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Por Antero Flores-Araoz / TERRUQUEO
Estamos viviendo una situación antes no conocida por la gente joven, pero que para los mayores nos hace recordar la violencia que se generó en los años ochenta, la que fue poco a poco escalando hasta llegar a colocarse coches bomba que dejaron muchos muertos y heridos, atentados contra las torres conductoras de electricidad, quedando las ciudades sin luz ni agua, en que se agredía a los policías y a cualquier mortal e incluso se incendiaban edificios públicos como privados y, se interrumpía el tráfico en las vías de comunicación, entre otras atrocidades.
Hoy, todos, desde los muy mayores hasta los menores somos testigos de los actos de violencia que se practican casi cotidianamente, en que se cierran carreteras, se impide el transporte de personas y mercancías como también alimentos, en que se asaltan aeropuertos y se impide su funcionamiento, en que se llama a “tomar Lima”, con las implicancias que ello conlleva, en que bajo el supuesto amparo de la “protesta social” se incendian comisarías, instalaciones fiscales y judiciales así como también edificaciones privadas, sin olvidar agresiones a los policías con armas regulares o también hechizas, con bombardas, “avellanas”, piedras y hasta pirotécnicos, con lamentable saldo de vidas y heridos.
Cuando a los delincuentes antisociales que cometen las acciones mencionadas los calificamos de terroristas o en el argot penal “terrucos”, se levantan voces de enojo para que no se utilicen esos vocablos que son lesivos para los que los reciben. Hemos escuchado tal molestia hasta en funcionarios internacionales, que bajo el manto de defensores de los Derechos Humanos, parece que solo defienden a determinados grupos pero no a la población en general y las fuerzas del orden que también deben gozar de dichos derechos.
Con arreglo a nuestra normativa penal, es terrorista “el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio… cause estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública…”
Los actos tipificados en la legislación penal como terrorismo, son ejecutados por terroristas y por ello es absolutamente legítimo que los ciudadanos llamen “terroristas” a quienes perpetran las acciones que generan graves temores en la población, más cuando las amenazas se convierten en realidades.
La situación alcanza altos decibeles cuando se trata de justificar las acciones terroristas como si fuesen justos reclamos por la postergación económica y social de algunos grupos sociales, lo que solo se solucionará cuando el Estado cumpla con sus deberes en educación, salud e infraestructura y, con más inversión privada que es la que otorga oportunidades laborales con las que se mejoran los niveles de vida de nuestros compatriotas.
Entiéndase de una vez por todas, quienes delinquen son delincuentes, quienes cometen crimines son criminales, quienes roban son rateros, quienes generan terror pues son terroristas y, esperemos que esta vez no eleven a la categoría de “mártires” a quienes en la realidad contribuyeron a su propio deceso. Felizmente ya no está al mando de la Nación el desubicado que lo dispuso.
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ONPE traslada a la Cancillería material de sufragio para peruanos residentes en el exterior
El material electoral para el voto de 1 194 172 electores peruanos residentes en el extranjero fue trasladado esta mañana, a partir de las 4:00 horas, desde el almacén de la Gerencia de Gestión Electoral, en Lurín, hacia la Cancillería, en el Cercado de Lima, a fin de que posteriormente sea trasladado a los diversos países del mundo, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
A bordo de 2 camiones, el material de sufragio, incluyendo el de reserva fue desplegado con el resguardo de la Policía Nacional del Perú, y en cada unidad móvil viajó un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral, responsable que la carga electoral llegar a su destino.
La documentación electoral comprende cabinas de votación, ánforas, cédulas de sufragio, actas electorales y muchos otros documentos que usarán las oficinas consulares peruanas al organizar la Segunda Elección Presidencial en el exterior. Entre el material electoral también se envía 515 cartillas Braille para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual.
La ONPE utilizó 2 líneas de producción para realizar el ensamblaje de todo el material electoral, actividad que contó con la presencia de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes realizaron la respectiva verificación.
Para el voto de los connacionales en el exterior, el organismo electoral contempla 2 506 mesas de sufragio, distribuidas en 217 locales de votación, ubicados en 205 ciudades.
Por consideraciones técnicas, logísticas y operativas, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que no podrán votar aquellos compatriotas que vivan en Venezuela en América ni en Ghana, África. Igualmente, no se cuenta con las condiciones de seguridad y operatividad indispensables para organizar los comicios en la República Islámica de Irán.
Asimismo, en cuanto a la ciudad de Beirut (Líbano), se señala que la Embajada del Perú en El Cairo ha informado que, a la fecha, continúan las operaciones ofensivas entre Israel y Hezbollah, motivo por el cual no será posible organizar la Segunda Elección Presidencial prevista para el 7 de junio de 2026 en dicho país.
En cambio, con fecha 29 de abril de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dado cuenta que se registra una relativa calma en Medio Oriente, razón por la cual se considera viable la realización de la Segunda Elección Presidencial en las ciudades de Riad (Arabia Saudita), Doha (Catar), Dubái y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Amán (Jordania), Tel Aviv (Israel) y Kuwait (Estado de Kuwait).
Fotos: Ensamblaje del material electoral para peruanos en el exterior.
Fotos: Traslado del material electoral a cancillería.
Lima, 21 de mayo de 2026
Analistas advierten que la injerencia política en el manejo de las reservas internacionales pondría en riesgo la estabilidad del país en menos de un mes.
En medio de propuestas electorales que plantean intervenir en el manejo de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y limitar la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), especialistas advierten que el próximo gobierno deberá priorizar el orden fiscal y la estabilidad macroeconómica.
La preocupación es compartida por el jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), Martín Valencia, quien alertó que “el 100 % de los planes evaluados carecen de una ruta clara que garantice un manejo sostenible de las finanzas públicas”. Por ello, los candidatos a segunda vuelta deberán formar equipos técnicos capacitados para concretar iniciativas de desarrollo y crecimiento económico.
Sobre los riesgos de intervenir la autonomía del BCRP, el jurista y analista político Miguel Pino Ponce sostiene que “si uno quita la autonomía del Banco Central de Reserva, ocurre que el Gobierno de turno puede echar mano de los ahorros del Perú. Si se meten los políticos, en menos de un mes van a desaparecer las reservas”. El especialista advierte que utilizar fondos destinados a controlar la estabilidad monetaria podría afectar el acceso al crédito y provocar un rápido incremento del precio del dólar.
Pese a la incertidumbre, el IPE proyecta un crecimiento del PBI superior al 3 %, aunque recalca que el potencial podría ser cercano al 4 % si se aprovechara mejor el precio de los minerales. Para lograrlo, resulta fundamental reducir el ruido político que ahuyenta la inversión extranjera. La predictibilidad institucional, además, será clave para evitar un retroceso en la calificación de riesgo hacia julio de 2026.
Finalmente, el director del IPE, Diego Macera, resaltó que el próximo gobierno debe elevar el estándar de ingreso al sector público siguiendo modelos exitosos de carrera pública como el del BCRP. Asimismo, especialistas de la Universidad del Pacífico, a través de su iniciativa Agenda 2026, subrayan que el incremento del gasto debe traducirse en resultados concretos en salud y educación.
Fuentes: El Comercio, CIUP, Gestión, Microfinanzas y Andes Digital
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