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Lo que no fue en mi año…

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El nuevo presidente del Congreso declara con ligereza e imprudencia.

Parece una verdad de Perogrullo, pero todo indica que hace falta recordarlo: ser elegido presidente del Poder Legislativo supone tanto un honor como una responsabilidad. Un honor, porque constituye la más alta posición en una institución que, sin dudas, es la que mejor representa a la democracia, con su dinámica de mayorías y minorías. Y una responsabilidad, porque, en consideración con lo anterior, las acciones y declaraciones de quien ostenta ese cargo afectarán la imagen y la majestad de todo el Congreso.

Esta reflexión viene a cuento porque, como se sabe, el parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) Alejandro Soto fue elegido la semana pasada para desempeñar dicha función, y su estreno frente a los medios no ha sido el más auspicioso. Entrevistado este domingo en el programa “Punto final”, Soto trató de sortear las preguntas a las que cualquier persona en su misma tesitura habría tenido que enfrentarse con salidas por la tangente deslucidas e inaceptables. Y solo ante las precisiones de la colega Mónica Delta fue aceptando que la tarea que encabeza consiste en algo más que distribuir la palabra en el hemiciclo.

El nuevo titular del Parlamento, en efecto, comenzó afirmando que la Mesa Directiva es “únicamente la encargada de dirigir el debate” durante las sesiones del pleno y procurando desentenderse del hecho de que haber conformado una lista con Perú Libre es una clara indicación de haber llegado a un arreglo político con esa organización. Es probable que los detalles de tal acuerdo se vean reflejados pronto en la distribución de las comisiones que deberá tener lugar en los próximos días, pero es evidente que los primeros síntomas de ese toma y daca se han expresado ya en sus comentarios a propósito de que su segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón, tiene las “puertas abiertas” para volver a plantear su iniciativa sobre la asamblea constituyente: un asunto que ya ha sido archivado por la Comisión de Constitución y que solo contribuye a prolongar una situación de incertidumbre que afecta, sobre todo, la economía en el país.

Pero peor que eso, quizás, fue el modo en que trató de tomar distancia frente a los problemas que determinan que el Legislativo cuente actualmente con una aprobación que no llega a los dos dígitos. Interrogado, efectivamente, acerca de lo que pensaba hacer a propósito de las denuncias sobre los congresistas mocha sueldos –abundantes en su propia bancada– pasadas por agua tibia en la institución que él hoy representa, sentenció: “No corresponde a mi gestión”. Una especie de versión burocrática de ese dicho popular que reza: “Lo que no fue en mi año no es mi daño”.

Llama la atención, asimismo, la explicación que dio sobre el hecho de tener contratada en su despacho a la hermana de la madre de su hijo de 11 meses, alegando que la contrató antes de conocer a esta última (lo que no mejora un ápice la problemática que implica que haya tenido una relación amorosa con una pariente cercana a una subordinada suya), y su promesa de que, durante su gestión, no se contratará a un solo nuevo trabajador en el Parlamento.

Lo ocurrido con Soto, por último, también es aplicable para los próximos titulares de las comisiones del Legislativo que deberían definirse en los siguientes días. Así como las palabras de quien lo preside afectan al Congreso en su conjunto, lo mismo ocurre con las intervenciones públicas de las cabezas de los numerosos grupos de trabajo que componen el Parlamento. Será importante, por ejemplo, conocer la postura del próximo presidente de la Comisión de Constitución sobre la asamblea constituyente o la de quien presida la Comisión de Ética sobre las denuncias que seguramente tendrán que revisarse en dicho grupo de trabajo.

Si realmente la representación nacional quiere levantar la mala imagen que un grueso de la ciudadanía tiene de ellos, será importante que entiendan que no pueden repetir los errores del pasado y que el cargo que ostentan no es uno que puedan tomarse a la ligera.

Fuente: El Comercio – editorial



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Gobierno busca relanzar proyecto del parque industrial de Ancón este año – Señal Alternativa

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Objetivo es generar polo de desarrollo económico al sur de Lima, junto a la puesta en marcha del puerto de Chancay

El Poder Ejecutivo ha puesto la mira nuevamente en el proyecto del parque industrial de Ancón, el cual tiene previsto relanzar este año con el apoyo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Según el ministro de la Producción, Sergio Gonzales, el objetivo es generar un polo de desarrollo económico al sur de Lima tras la entrada en operaciones del puerto de Chancay, cuya inauguración está prevista para noviembre del 2024.

«Está alineado este puerto [de Chancay] con el parque industrial de Ancón, ahora se dan las oportunidades. Estuvimos reunidos con ProInversión para reimpulsar este parque que está cerca a Chancay y hacer un polo de desarrollo en nuestro país», dijo Gonzales en diálogo con TV Perú.

El titular de Produce aseguró que se mostrarán mejores condiciones para invertir en el proyecto a fin de captar el interés de las empresas por ser partícipes de la convocatoria.

«Se va a realizar una nueva convocatoria, se generan mejores condiciones para que haya interés de los privados en participar y permitir que esto sea una realidad. Es una proyección que se ha realizado este año», apuntó.

Nuevas posibilidades

El ministro aseveró también que su cartera acompañará a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que puedan ofertar sus bienes y servicios en condiciones óptimas cerca al mega puerto de Chancay y no habrá problemas para implementar exclusividad.

«Estamos desarrollando un plan de intervención para mejorar las pequeñas y medianas empresas y que puedan ofertar sus bienes y servicios en mejores condiciones. Todo se requiere certificación, [por lo que] eso va a demandar el acompañamiento del Ministerio de la Producción hacia las empresas», puntualizó.

Fuente: Andina



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Malas noticias

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La situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con el paso de los años.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para evaluar la situación de esta, alrededor del globo y defender la independencia de los medios de comunicación, entre otras acciones. Mucho nos tememos que el balance de este año no será muy alentador, ni en el mundo (con guerras en las que la verdad se convierte en otra víctima de los bombardeos y las balas), ni en la región (donde hemos llegado a ver a vándalos asaltando un canal de televisión en vivo) ni, por supuesto, en nuestro país.

Según un informe reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el Perú, a los intentos por limitar, controlar o sancionar a los medios de comunicación que en los últimos años han provenido principalmente del Ejecutivo y el Congreso, se ha venido a sumar otra institución: el Ministerio Público. La SIP denuncia casos de “espionaje, infiltración, exigencia de revelación de fuentes, hostigamiento e impedimento de cobertura de hechos de interés público” de parte de la fiscalía, y menciona el riesgo de que algunos artículos periodísticos hayan sido considerados como “un indicio de la comisión de delitos”. La publicación salió unos días antes de que la casa del periodista Juan Carlos Tafur fuera allanada en el marco del operativo Valkiria, un hecho que, sin duda, habría sido incluido por el organismo por representar una serie de peligros que en su momento mencionamos en este Diario.

No se trata solo de que nuevas instituciones se hayan sumado a los ataques contra la prensa, sino también de que otras que antes al menos denunciaban estos ahora permanecen en silencio (como la Defensoría del Pueblo), mientras que aquellas que llevan años realizándolos (como el gobierno o el Legislativo) ya han perdido cualquier noción de vergüenza en su propósito.

Solo así se puede entender, por ejemplo, que un congresista como Segundo Montalvo insista en su proyecto de ley mordaza para endurecer las penas por difamación, pese a que una iniciativa similar ya fue rechazada por sus colegas apenas el año pasado. O que legisladores cuestionados por la comisión de una serie de delitos traten de evitar –mediante cambios en el Código Penal– la publicación de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y no vean el tremendo conflicto de intereses en el que están cayendo.

Desde el lado del Gobierno, por otra parte, es necesario destacar dos hechos: los ataques que la presidenta Dina Boluarte ha lanzado contra los medios que han puesto al descubierto varios hechos que la implican (como su acusación contra este Diario de dar información “tendenciosa y falsa” por haber publicado la llamativa cantidad de dinero que ingresó a sus cuentas en los últimos años) y sus respuestas tardías por los serios cuestionamientos en su contra, como en el caso de los relojes Rolex y otros artículos de lujo que se la ha visto usar en diferentes actividades públicas. Este último comportamiento, sin embargo, es aún más grave en el presidente del Congreso, Alejandro Soto, que cree que esquivando a los reporteros logrará que olvidemos las graves denuncias que arrastra desde antes de ganar la elección a la Mesa Directiva.

Del lado de la sociedad, la situación no es mucho mejor. Los casos de periodistas hostigados o agredidos por manifestantes han continuado apareciendo, especialmente de parte de aquel grupo que destila odio llamado La Resistencia. Y, como bien recoge la SIP, también ha habido un número inusitado de hombres y mujeres de prensa maltratados por autoridades municipales en el último año.

Estos y otros atropellos que por razones de espacio no podemos mencionar aquí hacen pensar que la situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con los años. Y esa es, sin duda, una mala noticia, pues si algo ha quedado claro a propósito de la crisis que sacude varias instituciones hoy es que la labor del periodismo se hace más indispensable que nunca en estas coyunturas. La prensa, pese a todo, ha seguido y seguirá haciendo su trabajo, pero eso no significa que no creamos que los ataques cada vez más frecuentes que recibe tienen que parar.

Fuente: Editorial de El Comercio



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