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Loreto registra una reducción del diagnóstico de anemia de 6.4% en usuarios del programa Juntos
- – Articulación del Midis con los gobiernos locales y gobierno regional ha sido clave para la disminución de cifras en niñas y niños de 6 a 12 meses.
Trabajamos articuladamente en beneficio de la población. Entre los años 2022 a 2024 se redujo el porcentaje de niños de 6 a 12 meses de hogares usuarios del programa Juntos del Midis, con diagnóstico de anemia de 38.6% a 32.2%, representando un avance de 6.4%.
Además, entre 2021 a 2024, se incrementó de 6.5% a 38 % el porcentaje de niños menores de 12 meses que acceden al Paquete Integrado de Servicios de Salud (CRED, vacunas, suplementación de hierro, dosaje), representando un incremento que supera el 32 %.
Estas cifras fueron reveladas durante la Tercera Sesión Extraordinaria y Audiencia Pública Descentralizada ‘Políticas Públicas en el marco de la Inclusión Social y Personas con Discapacidad’ de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, presidida por la congresista Francis Paredes, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Iquitos y donde la viceministra de Prestaciones del Midis, Jessica Niño de Guzmán expuso los logros y retos del sector en la mencionada región.
“Desde el programa Juntos buscamos tener niños y niñas sin anemia, y asegurar que los adolescentes de hogares Juntos culminen su educación secundaria y accedan a una educación superior o técnica, para romper la pobreza intergeneracional. Por ello, en el Midis seguimos trabajando para reducir la pobreza, así como la brechas sociales en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social”, enfatizó la viceministra Niño de Guzmán durante su intervención en la comisión realizada en Loreto.
Intervenciones del Midis en Loreto
En lo que va del 2024, el Midis ha atendido a más de 17 mil familias mediante el Servicio de Acompañamiento a Familiar del Programa Cuna Más; mientras que a través del Servicio de Cuidado Diurno se ha atendido a 1856 niñas y niños en 38 locales. El programa Juntos ha atendido a más de 49 mil hogares mediante la Transferencia Base y a 5291 hogares a través de Transferencia a la Primera Infancia; mientras que 3954 estudiantes han sido atendidos a través de la Transferencia a la Alta Secundaria.
A través de Haku Wiñay, Foncodes tiene 33 proyectos en ejecución, los cuales van a beneficiar a 6594 familias y ya se han culminado otros 153 proyectos que han beneficiado a más de 25 mil hogares en la región. Pensión 65 viene atendiendo a un total de 39 861 personas adultas mayores, de las cuales, 9185 son usuarios nuevos.
Qali Warma está atendiendo a un total de 239 841 niñas y niños a través del Servicio Alimentario con 9093.3 toneladas de alimentos en 4313 instituciones educativas en la modalidad de productos y raciones. El Programa PAIS viene atendiendo a más de 29 mil beneficiarios mediante 44 Tambos; mientras que las PIAS han atendido a 63 258 beneficiarios.
El Programa Contigo ha atendido a 4571 personas con discapacidad severa. El Programa de Complementación Alimentaria (PCA) ha atendido a 8851 usuarios en 241 comedores.

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos
Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.
El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.
Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.
Fuente: Minart
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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término
La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.
La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.
Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.
La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.
Fuente: Gestión
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