La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema consideró este miércoles como “bien concedido” el recurso de apelación interpuesto por la defensa del expresidente Pedro Castillo contra la resolución que desestimó la cuestión previa que promovió, con el fin de respetar la garantía del antejuicio político a un mandatario.
Tras esta medida, la Sala Permanente precisó que próximamente señalará una fecha para la realización de la audiencia pública donde las partes procesales presentarán sus informes orales.
Pedro Castillo es investigado por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y otros en agravio del Estado y la sociedad por su intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.
El 27 de enero pasado, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria había declarado infundada, en primera instancia, la cuestión previa en la investigación que se sigue a Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración de rebelión y otros en agravio del Estado y la sociedad peruana.
El recurso planteado por Castillo busca anular la investigación abierta tras el autogolpe de Estado que intentó dar el pasado 7 de diciembre, lo que llevó a que fuera destituido ese mismo día por el Congreso.
Castillo permanece detenido desde el 7 diciembre y días después recibió una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por el autogolpe de Estado.
36 meses de prisión de prisión preventiva
El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, así como comparecencia con restricciones contra el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado.
El juez Juan Carlos Checkley Soria concedió el pedido de la Fiscalía para que Castillo Terrones continúe en prisión el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción cometidos en Petroperú y los ministerios de Transportes, así como el de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Según consideró el magistrado, la medida está justificada debido a la complejidad de la investigación en contra del exmandatario. Asimismo, indicó que este no cuenta con arraigo domiciliario por lo que existe peligro de fuga.
Se trata de la segunda prisión preventiva ordenada contra Castillo Terrones, quien ya contaba con una anterior por un plazo de 18 meses, ratificada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. No obstante, el juez Checkley consideró que cada medida cautelar impuesta contra el exmandatario es independiente.
Pedro Castillo ha negado «rotunda y categóricamente» que sea autor y forme parte de una organización criminal y aseguró que «se ha armado un castillo de delitos supuestos» en su contra con la participación de «colabores comprados».
