Lima Norte
Orden de silencio – Señal Alternativa
Las libertades de prensa y de expresión se deterioran por segundo año consecutivo en el Perú.
Hay una ecuación de desarrollo social que rara vez se incumple. Cuando los tiempos son duros, la economía está resentida y el espacio político del gobierno es apretado, una de las primeras víctimas es la libertad de expresión y –su manifestación natural– la libertad de prensa. Presidentes, ministros y congresistas con baja aprobación popular, carentes de ideas y con pecados que preferirían expiar en privado encuentran en los medios de comunicación independientes no solo una presencia incómoda a sus intereses, sino un enemigo funcional al que responsabilizar por sus propias falencias.
Este 2023, la libertad de expresión y de prensa en el continente americano habría tocado su nivel más bajo de los últimos cuatro años, según el Índice de Chapultepec, una medición elaborada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. El documento apunta que en 18 de los 22 países evaluados las condiciones se han deteriorado durante el último año. Los mayores retrocesos se dieron en Bolivia, El Salvador, Guatemala y Honduras, todos países hoy en nivel de “alta restricción”.
El Perú no ha sido ajeno a esta tendencia. En el 2022, el país descendió cuatro posiciones, y este año cayó una más. De acuerdo con el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), “tras dos años de agresiones, hostigamientos, intentos de legislación restrictiva, control de los medios públicos y del Estado y persecución a periodistas y medios de comunicación, hoy el Perú se ubica en el grupo de países ‘en restricción’ del Índice de Chapultepec”. De las cuatro dimensiones evaluadas, es en “violencia e impunidad” la subcategoría en la que el país obtiene su puntaje más bajo.
Por su lado, la incomodidad de las más altas esferas del poder político con la labor de la prensa es patente. Apenas esta semana, la presidenta Dina Boluarte reaccionó en contra del programa periodístico que reveló las relaciones de su hermano Nicanor Boluarte con personas que obtuvieron contratos estatales y transferencias millonarias para determinadas municipalidades. A finales de octubre, el titular de la Presidencia del Consejo de ministros (PCM), Alberto Otárola, se quejaba de los pedidos de información de la prensa por Ley de Transparencia. Los reproches se dieron luego de que otro programa denunciara que una amiga de Otárola logró órdenes de servicio con el Estado luego de visitar su despacho. Y eso solo para mencionar episodios de las últimas semanas.
Además, el desmanejo del último año del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) sugiere que la mandataria no tiene clara la diferencia entre una cobertura periodística objetiva a cargo del Estado y la propaganda política pagada con impuestos. Sus vehementes expresiones en contra de los medios de comunicación durante la campaña presidencial del 2021 proveen mayor contexto de su lectura real sobre el valor de la libertad de expresión.
De normalizarse algunas de las prácticas que vienen siendo más comunes en contra del periodismo en el país (coerción para revelar fuentes, agresión de las fuerzas del orden, ocultamiento de información pública, entre otros), el riesgo de perder una de las principales defensas de la democracia sube sustancialmente. En momentos de noticias falsas y medias verdades difundidas por quienes ganan generando confusión, la labor del periodista honesto es especialmente valiosa. Pero las libertades de expresión y de prensa son delicadas y requieren de medios de comunicación independientes, de una ciudadanía que vele por ellas y de un poder político comprometido con estos valores. La trayectoria que seguimos anticipa más bien que, si no hay mayores cambios, podríamos verlas marchitarse en un futuro no demasiado lejano, como ha sucedido ya en otros países de la región y donde no quedan mayores voces para levantar la alarma.
Fuente: El Comercio – Editorial
Lima Norte
Municipio no ha ejecutado un sol de presupuesto 2025 asignado al vaso de leche. – Señal Alternativa
Informe de Contraloría advierte de riesgosa desatención a niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en periodo de lactancia, así como personas en estado de desnutrición o afectados por tuberculosis.
Al día 26 de agosto del 2025, la gestión municipal de Ancón, reporta 0 % de ejecución presupuestal en la adquisición de insumos para el programa de vaso de leche.
El presupuesto asignado según el portal de transparencia asciende a la suma de 860 mil 754 soles, el mismo que no ha sido ejecutado a la fecha.

En el año 2024, la gestión municipal tuvo un mejor desempeño ejecutó el 100% de su presupuesto asignado al vaso de leche. En tanto, en el 2023, la ejecución fue del 98.5%.
En Ate ejecución apenas llega al 18.1 %
El segundo distrito con más baja ejecución del presupuesto asignado al vaso de leche es la gestión del alcalde Franco Vidal Morales de Ate Vitarte. 7 millones 600 mil soles es el presupuesto asignado y solo reporta un 18.1 % de ejecución.
En los años previos 2023 y el 2024, la gestión municipal ejecutó el 97.9 % y 98.4 % del presupuesto del programa de vaso de leche, respectivamente.
Otras gestiones municipales alcaldes limeños con baja ejecución
Además de las comunas de Ancón y Ate, los distritos de Chorrillos, El Agustino, San Isidro, La Molina y Pueblo Libre, no llegan a la ejecución del 40 % del presupuesto asignado.

Fuera de juego:
La Contraloría en su informe de Orientación de Oficio Nº 006-2025-OCI/2149-SOO de fecha 16 de julio pasado, advirtió que la municipalidad no ha adoptado medidas oportunas y eficaces para garantizar la adquisición y provisión de suministros del Programa Vaso de Leche correspondiente al periodo 2025, situación que podría afectar el cumplimiento de la distribución diaria obligatoria de las raciones alimentarias a la población beneficiaria.
Lima Norte
Toman medidas ante tachas maliciosas contra inscripción de partidos y alianzas. – Señal Alternativa
Durante proceso electoral 2026.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informa que, frente a la denuncia de diversas organizaciones políticas sobre la presentación de presuntas tachas maliciosas en los procedimientos de inscripción de alianzas electorales, ha dispuesto acciones concretas orientadas a garantizar la legalidad, la transparencia y la buena fe en dichos procesos.
En reciente jurisprudencia, el Pleno del JNE ha precisado que, en aplicación del artículo 73 del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) está facultada —y obligada— a evaluar la improcedencia liminar de las tachas que evidencien prácticas dolosas, sin necesidad de convocar a audiencia.
Esta medida busca cerrar el paso a conductas ilícitas y preservar la equidad en el proceso de inscripción de organizaciones políticas.
De manera especial, se tendrá en cuenta aquellos casos en los que la tacha se sustente en la reserva fraudulenta de denominaciones en registros públicos (SUNARP o INDECOPI), lo que contraviene el principio de buena fe procedimental.
En tales circunstancias, la DNROP podrá declarar su improcedencia de manera inmediata y, cuando corresponda, remitir copias a la Procuraduría Pública del JNE y al Colegio de Abogados al que pertenezca el profesional que haya autorizado el escrito, para que se determinen las responsabilidades del caso.
Asimismo, el JNE recuerda que ya se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público y de la Procuraduría de la institución una denuncia contra un ciudadano que, de manera reiterada, habría actuado con fines ilícitos y extorsivos al interponer tachas en procesos de inscripción.
Se ha solicitado que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y que se apliquen sanciones con el máximo rigor de la ley a quienes pretendan distorsionar la participación democrática.
Finalmente, el organismo electoral hace un llamado a todas las organizaciones políticas a denunciar estos hechos sin demora, a fin de interponer las acciones legales pertinentes y evitar que actos maliciosos e ilícitos entorpezcan el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2026.
Fuente: Andina
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