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Optimizan reglamento de inocuidad para pesca y acuicultura fortaleciendo la seguridad jurídica
Las modificaciones entrarán en vigor el 9 de septiembre y permitirán agilizar trámites, reducir costos y reforzar la protección de la salud pública
El Ministerio de la Producción (Produce) ha actualizado el Reglamento Sectorial de Inocuidad para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, mediante la publicación del Decreto Supremo N° 005-2025-PRODUCE. Esta medida busca brindar mayor seguridad jurídica a los operadores y comercializadores, así como optimizar la competitividad del sector mediante la reducción de obligaciones y costos, de acuerdo con una evaluación de riesgos. Además, se busca agilizar los procesos para los administrados sin comprometer la protección de la salud pública.
Entre las principales mejoras, destaca la precisión en las obligaciones que deben acatar los administrados, lo que evita interpretaciones subjetivas y facilita el cumplimiento normativo según el tipo de actividad que desarrollan.
Otra modificación relevante es la simplificación en el etiquetado de productos hidrobiológicos. A partir de ahora, será obligatorio consignar únicamente el nombre común de la especie, eliminando la exigencia del nombre científico, sin afectar la trazabilidad del producto.
El reglamento también introduce mejoras en la gestión del hielo utilizado en infraestructuras pesqueras y acuícolas. Se establece la posibilidad de fiscalizar las áreas de producción de hielo dentro de plantas de procesamiento o infraestructuras de desembarque. Además, se exige que el hielo provenga de establecimientos autorizados por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) y que se garantice su inocuidad y trazabilidad.
Asimismo, se ha optimizado la gestión de las actividades de calibración de equipos e instrumentos en las instalaciones pesqueras y acuícolas, asegurando condiciones adecuadas para su funcionamiento y control.
El nuevo reglamento también especifica los controles de higiene necesarios en las distintas infraestructuras, considerando su naturaleza y riesgos asociados. Estos controles incluyen aspectos como la salud del personal, uso de agua potable, limpieza de superficies, control de plagas y mecanismos de prevención.
Además, se refuerza la gestión sanitaria en los mercados mayoristas y minoristas, mediante disposiciones claras sobre controles de higiene, requisitos del personal manipulador de productos hidrobiológicos, documentación obligatoria que garantice la trazabilidad, y buenas prácticas para la exhibición, despacho y comercialización de los productos.
El dato
Durante el 2024, Sanipes capacitó en normativa sanitaria, calidad e inocuidad a 6640 agentes de la pesca artesanal, lo que representa un incremento de 2162 personas respecto al año 2023.
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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos
Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.
El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.
Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.
Fuente: Minart
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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término
La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.
La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.
Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.
La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.
Fuente: Gestión
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