Un nuevo ataque extorsivo se registró contra un bus de transporte público. El hecho se registró en el distrito de San Martín de Porres contra una unidad vehicular de la empresa de transporte «San Germán». El hecho se registró cuando el vehículo se desplazaba por la Av. Germán Aguirre y fue interceptado por dos sujetos, uno de ellos siendo el autor de los disparos y el otro, sobre una moto lineal.

El atentado fue grabado por el propio sicario, quien ejecutó alrededor de 12 disparos contra el chofer de la unidad móvil y posteriormente huyó a bordo de la motocicleta conducida por su cómplice.

Afortunadamente, el conductor logró evadir el ataque sin embargo el vehículo sufrió daños en las ventanas y en los laterales, donde se pueden apreciar los impactos de bala.

La medida se activa por la inseguridad: Los gremios piden nayor protección y respuesta efectiva ante ataques armados.

Los gremios de transportistas formales de Lima y Callao han lanzado un ultimátum al gobierno, advirtiendo que convocarán un paro de 48 horas si se registra un nuevo ataque armado contra sus unidades o choferes, tras el violento incidente ocurrido en San Martín de Porres.

La medida de fuerza busca exigir mayor protección y una respuesta efectiva del Estado ante la ola delictiva que, según el sector, persiste a pesar de la vigencia del estado de emergencia en la capital. El gremio demanda la intervención directa de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, con despliegue territorial y la creación de bases militares móviles en zonas críticas, pues consideran que el sector está operando en un contexto de «abandono del Estado».

La advertencia por inseguridad

La advertencia surge a raíz del reciente ataque armado contra un bus de la empresa San Germán el pasado domingo 16 de noviembre en San Martín de Porres. Martín Ojeda, vocero de los gremios formales que acataron el último paro del 4 de noviembre, anunció la medida condicionada a la continuidad de la criminalidad.

«Debido a que queda demostrado que no baja el índice de criminalidad y esto pone en peligro a las empresas de transporte urbano en Lima y Callao, así como a sus usuarios, de realizarse un nuevo acto criminal en los próximos días, horas, e inclusive semanas, se realizará un paro de 48 horas», declaró Ojeda a los medios.

El comunicado oficial difundido por el sector es contundente, señalando que los transportistas no se someterán «al terror ni a la inacción del Estado». Advirtieron que el paro general será una «medida de defensa legítima ante el abandono del Estado» si se produce otro acto delictivo contra el transporte urbano tradicional y convencional. Además, exhortaron al presidente de la República, José Jerí, y a todo el Estado a «actuar sin piedad contra el crimen organizado».

El ataque a San Germán

El incidente que detonó esta advertencia fue el ataque armado que sufrió un bus de la empresa San Germán. Dos individuos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo, que estaba lleno de pasajeros, y dispararon directamente sobre la cabina del conductor cerca del cruce de la avenida Germán Aguirre con calle Las Magnolias. El ataque, ocurrido a plena luz del día, dejó al menos doce impactos de bala en la unidad.

Las imágenes del incidente, grabadas y difundidas por los propios agresores, expusieron la modalidad extorsiva y el grave riesgo que enfrentan diariamente trabajadores y usuarios. El conductor logró escapar ileso tras lanzarse al piso del bus, mientras que testigos y vecinos reportaron momentos de pánico ante las detonaciones.

Inseguridad pese al estado de emergencia

El atentado ocurrió pese a la vigencia del estado de emergencia en Lima y Callao, medida decretada desde el 22 de octubre precisamente para hacer frente a la inseguridad. Los gremios formales sostienen que estos hechos evidencian la urgencia de un «control territorial integral».

Según cifras reportadas, desde la implantación de esta medida se han contabilizado 24 homicidios en Lima y 5 en Callao, además de otras 7 muertes violentas vinculadas a armas de fuego. La persistencia de la violencia, a pesar de las acciones policiales y militares, genera presión sobre el Ejecutivo, que ahora debe reforzar o rediseñar su política de seguridad ante la posibilidad de una paralización inminente en el servicio de transporte público.