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Por Antero Flores-Araoz / La intención colisiona con la realidad
Muchas veces las autoridades que emiten normas legales, desde el Congreso de la República, pasando por el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales y los Municipales, actúan con la mejor de las intenciones y bajo criterios de buscar el bien común y la elevación de la calidad de vida de la población. Sin embargo, no basta la buena intención, debe investigarse y estudiarse, si lo que se propone es factible o viable, si se puede ejecutar, si hay recursos para ello o si lo habrá en el futuro.
Dice un antiquísimo refrán que el infierno está empedrado de buenas intenciones y, cuando las intenciones colisionan con la triste realidad, los administrados que son los que componen la población, se sentirán no solamente frustrados sino también engañados y eso es lo peor que les puede suceder a los gobernantes y legisladores, pues no solo pierden el favor popular sino también la legitimidad para actuar.
Ejemplos de legislar o normar con buenas intenciones, pero colisionando con la realidad existen montones, aunque en esta breve columna nos referiremos solo a dos.
En el año 2011 el Congreso aprobó la Ley 29719, mediante la cual y bajo la sana intención de luchar contra la violencia, acoso y bullying en los establecimientos educativos, dispuso que en las escuelas y colegios, tanto públicos como privados, existieran psicólogos. Unos genios bien intencionados y con gran emoción social, pero poco realistas pues según cifras del Colegio de Psicólogos contamos con algo más de 52000 profesionales de tal especialidad, pero solo las escuelas públicas, sin contar a las privadas como tampoco a academias e institutos superiores, son más de 65,000. Como tenemos escuela pública hasta el último confín de la patria, tampoco se estudió la posibilidad de que los psicólogos con ejercicio profesional citadino pudiesen ir las localidades alejadas de las grandes urbes o a las zonas rurales.
En junio del presente año 2023, el Congreso sancionó la Ley 31782 que promulgó raudamente la Presidenta de la República, mediante la cual se modifica la normativa sobre el “Programa del Vaso de Leche”, disponiéndose que en cada municipalidad, sea provincial o distrital, exista un Comité de Administración de tal Programa, en el cual uno de sus integrantes será un nutricionista representante del Ministerio de Salud.
Nuevamente la mejor de las intenciones colisiona con la triste realidad, pues tenemos más de dos mil municipios, para ser precisos 196 provinciales y 1845 distritales, pero solamente tenemos a nivel nacional alrededor de 9000 profesionales de la nutrición, que siendo principalmente citadinos y exitosos, no están dispuestos a radicarse en provincias y distritos alejados para prestar sus servicios en la organización del vaso de leche. En adición los nutricionistas del MINSA o están en funciones administrativas o sirven en los diferentes hospitales estatales del país.
Como vemos no bastan las buenas intenciones, para legislar se requiere investigar la realidad, proyectarse hacia el futuro y saber los costos presupuestales que tendrán las imaginativas proposiciones normativas.
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Hace más de una semana se dispuso la reincorporación de Juan Varillas, pero la presidenta de la Corte Superior, Miluska Cano, aún no la ejecuta.
Una orden judicial que debía cumplirse de inmediato lleva más de una semana sin ejecutarse. El mandato deja sin efecto la medida que suspendió al juez Juan Varillas Solano y dispone su regreso al Séptimo Juzgado Comercial de Lima. Sin embargo, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, Miluska Cano López, no lo ha repuesto. Mientras tanto, el juez suplente sigue a cargo del expediente más sensible del juzgado: la venta de acciones del Grupo El Comercio.
El resultado favorece a una de las partes. El Poder Judicial dejó sin efecto la cautelar que impedía avanzar con la compraventa de acciones, tras considerar que no cumplía los requisitos y que era excesiva. La compra se cerró pocos días después. Esa decisión la tomó el juez que ocupa el despacho de Varillas, a pesar de que, según se supo, la reincorporación del titular ya estaba ordenada.
Lo que decidió la Autoridad de Control
Según fuentes judiciales citadas por La República, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), que preside Roberto Palacios Bran, habría resuelto reincorporar a Varillas a menos de dos meses de suspenderlo, y la decisión ya habría sido notificada a la presidenta de la Corte de Lima. Se esperaba que el magistrado volviera en cuestión de horas o, a más tardar, entre el lunes y el martes siguientes, pero no ocurrió.
La ANC lo había suspendido por seis meses por presuntas irregularidades al emitir la cautelar que detuvo la venta. En su momento señaló que el documento habría sido redactado fuera de los equipos del Poder Judicial y trasladado en un USB personal.
La versión de la defensa
El abogado Claudio Cajina, abogado de los accionistas minoritarios, informó que la ANC-PJ revocó la suspensión preventiva del juez al comprobar que no existían elementos suficientes para mantenerla, desmintiendo un favorecimiento irregular en la venta de acciones de El Comercio.
Para la defensa, la resolución demuestra que la medida carecía de sustento, por lo que resulta cuestionable que el magistrado siga apartado de sus funciones. Cajina exigió a la administración judicial ejecutar la decisión y reincorporarlo de inmediato, destacando que la independencia judicial exige no apartar a los magistrados sin una causa legal debidamente acreditada.
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SUTEP CALIFICA DE «TOTAL» EL ACATAMIENTO DEL PARO NACIONAL Y ADVIERTE CON IR A HUELGA INDEFINIDA
En una jornada marcada por movilizaciones masivas a nivel nacional, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, calificó de «total» el acatamiento del paro preventivo de 24 horas realizado este jueves 29 de octubre.
El dirigente magisterial aseguró que las medidas de amedrentamiento e intimidación impulsadas por el Gobierno nacional —orientadas al descuento de salarios— fracasaron categóricamente frente a la unidad docente.
«El ministro ha fracasado en su intento de amedrentar e intimidar al magisterio. Más de 15,000 docentes hoy están desfilando en las calles de Lima y en igual número en las calles del país. El magisterio ha expresado que tiene dignidad», sostuvo Castro durante la manifestación.
Respaldo masivo en Lima e indignación de la dirigencia
El alto nivel de acatamiento fue ratificado en la capital por Gilmer Meza, secretario general del SUTEP Lima Metropolitana, quien destacó que fueron mínimos los docentes que decidieron no acatar la medida frente a las demandas desatendidas. Ante la próxima discusión del presupuesto nacional en el Parlamento durante el mes de noviembre, Meza hizo un llamado directo a las autoridades:
«El Gobierno tiene que entender y los congresistas tienen que entender que la escuela pública tiene necesidades», enfatizó.
En esa misma línea, Maruja Leyzaquía, Secretaria de Equidad y Género del SUTEP, manifestó el profundo malestar de los maestros ante el abandono histórico de los sucesivos gobiernos, sumado a la postura de la actual gestión:
«Mientras más saquen políticas de amedrentamiento como esta, de sancionar al magisterio, la indignación se va a visibilizar aún más en las calles», aseveró Leyzaquía.
A las movilizaciones se sumaron diversos docentes cesantes y jubilados con más de 30 años de servicio, quienes alzaron su voz para exigir la publicación inmediata del reglamento de la Ley 32581, norma que busca garantizar pensiones equivalentes a la primera escala magisterial.
«Hemos dado toda nuestra vida, nuestra juventud, y ahora somos olvidados. […] Que el Gobierno escuche el grito del SUTEP», expresaron los manifestantes, enfatizando que tras una vida entera de servicio merecen una vejez con dignidad y justicia social.
Acercamiento con el Congreso y advertencia de huelga indefinida
Durante la jornada de protesta, la dirigencia del SUTEP sostuvo encuentros con representantes del Poder Legislativo. Tras recibir al gremio, el senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, manifestó que asumirán un rol articulador entre las partes:
«Los senadores somos el puente entre la demanda del pueblo a través de los docentes para que el Ejecutivo escuche y dialogue. Eso es lo más importante”, indicó López-Chau en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).
Pese al diálogo iniciado con el Congreso, Lucio Castro fue enfático al señalar que esta medida de fuerza tiene un carácter preventivo, pero advirtió que de no hallarse soluciones concretas, el gremio radicalizará sus acciones.
«Si no hay solución, hay huelga nacional. Está avisado el Gobierno, está avisado el Estado», sentenció el dirigente gremial.
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