insulto a la desesperación de un pueblo que ya no espera nada de sus instituciones.

Estamos ante una ‘democracia’ de cartón piedra. Según el padrón del RENIEC, más de 27.3 millones de peruanos estamos llamados a las urnas, pero nos envían al matadero electoral con una cédula que parecerá una guía telefónica. La ONPE ha advertido que estos comicios costarán cerca de 1,500 millones de soles. Es una fortuna dilapidada para financiar las ambiciones de aventureros que, en su mayoría, no alcanzan ni el 1% de intención de voto.

TRAGEDIA A LA VISTA. Es el triunfo de la mediocridad institucionalizada: el JNE admite planchas con planes de gobierno que son meros ejercicios de ‘copy-paste’ y paridad de género de fachada, mientras las tachas se resuelven en el limbo de la burocracia.

¿Qué nos queda? Una nación atomizada donde el voto se dispersará tanto que el próximo presidente podría llegar a la segunda vuelta con apenas un 8% o 9% de respaldo real, repitiendo la tragedia del 2021.

Es el abismo de la ilegitimidad. Mientras el 12 de abril se acerca, el aire huele a descomposición. Lo que el JNE llama «cumplimiento de requisitos legales», nosotros lo llamamos el acta de defunción de un sistema que ha preferido la cantidad de los cómplices a la calidad de los estadistas.

El Perú no va hacia una elección; va hacia un choque de trenes donde los únicos sobrevivientes serán, como siempre, los oportunistas que han hecho de la política el negocio más lucrativo y asqueroso de nuestra historia. Esa es la cruda realidad.

“Es una fortuna dilapidada para financiar las ambiciones de aventureros que, en su mayoría, no alcanzan ni el 1% de intención de voto”.

9

en periodo de tacha y 2 con tacha en trámite.





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Política

Un estado desorganizado no puede combatir criminales organizados

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Dr: Iván Sequeiros
Exjuez postula al Senado por
Somos Perú con el Número 1

El Perú atraviesa una grave etapa de desgobierno, caracterizada por un Estado débil, inestable y precario. Veo con preocupación cómo quienes hoy detentan el poder han abandonado la búsqueda del bien común para priorizar su propia supervivencia política y la conservación de sus privilegios. Percibo que hemos dejado al país funcionando en «piloto automático», totalmente de espaldas a la ciudadanía.
Mi tesis central es contundente: un aparato estatal caótico y en permanente disputa interna es incapaz de vencer al crimen organizado. Es paradójico, pero debo admitir que la delincuencia actúa hoy con mayores niveles de orden, planificación y eficacia que nuestro propio Estado. Estoy convencido de que la lucha contra la inseguridad requiere estabilidad y estrategias a largo plazo, condiciones que hoy, lamentablemente, no existen.

*Asigno responsabilidades compartidas a todas las instituciones y critico severamente que se culpen mutuamente en lugar de coordinar:

En el Ejecutivo, denuncio que la constante rotación en el Ministerio del Interior y la Policía impide sostener planes de inteligencia. Considero que medidas como los estados de emergencia son acciones aisladas e ineficaces ante la ausencia de una política integral.
Sobre el Ministerio Público, observo un órgano sumido en conflictos internos, egos y politización. Estas disputas intestinas lo distraen de su función de perseguir el delito, generando descrédito y favoreciendo la impunidad.
Al Legislativo lo critico duramente por no crear un marco normativo coherente. Por el contrario, ha flexibilizado leyes (lavado de activos, extinción de dominio) facilitando el accionar criminal.
Respecto al Poder Judicial, reconozco que opera con limitaciones presupuestales históricas. Aunque ha logrado encarcelar a altos funcionarios, su eficacia depende de una fiscalía sólida, de la cual hoy carecemos. Asimismo, cuestiono al Tribunal Constitucional por inmiscuirse indebidamente en la justicia penal, favoreciendo a procesados bajo el argumento de la tutela de derechos.
Mi conclusión es clara: mientras persista esta desigualdad entre un crimen organizado y un Estado desorganizado, los anuncios sobre seguridad serán meras quimeras. Recomiendo priorizar la recuperación de la solidez institucional antes de esperar resultados reales.



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Política

López Aliaga ocultó empresa deudora: No informó al JNE su vínculo con firma declarada irregular por la SUNAT

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Empresa ligada al líder de Renovación Popular debe más de S/12.9 millones en impuestos.

Omisión en hoja de vida podría acarrear sanciones e investigaciones.
 Transparencia en entredicho en plena antesala electoral.

El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no informó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su vínculo con una empresa que mantiene una millonaria deuda tributaria con la Sunat y que, además, fue declarada irregular por la autoridad fiscal, según reveló una investigación periodística.
De acuerdo con la información, López Aliaga omitió consignar en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones su relación con Peruval Corp. S.A., empresa que registra una deuda superior a los S/12.9 millones con la SUNAT y que figura como “no habida” en los registros oficiales.
La normativa electoral es clara: los candidatos están obligados a declarar de manera completa y veraz todas sus participaciones empresariales y vínculos societarios, a fin de garantizar la transparencia ante el electorado. La omisión de esta información constituye una falta grave que puede acarrear sanciones administrativas e incluso derivar en investigaciones de carácter penal, según especialistas en derecho electoral.
La empresa en cuestión ha sido declarada irregular por la Sunat debido al incumplimiento reiterado de sus obligaciones tributarias, lo que refuerza los cuestionamientos sobre por qué dicha vinculación no ue informada oportunamente al sistema electoral.
Pese a ello, el líder de Renovación Popular no habría ofrecido hasta el momento una explicación clara sobre esta omisión.
Este nuevo cuestionamiento se suma a una serie de controversias que rodean la trayectoria política y empresarial de López Aliaga, quien ha construido su discurso público en base a la “honestidad” y la “mano dura contra la corrupción”. Sin embargo, los hechos revelados ponen en entredicho esa narrativa y abren serias dudas sobre la coherencia entre su discurso y su práctica. La revelación genera especial preocupación en un contexto preelectoral, donde la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas a quienes aspiran a mantenerse o llegar al poder. En ese escenario, el caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fiscalizar con mayor rigor la información patrimonial y empresarial de los actores políticos.



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