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Ministro de Justicia niega tener denuncias familiares en su contra

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Ministro de Justicia niega tener denuncias familiares en su contra


Asevera también que dentro de sus conversaciones con César Hinostroza y Walter Ríos no hay indicios de ilegalidad

Eduardo Arana, ministro de Justicia, rechazó todos los cuestionamientos que se le han hecho tras la designación en su cargo. Al respecto señaló no haber incurrido en delitos, ni irregularidades.

De esta manera, sobre la versión que menciona que no pasaba pensión alimenticia a sus hijos, sostuvo que no es cierta y que jamás dejó de mantener afecto y apoyo material para con ellos. Agregó que fue objeto de una demanda por parte de su exesposa. Pero después llegó a un acuerdo antes de la sentencia.

No obstante, ese fallo judicial fue emitido. “Mi intención fue en un inicio hacer un arreglo y lo hicimos, pero no me percaté de que el proceso continuaba”, añadió. Asimismo, comentó que en ese aspecto fue un poco negligente al no estar pendiente del trámite judicial.

En relación a la versión que lo sindica como agresor de su exesposa, aclaró que no sabía de dicha denuncia. “Jamás durante mi vida conyugal hemos tenido actos de violencia”, precisó.

“Mis hijos me han señalado que su madre se ha quedado sorprendida con esta denuncia. Ella está sorprendida de que esta exista”, indicó, resaltando que este recurso se quedó en el ámbito policial.

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Audios con Ríos e Hinostroza

Sobre los audios donde se le escucha dialogar con el encarcelado ex juez superior del Callao, Walter Ríos y con el prófugo ex vocal supremo, César Hinostroza, el ministro enfatizó que en ellos no figura ninguna acción de corrupción, ilegalidad o irregularidad.

Puntualizó que su charla con Hinostroza fue a causa de su cercanía con él y estuvo referido a la invitación que el exjuez le hizo a otro magistrado para almorzar y gestionar apoyo a su eventual elección a la presidencia de la Corte Suprema. Con respecto a su conversación con Ríos, señaló que este fue en calidad de abogado de un jubilado de la Empresa Nacional de Puertos, a causa de que la demanda de su pensión de jubilación no prosperaba.

Aseveró también, en ese contexto, que el Ministerio Público hizo empleo de sus atribuciones al comenzar la investigación por estas grabaciones. No obstante, consideró que tendrá que desestimarse eventualmente, pues no cometió irregularidades.

Asimismo, recordó que desde esa institución se conoció meses atrás que concluyó con la clasificación de los miles de audios interceptados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Agrupó a los que tenían contenido aparentemente delictivo para realizar las denuncias correspondientes. Sin embargo, esto no se dio en aquellos donde él aparece, mencionó.

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.

El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.

Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.

Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.

Fuente: Minart

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.

Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.

La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.

Fuente: Gestión

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