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Por Antero Flores-Araoz / La intención colisiona con la realidad
Muchas veces las autoridades que emiten normas legales, desde el Congreso de la República, pasando por el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales y los Municipales, actúan con la mejor de las intenciones y bajo criterios de buscar el bien común y la elevación de la calidad de vida de la población. Sin embargo, no basta la buena intención, debe investigarse y estudiarse, si lo que se propone es factible o viable, si se puede ejecutar, si hay recursos para ello o si lo habrá en el futuro.
Dice un antiquísimo refrán que el infierno está empedrado de buenas intenciones y, cuando las intenciones colisionan con la triste realidad, los administrados que son los que componen la población, se sentirán no solamente frustrados sino también engañados y eso es lo peor que les puede suceder a los gobernantes y legisladores, pues no solo pierden el favor popular sino también la legitimidad para actuar.
Ejemplos de legislar o normar con buenas intenciones, pero colisionando con la realidad existen montones, aunque en esta breve columna nos referiremos solo a dos.
En el año 2011 el Congreso aprobó la Ley 29719, mediante la cual y bajo la sana intención de luchar contra la violencia, acoso y bullying en los establecimientos educativos, dispuso que en las escuelas y colegios, tanto públicos como privados, existieran psicólogos. Unos genios bien intencionados y con gran emoción social, pero poco realistas pues según cifras del Colegio de Psicólogos contamos con algo más de 52000 profesionales de tal especialidad, pero solo las escuelas públicas, sin contar a las privadas como tampoco a academias e institutos superiores, son más de 65,000. Como tenemos escuela pública hasta el último confín de la patria, tampoco se estudió la posibilidad de que los psicólogos con ejercicio profesional citadino pudiesen ir las localidades alejadas de las grandes urbes o a las zonas rurales.
En junio del presente año 2023, el Congreso sancionó la Ley 31782 que promulgó raudamente la Presidenta de la República, mediante la cual se modifica la normativa sobre el “Programa del Vaso de Leche”, disponiéndose que en cada municipalidad, sea provincial o distrital, exista un Comité de Administración de tal Programa, en el cual uno de sus integrantes será un nutricionista representante del Ministerio de Salud.
Nuevamente la mejor de las intenciones colisiona con la triste realidad, pues tenemos más de dos mil municipios, para ser precisos 196 provinciales y 1845 distritales, pero solamente tenemos a nivel nacional alrededor de 9000 profesionales de la nutrición, que siendo principalmente citadinos y exitosos, no están dispuestos a radicarse en provincias y distritos alejados para prestar sus servicios en la organización del vaso de leche. En adición los nutricionistas del MINSA o están en funciones administrativas o sirven en los diferentes hospitales estatales del país.
Como vemos no bastan las buenas intenciones, para legislar se requiere investigar la realidad, proyectarse hacia el futuro y saber los costos presupuestales que tendrán las imaginativas proposiciones normativas.
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EL PERÚ TIENE MÁS DE US$52 000 MILLONES EN PROYECTOS LISTOS, PERO LA BUROCRACIA LOS FRENA
AFIN calcula que esa cartera podría generar cerca de dos millones de empleos, pero advierte que más de 2200 unidades ejecutoras dispersas retrasan permisos y paralizan obras que ya cuentan con luz verde del MTC.
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) identificó una cartera de más de US$52 000 millones en proyectos listos para ejecutarse, entre iniciativas del Plan Nacional de Infraestructura, concesiones con inversión pendiente y el portafolio de ProInversión. Su presidente, Juan Pacheco Romaní, aseguró a RPP que el problema no es la falta de interés del sector privado, sino las trabas administrativas: «Existe una total disposición del sector privado por seguir invirtiendo. Lo que necesitamos son condiciones y promoción, no trabas».
Según Pacheco, el país tiene más de 2200 unidades ejecutoras, lo que obliga a tramitar permisos ante múltiples entidades para un mismo proyecto lineal, como una carretera o un gasoducto. Incluso obras ya autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) pueden quedar paralizadas si otra entidad exige estudios adicionales. A esto se suma un problema de fondo, que el 45% de las obras públicas ejecutadas entre 2013 y 2022 quedó abandonado, según cifras del Banco Mundial citadas por el gremio.
En otra entrevista, Pacheco resumió el mismo problema, en otros términos. «La atomización de la gobernanza hace que todos y, a la vez, nadie sea responsable de las funciones y competencias», indicó a Gestión. El gremio plantea que las asociaciones público-privadas pueden ayudar a cerrar brechas como la de infraestructura educativa (S/171 000 millones) y agua y saneamiento (S/138 000 millones). Asimismo, pidió al próximo Gobierno mayor predictibilidad en las inversiones.
Fuente: RPP
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IPE: SIN EL IMPACTO DE EL NIÑO, LA ECONOMÍA PERUANA CRECERÍA HASTA 4% ESTE AÑO
El instituto proyecta un crecimiento de 3.3% para el 2026 y 3.4% para el 2027, impulsado por la inversión privada, aunque advierte que un episodio climático fuerte recortaría hasta 0.8 puntos el avance del próximo año.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) prevé que el PBI crezca 3.3% este año y 3.4% en 2027, en un contexto favorable marcado por la inversión privada, el empleo y el consumo. Sin embargo, advirtió que ese escenario positivo depende de un factor externo: el Fenómeno El Niño (FEN).
Según Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, la probabilidad de un episodio fuerte del FEN se triplicó entre mayo y junio. El especialista fue categórico: «Es muy probable que este Niño llegue con una intensidad bastante considerable». Precisó que, sin ese riesgo, el crecimiento podría llegar a 4% este año y 4.2% en 2027. La pesca ya acumula una caída de 31% entre enero y mayo, y la segunda temporada de anchoveta será clave para evitar un desempeño aún más débil.
Pese a ese riesgo, el IPE destaca que la inversión privada suma tres años consecutivos creciendo a tasas de dos dígitos, algo que no ocurría hace más de una década, y que en el último trimestre se generaron más de 400 000 empleos, el mayor incremento desde el 2010. Nicolás Eterovic, economista de Morgan Stanley para Latinoamérica, coincide en que el país llega en mejor posición que sus vecinos andinos: «La economía peruana es la que está mejor posicionada para capitalizar el cambio político», aunque advirtió que el impacto inflacionario del FEN sería el más alto de la región andina.
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