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Por: Arturo Bobbio C. / Oficinas de cumplimiento en gobiernos locales
Si bien Brasil en junio de 1996, bajo el mandato del ex Presidente Fernando Enrique Cardoso, fue el pionero en implementar una especie de oficina de cumplimiento llamada “Brasil en Acción”, este departamento solo se circunscribió a monitorear una lista de 40 proyectos de infraestructura y programas sociales priorizados por el gobierno, con ese antecedente, durante el segundo mandato del primer ministro británico Tony Blair, abogado y líder del partido laborista, se toma la decisión de crear una oficina que haga seguimiento y ayude a destrabar el camino que deben transitar las políticas públicas trazadas por su gobierno para llegar a los objetivos planteados bajo su liderazgo, esta nueva unidad fue llamada “Prime Minister Delivery Unit” o PMDU como se le conoce por sus siglas en todo Inglaterra, tenía como objetivo mostrar resultados y lograr la implementación de todas las políticas publicas prometidas por Blair a sus electores.
Hoy, casi todos los gobiernos exitosos del mundo tienen este tipo de unidades, en la región latinoamericana, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú cuentan con ellas, en nuestro país, acertadamente el ex primer ministro Fernando Zavala crea la oficina, que empezó a operar desde el 01 de enero del 2017, empoderándola y fortaleciéndola desde el primer minuto haciendo que dependa directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros que el dirigía, fue un buen inicio para mejorar la imagen de nuestra clase política tan venida a menos, con una población cada vez más proclive al conflicto, producto del desencanto con sus políticos y gestores públicos, esta iniciativa se hacía de vital importancia para demostrar que lo prometido en campaña se podía lograr y mostrar resultados, lamentablemente la historia nos volvió a jugar una mala pasada y el nuevo premier decidió no seguir fortaleciendo este sistema.
Con un gobierno nacional con tanto ruido político, inestabilidad e incertidumbre, queda hoy en manos de los gobiernos locales, tomar la iniciativa e implementar este tipo de oficinas, que dando resultados ayudarían a devolverle la buena imagen y acercarían a los ciudadanos a sus autoridades, los alcaldes están en la obligación de lograrlo, el distrito de Santiago de Surco es el primero del país en tomar esta decisión, ya implementó su unidad de cumplimiento, la cual no irrogará gasto alguno y trabajaran con indicadores de calidad en la gestión (Kpi), alcanzando de este modo hacerle seguimiento pormenorizado y quincenal a los avances de los objetivos planteados, solo así podremos aspirar a ser una gestión pública, eficiente y que da resultados.
Pongámonos todos a trabajar en ello.
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Más de S/19 600 millones se gastaron en obras inconclusas de municipios y regiones
Lima figura entre las regiones con mayor cantidad de proyectos abandonados, en un escenario marcado por la falta de continuidad entre gestiones y las deficiencias en la planificación de la inversión pública.
Los gobiernos regionales y las municipalidades del país acumulan 53 332 proyectos inconclusos, entre obras paralizadas y abandonadas, que registran un gasto de S/19 600 millones desde 2012 hasta septiembre de 2026. Según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), basado en información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estas inversiones representan el 65% de los proyectos activos en las carteras de los gobiernos subnacionales durante ese periodo.
Del total, alrededor de S/10 800 millones corresponden a 17 030 proyectos abandonados, categoría que incluye inversiones sin avances durante más de 18 meses. Lima, junto con Junín, Áncash, Puno y Cajamarca, concentra la mayor cantidad de iniciativas en esta condición.
Martín Valencia, gerente de estudios económicos del IPE, precisó que el monto ejecutado no significa necesariamente que todo se haya perdido, ya que algunas obras podrían reactivarse. No obstante, advirtió que los proyectos abandonados durante varios años tienen menores posibilidades de recuperación, especialmente si presentan expedientes técnicos deficientes o registran poco avance.
Entre las causas identificadas figuran la falta de continuidad entre autoridades, la deficiente formulación de proyectos y los problemas en las contrataciones. El desafío será especialmente relevante para las nuevas gestiones municipales y regionales, que deberán evaluar qué obras pueden retomarse y cuáles requieren cerrarse formalmente para ordenar sus carteras de inversión.
Fuente: Gestión
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Comas, Independencia y Carabayllo entre los distritos expuestos a huaicos
Especialista advierte sobre posibles precipitaciones inusuales este fin de semana y alerta que la expansión urbana hacia las laderas aumenta la vulnerabilidad de varios sectores de la capital.
Lima Metropolitana podría registrar lluvias anómalas este fin de semana, pese a que todavía es octubre. Patricio Valderrama, geólogo y expresidente ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), advirtió que existe una alta probabilidad de precipitaciones en algunos sectores de la capital y señaló que ocho distritos están expuestos a huaicos, activaciones de quebradas, deslizamientos e inundaciones.
Entre las zonas identificadas figuran Comas, Independencia y Carabayllo, en Lima Norte, además de Chosica, Chaclacayo, Ate, La Molina y San Juan de Lurigancho. El especialista explicó que la ocupación desordenada de las laderas incrementa los riesgos para la población y puede comprometer servicios esenciales, como el abastecimiento de agua potable, la electricidad y el saneamiento.
“Lima creció hacia las montañas, pero no creció de una manera ordenada”, explicó Valderrama a Canal N. También sostuvo que el país debe priorizar la capacidad de respuesta ante las emergencias, pues las lluvias podrían intensificarse desde noviembre y alcanzar mayores volúmenes hacia mediados de diciembre.
El geólogo señaló que las precipitaciones pueden concentrarse en pocas horas y provocar inundaciones y desbordes. Por ello, planteó que las autoridades preparen espacios seguros para albergar temporalmente a las familias que deban abandonar sus viviendas y refuercen las acciones de monitoreo y atención en las zonas vulnerables.
Fuente: La República
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