El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional reprogramó para el miércoles 22 de marzo, a las 10:00 a. m., la audiencia de prisión preventiva contra Lilia Paredes Navarro y otros, investigados por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado.
En principio, se había fijado la diligencia para el próximo 15 de junio ya que el Ministerio Público no había logrado notificarla. Sin embargo, se cambió la fecha luego de que se conociera por medio de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional que Lilia Paredes Navarro ya había sido informada de estas programaciones.
Lilia Paredes se encuentra en México desde el 21 de diciembre del 2022 bajo la condición de “asilada política”, luego que su esposo Pedro Castillo encabezara un golpe de Estado. Esta audiencia de prisión preventiva se realizará de manera virtual a fin de que la exprimera dama pueda participar.
La esposa del exmandatario enfrenta un pedido de 36 meses de prisión preventiva en la que también están incluidos sus familiares Walter y David Paredes Navarro. A ellos se les abrió investigación preparatoria por el caso ‘Anguia’.
Según el Ministerio Público, la exprimera dama sería integrante de una presunta organización criminal que habría concertado para realizar, asesorar, ejecutar y obtener, diversas licitaciones públicas a favor de municipios y, a través de sus familiares directos y amigos íntimos, habrían ganado millones de soles en obras públicas.
Los demás miembros de esta supuesta red criminal la comprenden Pedro Castillo, Yenifer Paredes, David Paredes y Walther Paredes, el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, a José Nenil Medina (alcalde de Anguía, Cajamarca), Hugo Espino y Anggi Espino.
Declaran «reservado» expediente sobre asilo
El Gobierno mexicano declaró como «reservado» por un período de cinco años el expediente referido al asilo político concedido a la ex primera dama Lilia Paredes. De acuerdo con el dominical Punto Final, luego de realizar una solicitud para obtener el referido documento, se le comunicó que durante cinco años no podrán conocer cualquier información y detalle relacionado al trámite de este beneficio.
“Sobre el particular, esta Subsecretaria estima que proporcionar la información requerida por el solicitante podría menoscabar las relaciones internacionales de México y la República de Perú, además de contravenir las garantías de protección que otorga el derecho internacional a la información relacionada con los solicitantes del reconocimiento de la condición de asilo”, se puede leer en el documento mostrado por el dominical.
