El IPE advierte que la petrolera estatal acumula problemas financieros, operativos e institucionales que requieren una reorganización para reducir su impacto sobre las finanzas públicas.

El apoyo financiero otorgado por el Estado a Petroperú durante los últimos 14 años supera los S/32.100 millones, una cifra que refleja la necesidad de una reforma integral de la empresa, según afirmó el Instituto Peruano de Economía (IPE). “Sin el apoyo estatal, Petroperú habría acumulado 13 años consecutivos de resultados negativos”, afirmó Diego Macera, director del IPE. Además, recordó que la deuda de la empresa se multiplicó por 10 desde 2013 y supera los US$6.300 millones.

En esa línea, especialistas coincidieron en que la petrolera enfrenta problemas financieros, operativos y de gobernanza que deben ser abordados mediante una reorganización integral. El economista Anthony Laub sostuvo que los continuos rescates han tenido un elevado costo de oportunidad para el país. “Me sorprende la defensa cerrada que se hace de una empresa que claramente es un lastre para el Gobierno peruano y para el país en general”, expresó, al señalar que esos recursos pudieron destinarse a obras de infraestructura, salud o educación.

Por su parte, el exviceministro de Energía Arturo Vásquez indicó que cualquier proceso de reestructuración debe definir claramente el rol que tendrá la empresa en el mercado energético. Los expertos coincidieron en que la sostenibilidad de Petroperú dependerá también de una recuperación de la actividad de hidrocarburos y de medidas orientadas a fortalecer la gobernanza, reorganizar los activos de la compañía y generar condiciones que impulsen nuevas inversiones en el sector.

Fuente: IPE

ENFEN mantiene la alerta y el presupuesto de contingencia 2026 es menor al monto destinado en 2023 para prevención y respuesta.

El Perú enfrenta un nuevo riesgo por el Fenómeno El Niño (FEN) 2026 con alertas oficiales, regiones vulnerables ya identificadas y recursos públicos disponibles. Sin embargo, la prevención vuelve a quedar en duda porque la Reserva de Contingencia para 2026 apenas supera los S/2,400 millones, una cifra menor a los más de S/ 7,000 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinó en 2023 para prevención y respuesta. Esta diferencia coloca nuevamente el debate en la oportunidad del gasto público: actuar antes de la emergencia o responder cuando los daños ya ocurrieron.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) confirmó que el evento sigue bajo vigilancia en el país. En su Comunicado Oficial N.° 07-2026, publicado el 16 de abril de 2026, la entidad informó: “ENFEN mantiene el estado de ‘Alerta de El Niño Costero’”. Según el reporte, El Niño Costero podría continuar hasta enero de 2027 con magnitud débil y alcanzar un nivel moderado entre junio y julio. Este escenario exige medidas previas en infraestructura, salud, agricultura y transporte, especialmente en las zonas históricamente más afectadas.

El impacto económico previsto refuerza la urgencia de la preparación. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que una nueva fase de El Niño podría iniciar entre junio y julio de 2026 y extender sus efectos hasta los primeros meses de 2027. El informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que “las pérdidas diarias proyectadas por El Niño alcanzarían los US$86 millones en siete regiones analizadas, con la manufactura como el sector más golpeado, seguido por comercio, agricultura y transporte”. En detalle, la manufactura perdería US$33 millones diarios; el comercio, US$22 millones; la agricultura, US$19 millones; y el transporte, US$12 millones.

Piura, Lambayeque y La Libertad figuran entre las regiones más expuestas, las mismas que registraron fuertes daños durante El Niño Costero de 2017. En esos territorios, las lluvias pueden afectar carreteras, puentes, cultivos, viviendas y servicios básicos, además de generar aislamiento de comunidades y riesgos sanitarios. Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), recordó que “para cumplir con la ley, el Gobierno asigna, a través de la Reserva de Contingencia, al menos el 1 % del presupuesto total a emergencias imprevistas”. El desafío, nuevamente, está en que los recursos lleguen antes de que la emergencia golpee a la población.

Fuentes: Infobae, El Comercio, Gestión, Senanmhi