La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República citó a los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, para que comparezcan este lunes 2 de febrero, a las 14:00 horas, en una sesión extraordinaria vinculada al denominado caso ‘Chifagate’.

De acuerdo con los oficios cursados por la comisión parlamentaria, ambos titulares de Estado deberán presentarse en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo, en el marco de las investigaciones que desarrolla el grupo de trabajo sobre presuntas irregularidades relacionadas con reuniones no oficiales entre el presidente de la República con empresarios y proveedores del Estado.

En el caso del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, la invitación responde a un acuerdo aprobado por unanimidad en sesión extraordinaria de la comisión, con el objetivo de que brinde información vinculada a los hechos bajo investigación y las acciones adoptadas por su sector en el contexto del caso.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, fue convocado para informar sobre la situación actual de la concesión definitiva del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca, otorgada a la empresa Hidroeléctrica América S.A.C., así como los aspectos administrativos y técnicos relacionados al proceso, en una citación que también se enmarca en las indagaciones del llamado ‘Chifagate’.

La Comisión de Fiscalización señaló que las citaciones se hicieron al amparo del artículo 97 de la Constitución Política del Perú y del Reglamento del Congreso, como parte de sus funciones de control político.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, consideró que la extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, demuestra el trabajo que viene realizando la Policía Nacional, tras su traslado desde Paraguay y reclusión en la Base Naval del Callao, donde cumple 36 meses de prisión preventiva.

Rospigliosi sostuvo que este caso refleja que «nadie puede escapar de la sanción que merece», y destacó el trabajo conjunto entre la policía peruana y paraguaya para concretar la captura y extradición del Moreno Hernández. En ese sentido, remarcó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

El titular de la Mesa Directiva también lamentó que algunos delincuentes deban ser recluidos en la Base Naval del Callao, y señaló que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) debería contar con cárceles suficientemente seguras. Añadió que la falta de infraestructura adecuada obliga a trasladar a determinados internos a recintos especiales.

Asimismo, expresó su expectativa de que se construyan «cárceles realmente de alta seguridad y donde los presos no puedan tener esas gollerías que tienen ahora».

Al ser consultado sobre la falta de chalecos antibalas y armamento moderno para la Policía Nacional, Rospigliosi afirmó que el problema responde a una deficiente gestión, más que a la ausencia de recursos económicos. Indicó que las dificultades en los procesos de licitación han impedido la adquisición oportuna de equipamiento adecuado.