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“Por fin se hizo justicia con policías y militares”
Presidente de asociación de pensionistas policial militar grupo coraje, julio Monar: Destaca ley que devuelve aportes totales a fondos de vivienda de FF.AA. y PNP más sus intereses.
“Nuevo reglamento debe publicarse en 60 días”.
“Ejecutivo debe promulgar Ley sin hacer observaciones pues es un derecho impostergable”
El presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar Grupo Coraje “Anappomil – Coraje”, comandante PNP en retiro Julio Calixto Monar Arias destacó que el Congreso haya modificado la Ley 24686 y consignara la devolución en su totalidad de las aportaciones de los socios, pertenecientes a los fondos de vivienda de las FFAA y PNP.
“Por fin se hizo justicia y los Fondos de Vivienda de las FFAA y PNP devolverán los aportes al personal en retiro, más los intereses, que serán contemplados y actualizados en el nuevo Reglamento a publicarse en 60 días, por lo que valió la pena luchar por una causa justa en defensa de nuestros legítimos derechos”, señaló.
Monar Arias señaló que el coronel EP en retiro Sandor Tamayo Ampuero, representante y luchador social del EP, supo armonizar todos estos años los pedidos del personal militar, poniéndolos en contexto y actualizando los hechos en bien de la familia Policial y Militar.
Cabe señalar que con fecha 12 de febrero del 2023, la Anappomil Grupo Coraje dirigió una Carta Abierta a la Presidente y Jefa Suprema de FFAA y PNP, al Presidente del Congreso, José Williams, al Ministro del Interior, Vicente Romero, y al Congresista Alfredo Azurín Loayza, para que se impulse una iniciativa legislativa que modifique la Ley 24686 y consigne la devolución en su totalidad de las aportaciones de los socios, pertenecientes a los fondos de vivienda de la FFAA y PNP, personal que viene exigiendo desde hace años se respeten sus legítimos derechos.
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Del mismo modo, el 3 de abril del 2023, se remitió el Oficio 173-2023-CD-ANAPPOMIL GRUPO CORAJE, al Ministro de Defensa de conformidad a la RM N°0269-2023-MINDEF del 29 de marzo 2023, considerando las quejas de los uniformados en retiro:
1.- Que los Fondos de Vivienda Militar Policial efectúen la devolución de los aportes en forma integral, es decir para todos y no solo para los que nunca se beneficiaron con algún proyecto o préstamos de dinero.
2.- Que los aportes del personal que se hayan beneficiado con la adjudicación de alguna vivienda o préstamo, deberá formar parte del pago de los mismos.
3.- Que se asigne personal militar y policial en retiro en los Fondos de Vivienda como entes de fiscalización y administración.
4.- Que los aportes sean voluntarios y no obligatorios, en razón de que quienes lo conforman en mayoría personal de suboficiales perciben remuneraciones y pensiones que no cubren la canasta básica familiar.
Estas mismas observaciones se hicieron conocer al congresista Alfredo Azurín, con el Oficio 179-2023-CD-ANAPPOMIL GRUPO CORAJE del 10abril23, quien señaló que los pedidos fueron considerados en el proyecto de ley 052-2021-CR del 24 de agosto del 2021, de su autoría, encontrándose desde diciembre del 2022 en la comisión de Defensa con dictamen aprobado.
Otro punto importante a señalar radica en la transparencia y acceso a la información pública que estos organismos creados para beneficio del personal, deben brindar información de forma mensual, conforme a la Resolución 002520-2022 – JUS-TTAIP – Primera Sala, que ordena la entrega de esta información a fin de no generar dudas y desconfianzas sobre la administración de los aportes.
Si bien es cierto la Ley no llena todos los vacíos e inquietudes del personal militar y policial, ésta es un avance muy importante que permite iniciar el derecho a la devolución de los aportes y hacer justicia para que el funcionamiento de estos organismos encargados de la administración y ejecución de los programas de vivienda para el personal militar y policial otorgue bienestar a los aportantes, razón de ser de todas las entidades que trabajan en beneficio de la familia Miliar y Policial.
Columnista
Desde la próxima semana, todos los lunes se publicará en el diario LA RAZÓN la columna del presidente de la “Anappomil – Coraje”, comandante PNP en retiro Julio Monar.
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El titular de Energía y Minas planteó modificar la distribución del canon para que llegue de forma obligatoria a las comunidades cercanas a las operaciones mineras, aunque advirtió que también hace falta fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar esos recursos.
Durante su participación en el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno, hizo un balance crítico sobre el uso actual del canon minero. Señaló que buena parte de estos recursos termina concentrada en las capitales de provincia o distrito, mientras otra porción se destina a obras poco útiles o incluso se pierde en actos de corrupción, sin llegar a las poblaciones más cercanas a los yacimientos.
Frente a ese diagnóstico, el ministro planteó impulsar modificaciones estructurales en la forma en que se distribuyen estos fondos. «Tenemos que lograr que parte de ese canon vaya sí o sí a las comunidades aledañas, a los entornos mineros, para que ellos justamente vean cómo se llega a la infraestructura básica que tanto reclaman», afirmó. La propuesta busca que las poblaciones vecinas a las operaciones extractivas perciban de manera más directa los beneficios económicos de la minería, algo que hoy no ocurre pese a los montos que mueve esta industria.
Shinno advirtió, sin embargo, que cambiar la distribución del canon no resolverá el problema por sí solo si no se fortalece, en paralelo, la capacidad de gestión de las autoridades locales y provinciales encargadas de ejecutar esos recursos. El funcionario vinculó, además, esta reforma con un cambio en el manejo de los conflictos sociales, al plantear que el Estado debe involucrarse de forma permanente en la planificación del desarrollo de los territorios mineros y no solo intervenir cuando un conflicto ya estalló, bajo un esquema de gobernanza territorial preventiva entre Estado, empresas y comunidades.
Fuente: RPP
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Expertos piden estabilidad en Sedapal antes de una nueva reestructuración tras las inundaciones por lluvias
El anuncio de la presidenta Keiko Fujimori llega tras las inundaciones que dejaron a más de 380 vecinos de Villa El Salvador con aguas servidas dentro de sus casas, en un sistema de alcantarillado que hoy pone en alerta a 1.7 millones de personas en cuatro distritos de Lima Sur.
Las lluvias generadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) «Aníbal» colapsaron el sistema de alcantarillado en distritos de Lima Sur como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Chorrillos, que en conjunto agrupan a cerca de 1.7 millones de habitantes, casi el 20% de la población de Lima Metropolitana. Solo en Villa El Salvador, la municipalidad reportó que 10 buzones colapsaron en pocas horas, afectando a 386 vecinos con el ingreso de aguas servidas a sus viviendas, mientras el municipio denunció que Sedapal no envió los equipos hidrojet prometidos.
Ante la emergencia, la presidenta Keiko Fujimori anunció el inicio de una reestructuración de la empresa estatal de agua, que en su plan de Gobierno no contemplaba medidas concretas sobre el tema. Para Francisco Dumler, expresidente de Sedapal y extitular del Ministerio de Vivienda, el primer problema a resolver es la alta rotación en la presidencia de la empresa, ya que desde que él dejó el cargo en 2022, Sedapal ha tenido seis gestiones, con un promedio de menos de nueve meses cada una. El especialista fue enfático: «Lo peor que puede pasar es que se paren proyectos con cada cambio de gestión». Por ello, planteó que la estrategia debe apuntar a un planeamiento de 10 años.
Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la PUCP, coincidió en que una reorganización por sí sola no basta si antes no se determina qué falló y recordó que Sedapal solo administra agua potable y alcantarillado, mientras Lima enfrenta un problema más amplio de drenaje urbano que involucra a otras entidades del Estado. Para el especialista, «la gestión del riesgo es una responsabilidad del Estado, no solamente del funcionario que hoy ocupa el cargo».
Fuente: Gestión
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