El Congreso citó al ministro de Salud, Luis Dyer, para que explique el caso, que motivó la protesta de más de 500 agentes de seguridad en Lima Norte.

La Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte adeuda actualmente S/8 367 232.64 al Consorcio Optimus Security SAC-Guardia Civil Company SAC por cinco meses de servicios de seguridad ya prestados, según una denuncia que la propia empresa interpuso ante el Ministerio Público y alertó a la Contraloría General de la República. El consorcio calificó la situación como una “asfixia económica” en su contra tras mantener la entidad un silencio ante los reclamos de pago.

Mientras esa deuda se acumulaba, la DIRIS Lima Norte aprobó de manera directa un desembolso de S/1 275 015.77 a favor de otra empresa, Grupo Seguridad Estratégica S.A.C., mediante la Resolución N.° D000066-2026-DA-DIRIS.LN, bajo la figura de “enriquecimiento sin causa” por prestaciones realizadas en 2022 sin contrato vigente. La denuncia penal por el caso involucra a la directora general de la entidad, Libny Betsabeth More Huamán; a la directora administrativa, Gregoria Yojany Llacsahuanga Núñez; y al jefe de Abastecimiento, Giancarlos Gonzales Anapan, cuestionado por presunto direccionamiento y falta de experiencia.

La retención de fondos motivó protestas de más de 500 agentes de seguridad en Lima Norte, cuya continuidad en el servicio se mantiene en riesgo, con impacto en la atención a médicos y pacientes. El diputado Leo de Paz, de Renovación Popular, solicitó la comparecencia del ministro de Salud, Luis Dyer, quien deberá presentarse este martes 8 de setiembre ante la Comisión de Salud del Congreso para explicar el caso.

Fuente: Caretas

La propuesta forma parte del pedido de facultades legislativas presentado ante el Congreso y se sustenta en informes de la SBS y el BCRP sobre el efecto del límite actual en el acceso al crédito formal.

El Poder Ejecutivo incluyó en su pedido de facultades legislativas, presentado ante la Cámara de Diputados del Congreso, una propuesta para derogar el tope a las tasas de interés que bancos y entidades financieras pueden cobrar a sus clientes. La medida modificaría el artículo 6 de la Ley 28587 y el artículo 9 de la Ley 26702, con el fin de eliminar las disposiciones de la Ley 31143, la norma vigente desde 2021 que protege de la usura a los consumidores de servicios financieros.

El sustento remitido junto con el pedido de facultades sostiene que el mecanismo actual ha generado efectos adversos sobre el acceso al crédito formal, en particular entre personas de menores ingresos y clientes con menor historial crediticio. “La SBS concluye que la regulación de tasas máximas habría limitado la incorporación al sistema financiero de determinados deudores de mayor riesgo que, de haber accedido a un primer crédito, podrían posteriormente haber obtenido condiciones de financiamiento más favorables”, señala el documento. En la misma línea, cita una conclusión del BCRP: “Las tasas máximas de interés no constituyen un mecanismo adecuado para mejorar las condiciones de acceso al crédito de la población ni para promover la inclusión financiera”.

De aprobarse, la medida permitiría a bancos y financieras fijar sus tasas de interés sin el límite que rige desde hace cinco años, cuando el Congreso aprobó la Ley 31143 como respuesta a las críticas por el cobro de tasas consideradas abusivas en créditos de consumo. La propuesta forma parte de un paquete más amplio de facultades legislativas que el Ejecutivo espera que el Congreso apruebe en las próximas semanas.

Fuente: Infobae